… bien a través del repago de servicios públicos bien mediante tasas y "céntimos sanitarios" de toda índole y condición, resulta de una hipocresía sublime el lenguaje maniqueo que emplean los políticos para seguir engañando a sus subordinados –el resto de la sociedad–. De aquella famosa frase socialista "el dinero público no es de nadie" hemos pasado ahora a la popular "la sanidad gratuita está garantizada" sin que sus respectivos autores se ruboricen lo más mínimo y, por tanto, pidan mil perdones ante lo aberrante de tal afirmación.
Y es que, ambas declaraciones constituyen una simple y pura mentira, un engaño masivo propio del desvirtuado lenguaje que acostumbra a emplear la clase política española. El dinero público tiene dueño, el contribuyente, cosa distinta es que su titularidad y legítimo uso haya sido expropiado de forma coactiva por el Estado vía "impuestos", mientra que la sanidad pública nunca fue, es ni será gratuita, más bien todo lo contrario. El sistema público de salud es enormemente costoso y, de hecho, muy caro si se compara con la provisión privada de este mismo servicio.
En concreto, el gasto público en Sanidad supera los 90.000 millones de euros, habiéndose más que duplicado a lo largo de la última década, lo cual supone un coste anual próximo a los 2.000 euros por habitante. Así pues, dicho servicio podrá ser muchas cosas pero, desde luego, no es "gratuito". Sanidad y educación, competencias transferidas a las comunidades autónomas, consumen, precisamente, la mayor parte del gasto regional, y junto a las pensiones –cuyo coste supera los 100.000 millones al año– son los tres pilares básicos del llamado Estado del Bienestar.
De hecho, no es la primera vez, ni será la última, que este sistema sufre sustanciales cambios a fin de garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Hasta 1999, este servicio se financiaba con las cotizaciones sociales (Seguridad Social), y desde entonces se sufraga vía presupuestos (impuestos), lo cual pone de manifiesto su quiebra técnica. Sin embargo, tales reformas no han servido para mantener el modelo en pie, de forma que el Ejecutivo se plantea ahora aplicar el copago. Esta medida no es nueva, ya existe en los fármacos y, muy posiblemente, se extenderá a la provisión de ciertos servicios médicos de forma progresiva, creciente y continuada a lo largo de los próximos años. De hecho, muchos contribuyentes que han optado por contratar un seguro privado sufren en sus bolsillos el pernicioso efecto del doble-pago, al tener que costear igualmente la sanidad pública independientemente de si la usan o no.
Además, a la reiterada falacia de la "gratuidad" se le suman otros dos calificativos muy habituales en boca de los políticos, "universal" y "de calidad", que por mucho que se repitan no dejan de ser también falsos. En primer lugar, no todo el mundo tiene acceso a todos los servicios públicos sanitarios, existen importantes limitaciones, de ahí la necesidad de contar con una tarjeta sanitaria y un número de la Seguridad Social. Por otro, pese a que muchos coinciden en que la sanidad española es una de las mejores del mundo, la realidad es bien distinta si se atiende a la calidad de ciertos servicios y, sobre todo, a las abultadas listas de espera en materia de consultas, realización de pruebas y operaciones.
Por desgracia, la revisión en profundidad que necesita el Estado del Bienestar español sigue sin plantearse. Todas las medidas propuestas van destinadas a mantener, al precio que sea preciso, la provisión pública de servicios, como la sanidad, la educación o las pensiones, que son ofertados por el sector privado de forma mucho más barata, eficiente y rentable para los usuarios, sin que ello importe lo más mínimo a los políticos. Así pues, tendremos sanidad "gratuita" por mucho tiempo. Vayan preparando sus bolsillos…
