La organización no resulta simpática ni a las dictaduras tercermundistas ni a las democracias occidentales que se creen por encima de cualquier reproche, lo cual es encomiable. Pero la inclusión de "derechos sociales" en su proyecto activista es una evolución lamentable que va en detrimento de su causa fundacional. Difuminar la frontera entre derechos individuales y "derechos sociales" conduce a más atropellos contra la libertad y de hecho nos aleja de la solución a los problemas sociales que motivan esa retórica.
William Easterly, uno de los principales expertos en economía del desarrollo y ayudas al Tercer Mundo, ha explicado por qué no caben más derechos que los negativos o individuales, que son los que proscriben interferencias violentas por parte de terceros: porque la única definición útil de derecho es aquella que permite identificar a una víctima y a un agresor o causante del daño.
En el caso de un asesinato, una violación o un robo se ve claramente: una persona, mediante su acción violenta, está causando daño a otra que se comportaba de forma pacífica. Por eso tiene sentido hablar de un derecho a la vida, un derecho a la integridad física o un derecho de propiedad. Son derechos individuales que definen la esfera de actuación de cada uno y que los demás deben respetar.
En el caso de los derechos sociales (como el "derecho a una vivienda", "el derecho a la alimentación" o "el derecho a la salud") uno puede identificar "víctimas" pero encontrar culpables es más difícil. ¿Quién es el culpable de la pobreza, la falta de acceso al agua potable o la precaria salud de buena parte de la población del África subsahariana?
La pobreza per se no es resultado de ninguna agresión, es la condición natural del hombre. La humanidad ha vivido miles de años en la miseria, y sólo trabajando, ahorrando, acumulando capital y aumentando la productividad han podido tantos millones de personas superar ese estadio. La riqueza no es una tarta preexistente que la humanidad se va repartiendo de modo que lo que le toca a unos es lo que se quita a otros. La riqueza es una tarta que se produce y que, en la medida en que se permite operar al mercado, se distribuye conforme se produce, no después de producirse. Confunde a algunos que pudiendo mejorar la situación de los pobres optemos por gastar nuestro dinero en otras cosas que nos satisfacen más. Pero no prestar ayuda siempre que podemos hacerlo no equivale a ser los causantes de esa situación. Si de súbito desapareciéramos o no hubiéramos existido nunca, los afectados seguirían siendo igual de pobres, lo que demuestra que no somos los causantes de su pobreza. Un médico también podría curar más enfermos si trabajara más horas, pero el hecho de que decida irse a casa a descansar no lo hace causante de la enfermedad que sufre el paciente en espera.
Easterly destaca otro problema con los derechos sociales como "el derecho a no ser pobre": la pobreza es un concepto esquivo que depende del contexto. Más allá del hambre y la necesidad extrema es difícil establecer una línea frontera entre la pobreza y la no-pobreza. Con los derechos individuales la dicotomía es clara: o se perpetra asesinato, robo o violación, o no.
La institucionalización de los "derechos sociales" implica violaciones de derechos individuales, porque un derecho a "no ser pobre" (o a la salud, a una vivienda, etc.) implica que otros tienen que ser obligados por el Estado a proveerle recursos, y esta redistribución forzosa invade la esfera privada de quienes trabajan y producen sin hacer mal a nadie. Pero tanta palabrería distrae de la cuestión fundamental: el pobre no se alimenta de un "derecho a la alimentación", sino de comida, y es el mercado el que mejor la produce. Por otro lado, la caridad privada es más eficiente que la pública, pues las ONGs, la Iglesia, etc. compiten en reputación para captar fondos, a diferencia del Estado.
En cualquier caso, una parte de la pobreza actual sí tiene culpables identificables: los Estados y los grupos de interés que actúan bajo su paraguas. El proteccionismo perjudica a los consumidores occidentales pero también a los productores del Tercer Mundo. Las barreras migratorias limitan las posibilidades de prosperar de los trabajadores de los países en desarrollo. La ayuda externa a los gobiernos foráneos promueve el intervencionismo en detrimento de la iniciativa privada local. El sistema de patentes restringe la competencia sobre las ideas protegidas. En el ámbito doméstico, las leyes de salario mínimo y las regulaciones laborales elevan los costes de contratación y condenan al paro a los trabajadores menos cualificados. Los permisos y licencias públicos restringen la competencia y encarecen servicios (la sanidad, por ejemplo). La interferencia del Estado eleva los precios de la vivienda, la energía y otros bienes esenciales. La expansión crediticia impulsada por los bancos centrales perjudica especialmente a los más pobres, que asumen precios más altos antes de que hayan subido sus salarios.
Si Amnistía Internacional quiere empezar a defender "el derecho a no ser pobre" lo mejor que puede hacer es dejarse de términos grandilocuentes y pedir reformas de mercado.
