Afirmar que sí lo ha hecho, como hace el Ministro de Economía, es tomar el pelo a los españoles y, lo que quizá sea peor aún en esta coyuntura, a nuestros acreedores. El gobierno del PP debería dedicar menos tiempo a la búsqueda de excusas vacías de contenido para quitarse responsabilidades en caso de rescate y más energía en poner en marcha las medidas que realmente pueden salvar a España.
Al gobierno se le agota el tiempo de descuento para dar un giro a su política económica y no parece dispuesto a tal cosa. La idea de elevar los impuestos y recortar el gasto de manera más o menos horizontal, manteniendo casi todos los programas, ministerios y agencias públicas es un disparate. En el año 2010 el gasto de las Administraciones Públicas prácticamente duplicó el del año 2000. El peso del gasto sobre el número cada vez menor de contribuyentes es asfixiante. El Ejecutivo debió recortar verticalmente el gasto público. Me explico. En lugar de mantener el elefantiásico Estado, debió devolver a la sociedad civil buena parte de los servicios que el mercado puede proveer en iguales o mejores condiciones que el sector público. Así el gobierno de Rajoy pudo haber equilibrado el presupuesto sin subidas impositivas.
Es más, de esta manera el Ejecutivo pudo incluso haber bajado los impuestos animando a la ciudadanía a realizar un esfuerzo adicional y a ahorrar para recapitalizar los proyectos de inversión viables. Lamentablemente Montoro y sus compañeros de Consejo de Ministros hicieron justo lo contrario: desincentivaron el esfuerzo adicional elevando los tipos marginales del impuesto sobre la renta y ahuyentaron el ahorro subiendo sustancialmente el impuesto sobre las rentas del ahorro y del capital. Pero lo peor es que posiblemente quienes ahora se ven obligados a pagar el déficit del Estado y los agujeros dejados por la banca son precisamente aquellas personas que mejor se comportaron durante los años de la burbuja, negándose a sobreendeudarse y ahorrando para poder permitirse un futuro mejor con el fruto de su trabajo.
El efecto previsible en los próximos meses es lo que en el mundo de los seguros se conoce como el fenómeno de la selección adversa. Imaginemos que juntamos a grupos de riesgo muy distintos y les aplicamos primas muy similares para asegurarlos frente a accidentes. Cuando llegue el día de renovar la prima, los asegurados más precavidos se darán cuenta de que lo que están pagando es desproporcionado y de que en realidad están siendo obligados a costear las imprudencias de otras personas de las que ellos no son responsables. Estos clientes más prudentes empezarán a dar de baja su póliza de seguro y se alejarán de este sistema de protección. Ahora los clientes que permanezcan asegurados tendrán un riesgo medio superior y cuando la compañía de seguro se de cuenta de esta circunstancia se verá en la necesidad de subir la prima. Pero entonces un nuevo grupo de clientes, los más precavidos después de aquellos que ya se fueron, tomarán la decisión de marcharse y la historia se volverá a repetir. Esta espiral acaba normalmente en el colapso de la aseguradora.
Como decía, algo similar puede suceder en el conjunto de la sociedad. A medida que los españoles productivos y ahorradores realicen su declaración de la renta se irán dando cuenta de que están pagando los platos rotos de particulares y políticos que arriesgaron mucho más que ellos. Cada vez más ciudadanos tomarán la decisión de sacar su dinero del banco o de irse de España a países más paradisiacos y menos infernales en materia fiscal. La salida de estas personas ahorradoras y productivas elevará el riesgo de suspensión de pagos y hará necesario "asegurar" a quienes se quedan en España con impuestos más altos. Pronto otra capa de la población se dará cuenta de que paga demasiado por arreglar un problema del que no son los principales responsables y seguirán el camino de quienes dejaron el sistema anteriormente. Esta dinámica acabará en una auténtica tragedia griega, con gran parte de la población retirando sus ahorros del banco y buscando países menos opresivos fiscalmente que el nuestro.
Para evitar la debacle a la que llegará España si seguimos avanzando por esta senda, el gobierno debe obligar a quienes se arriesgaron dando préstamos a la banca a recapitalizarla convirtiendo sus títulos de deuda en acciones. Sólo así el crédito volverá a fluir hacia los proyectos privados de inversión. Además, en lugar de subir los impuestos el Ejecutivo debería realizar una profunda reducción de programas de gasto público, cediendo y vendiendo a la sociedad civil todo aquello que pueda. Montoro por su lado debería anunciar una fuerte bajada de impuestos y al mismo tiempo De Guindos y Soria deberían aprobar un amplio paquete de liberalización en sectores tales como el eléctrico, el industrial, el comercial y el urbanístico. Llevar a cabo todas estas medidas está en la mano del gobierno. Lo que ha hecho hasta ahora es continuar con la misma política keynesiana del gobierno anterior: distinto perro con el mismo collar.
