Desafortunadamente, como afirma Antonio José Chinchetru, esta iniciativa empresarial no es de esperar en España. Los políticos, y la gente en general, tienden a pensar que la prohibición es el remedio a todos los males. La poca madurez intelectual, moral y económica de muchos les hace pensar que las prohibiciones son una acción necesaria para una sociedad mejor. En este caso no me refiero a las prohibiciones de imperativo ético como el robo o el asesinato, sino las que condenan estilos de vida. La realidad es que su único origen es la protección de los grupos de presión, y sus excusas mera propaganda para autojustificarse.
Las prohibiciones sobre estilos de vida no funcionan porque no hacen desaparecer la demanda real, es decir, no eliminan las ganas que tiene la gente de consumir aquel bien o servicio prohibido. La ley no es mágica. En Estados Unidos prohibieron el alcohol en los años 20 y solo trajo el aumento de la delincuencia, el nacimiento de bandas e incluso el aumento del consumo de alcohol. El propio presidente de Estados Unidos tenía su reserva de alcohol en la Casa Blanca. Hace un siglo que se prohibieron las drogas y hoy día más gente conduce drogada que bebida. Prohibir estilos de vida solo tiene costes para la sociedad.
Y es que prohibir cuesta dinero. Mucho. Ese dinero lo paga el ciudadano. Cada euro gastado en una prohibición significa un euro menos que se gasta en políticas públicas, sanidad, seguridad, justicia, carreteras o cualquier otro servicio privado o estatal. Por ejemplo, un grupo de policías investigando webs no puede a la vez detener a violadores. Y así, en toda la estructura que la ley mande como funcionarios, jueces, abogados, carceleros, papeles, programas informáticos, controles que disminuyen el rendimiento de las empresas privadas que tendrán que fiscalizar a sus usuarios…
¿Y todo para qué? Para satisfacer a lobbies como SONY, los actores, productoras, distribuidores, a Walt Disney… Este lunes entrevistaron a Alex de la Iglesia. Afirmaba que la cultura ha de tener suficiente entidad como para verse reflejada por un Ministerio que luchara contra los lobbies. Se refería a las telecos que, según él, ganan con las descargas a pesar de que estas empresas afirman que los que consumen grandes cantidades de tráfico son clientes deficitarios que aumentan el precio global del servicio.
Alex de la Iglesia quiere asegurar sus rentas por medio de la prohibición y la violencia de la ley. ¿Qué hemos de hacer los ciudadanos? ¿Exigir un Ministerio del Pueblo para que nos defienda de gente como esta? Eso ya existe y se llama Estado. Sin embargo, no solo nos ha dejado abandonados, sino que nos ha atacado. Y si SOPA o la ley Sinde no funcionan ¿qué pedirá el señor de la Iglesia, SONY y Walt Disney? ¿La creación de una subdivisión del ejército para aniquilar a los que se bajen películas? En fin, mejor no dar ideas.
La propiedad intelectual es un invento que no tiene nada que ver con un delito. Lea atentamente este escrito de Stephan Kinsella (famoso abogado americano especializado en el tema): Contra la propiedad intelectual. O puede ver este video (hecho cuando el proyecto SOPA se llamaba ACTA).
Ni SOPA, ni la ley Sinde van a hacer un mundo mejor, al revés. Estaremos más controlados, tendremos menos libertad, nos costará dinero y el Estado hará peor el trabajo que ya hacía. Todo ello para satisfacer a los lobbies que son incapaces de adaptarse a su tiempo. Son las empresas que han de satisfacer a los consumidores, no al revés. Los ciudadanos podemos existir sin empresas, pero al revés no tiene sentido. Por más que lo obliguen por ley.
