En España hay superabundancia de derechos de todo tipo, la mayoría de ellos inventados por la izquierda para justificar determinadas operaciones políticas contra su rival en el poder. Desde que el Pasmo de León anunció su intención de poner en marcha una "ampliación de derechos de ciudadanía" –según la jerga progre al uso-, la burbuja de derechos sociales no ha hecho más que crecer, sin que nadie sepa a ciencia cierta si el proceso tiene un fin conocido o vamos camino de una hiperinflación galopante de proporciones argentinas.
En España existe el derecho a tener una vivienda, que además tiene que ser "digna"; a disfrutar de una beca, aunque seas un estudiante mediocre tirando a vago, para poder vegetar unos años en la universidad "esperando un empleo" (Rubalcaba dixit); a rodear el Congreso de los Diputados apedreando policías o a acosar a los políticos rivales en sus domicilios particulares, prerrogativa esta última bendecida expresamente por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
Pero a este amplio catálogo de derechos kolectibos hay que sumar ahora una aportación extraordinaria, fruto del ingenio inagotable de los comunistas andaluces, destinada a cuestionar determinados tabúes relativos a la especulación capitalista con bienes raíces. Diego Valderas, dirigente de IU en Andalucía y vicepresidente de la Unta es, como tantas veces, el autor intelectual de este cambio de cosmovisión, que en este caso se refiere a la consideración política que merecen las operaciones inmobiliarias.
Valderas, como es sabido, aprovechó la circunstancia del desahucio de un vecino en paro para enriquecer su patrimonio con un ahorro en el precio más que notable. A simple vista podría parecer que estamos ante un sucio especulador que se apovecha de la desgracia de un obrero, pero después de escuchar las explicaciones de los dirigentes comunistas andaluces la consideración ha de ser completamente distinta.
Los argumentos de Izquierda Unida para justificar este incremento patrimonial de su líder andaluz a costa del sudor del obrero son dos y ambos inapelables: es legal y lo hace todo el mundo. Es de esperar, por tanto, que IU rechace expresamente a partir de ahora las actividades de las plataformas antidesahucios que proliferan por todo el territorio nacional dedicadas a protestar contra los procedimientos hipotecarios, algo que también "es legal y lo hace todo el mundo".
Este radical cambio de opinión e la formación comunista acerca de lo que antes llamaba despectivamente "especulación inmobiliaria" puede ser sólo el primer paso en una revisión en profundidad de los viejos dogmas marxistas que todavía se enseñorean de su programa político. Gracias a las actividades privadas de sus dirigentes, unos especulando con viviendas a través de la banca y otros con un capitalito invertido en las bolsas occidentales en lugar de en bonos del Estado cubano, de aquí a poco tiempo igual nuestros comunistas permiten a los demás que actuemos con nuestros pobres ahorros con el mismo celo que ellos emplean en preservar los suyos. Por soñar que no quede.
