Se lo advirtió el Juez Jefe del Tribunal Supremo, Roger B. Taney, en su opinión Ex Parte Merryman, que ha sido elogiada por los juristas estadounidenses desde su misma redacción. Lincoln sólo tuvo una reacción al recibir la carta de Taney: dar la orden de su detención y encierro en una cárcel federal, orden que por fortuna no llegó a cumplirse. Pero no le hizo caso y no revocó su decisión de suspender el Habeas Corpus.
Eran otras circunstancias, ya que comenzaba la guerra más cruel de la historia hasta ese momento. Pero el precedente de Lincoln es muy peligroso, porque sugiere la idea de que, en época de guerra, el Gobierno puede decidir lo que considere necesario, aunque para ello tenga que pasar por encima de la Constitución y de los derechos más fundamentales. Recientemente, la misma Corte Suprema ha decidido que los tribunales militares especiales creados para juzgar a los terroristas extranjeros aprisionados en Guantánamo van contra la Convención de Ginebra (creada precisamente en coincidencia con la Guerra Civil americana) y contra el Derecho de los Estados Unidos.
Tenemos que felicitarnos de la decisión del Supremo, porque recuerda que contra el terrorismo no vale todo, y que siempre ha de prevalecer el Imperio de la Ley. No es la opinión de todos los miembros de esta magistratura, ya que el veterano Clarence Thomas ha dicho que la decisión contradice "nuestro bien establecido deber de respetar el juicio del Ejecutivo en lo que se refiere a las operaciones militares y los asuntos exteriores". Es decir, que Thomas recupera el precedente de Lincoln y viene a decir que donde entra la Guerra, el Estado de Derecho no tiene nada que decir.
La Administración Bush va a "mejorar" el sistema actual, quién sabe si para ajustarla a Derecho. Pero más importante que eso es que nos demos cuenta de lo que nos estamos jugando en la lucha contra el terrorismo. Quiere destruir lo mejor de nuestras sociedades, que es su carácter abierto y liberal, libre y cambiante, y que se fundamenta en el reconocimiento y la defensa de nuestros derechos más básicos, que son anteriores a cualquier Estado. Si los ponemos permanentemente por detrás de las "exigencias" de la lucha contra el terrorismo islamista, les habremos ofrecido la victoria antes incluso de dar la primera batalla. No nos lo podemos permitir, porque además no es necesario.
La lucha contra el terrorismo es la guerra perpetua, es decir, la excusa perpetua para darle más poder al gobierno central para decidir sobre nuestras vidas. Las guerras se han convertido en la excusa para multitud de poderes que en teoría se concedían al Gobierno temporalmente, pero que, una vez acabado el conflicto, no han desaparecido: la conscripción, el impuesto sobre la renta, ciertas nacionalizaciones… Hoy vemos todo ello como algo normal, aceptable, cuando no son más que usurpaciones de nuestros derechos, que se originaron en época de guerra y se mantienen cuando llega la paz. Quién sabe hasta dónde podemos llegar con un terrorismo como amenaza permanente.
