Y no pocos han interpretado su asalto a Endesa como el intento de dar vida al punto 8 del Pacto del Tinell, el acuerdo político del tripartito, que preveía: "actuar desde la Generalidad, en concertación con el sector privado para impulsar la creación o consolidación, en su caso, de empresas y operadores catalanes, públicos o mixtos, en sectores estratégicos", como la energía.
Cierta o no, la sospecha no puede considerarse infundada, y este simple hecho provoca una distorsión enorme en el mercado. Su desenvolvimiento debería atender a las necesidades reales de la gente, esas que los empresarios se esfuerzan por identificar y atender. Pero es un hecho que la clase política tiene en su mano muchos instrumentos que le permiten meter mano, perjudicar o favorecer a las empresas. No hay regulación que afecte por igual a todas. Puede favorecer una fusión o adquisición en función de un concepto tan vago como los "campeones nacionales" o intentar evitar una operación similar tomando en falso el nombre de la competencia. O puede cambiar las normas en pleno juego, como ha hecho el Gobierno mediante la CNE.
No obstante la OPA de Gas Natural es cosa del pasado y ya sólo queda por dilucidar si la de E.On saldrá adelante. De tener éxito, Endesa pasaría a depender de una empresa extranjera. Salvo que uno sea muy cerrado de mente, nada que objetar; más de la mitad de los accionistas de la eléctrica son de otras partes del mundo.
Mas por lo que se refiere al Gobierno, la situación habrá cambiado notablemente. A partir de ahora cualquier actuación que pueda perjudicar a la empresa le creará problemas que ya no puede resolver "en casa", sino que habrá de vérselas con la CE y con Alemania. Tendrá las manos un poco más atadas por los compromisos internacionales. Entra en juego el factor cancha. Y en eso, salimos ganando.
