El proyecto de ley de la propiedad intelectual del PSOE sigue recorriendo su camino. Este viernes fue recibido en el consejo de ministros un informe del ministerio de justicia sobre lo que va a ser una mina a explorar en profundidad durante las próximas semanas y meses. Durante su redacción se ha contado con entidades de gestión de derechos de autor, pero no con internautas, lo que hace temer que los cambios irán encaminados en perjuicio de éstos y del derecho a realizar copias privadas de música y películas a través de Internet. Más sospechoso resulta el que no se haya publicado ese anteproyecto y nos hayamos tenido que enterar del mismo por un fax (nota: son seis megas de descarga, luego no digan que no avisé). No obstante, hay un detalle que ya se ha empezado a debatir más en profundidad y es la modificación del artículo que regula el derecho a cita.
Aún a riesgo de que los hermanos Rojo vuelvan a coger un artículo mío sin permiso, o de que me echen del periódico por decir que me gusta algo que planea hacer este gobierno, debo decir que me gusta esta modificación. El debate sobre la propiedad cultural sigue vivo y muy vivo entre los liberales de diferentes escuelas. Quizá la forma más intuitiva de exponer el dilema al que nos enfrentamos es tomar las dos posturas enfrentadas al respecto. Para los creadores, la cosa está clara, son ellos quienes han filmado, compuesto o escrito algo y es, por tanto, suyo, pudiendo disponer de su creación como mejor le convenga. Puede ser liberándolo al permitir que cualquiera pueda acceder a él o puede ser cerrándolo para cobrar cada pase. Los consumidores, en cambio, lo ven de otro modo. Si se copian un CD de un amigo o se bajan de Internet una película, no están haciendo daño a nadie. Los propietarios de esos bienes siguen poseyéndolos. No hay, en definitiva, escasez de bienes culturales.
Hay que recordar que, ética aparte, la utilidad de los derechos de propiedad reside en la mejor administración de la escasez. Los bienes son escasos, y con propiedad privada se gestionan mejor y se produce el máximo de ellos. Pero los bienes culturales, una vez creados, no son escasos. Se pueden copiar sin coste, en el cerebro de cada uno, y cada vez con menos coste por diversos medios (discos compactos, libros, Internet, etcétera), sin que el autor deje de tener su propia copia. Sin embargo, ahí está el problema, que esto sucede una vez han sido creados. Si se elimina la propiedad, se eliminan los incentivos para aprovecharla, como décadas de comunismo han demostrado una y otra vez.
¿Se acabará la producción de bienes culturales si eliminamos los derechos de propiedad cultural? Es difícil de responder a esa pregunta. La tecnología era muy inferior a la actual cuando esos derechos se pusieron negro sobre blanco en papel oficial, una época en que los autores sí parece que podían vivir sin esa legislación. Intuitivamente, todos notamos una diferencia notable en la reproducción de bienes culturales sin permiso: el que se haga por dinero o no. Así está en la legislación actual, con el reconocimiento a la copia privada. El nuevo artículo sobre derecho a cita excluye expresamente la labor de copia y pega remunerada, es decir, "las recopilaciones de artículos periodísticos que consistan básicamente en su mera reproducción cuando dicha actividad se realice con fines comerciales", sin lesionar los derechos de los que citan a los demás para comentar o criticar sus textos, como los bloggers. Eso le traerá problemas tanto a las prácticas de Periodista Digital (no menos grave por mucho que incluya contenidos propios como su patética obsesión con la piscina de Pedro J.) como a las empresas de "press clipping", que realizan resúmenes de prensa a la carta generalmente para empresas, si no pagan a los medios por realizar su labor. En ambos casos me parece una restricción razonable y justa, porque una cosa es que las personas copien contenidos y otra que quieran ganar dinero con ello.
