Hablamos de nuestros gestores en los últimos quince años, tanto a nivel nacional como autonómico.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha sacado otro informe, como parte de su misión de revisión del gasto de las administraciones públicas en España. Esta vez ha puesto bajo la lupa las políticas activas de búsqueda de empleo. No es un tema sin importancia: el desempleo en España sigue siendo un problema estrella de nuestra economía. El otro es la deuda, tema que ya estudió la AIReF y que no parece importarle a nadie con mando en plaza.
Desde el año 2014, cuando el volumen de deuda alcanzó el 100% del PIB, los diferentes gobiernos que han ocupado los asientos azules solamente han conseguido rebajar en tres puntos la carga. Las previsiones nos dicen que no será hasta el año 2020 cuando alcancemos una cota similar a la de 2013. No sé si en esos cálculos se han incluido las fundadas sospechas de que las cosas en el 2019 y el 2020 no van a ser muy amables con la economía europea. De momento, el “DataLab” de la AIReF nos dice que la probabilidad de que las administraciones públicas españolas cumplan con su objetivo de déficit a día de hoy es de un 24%. ¿Prestarían a alguien con esa información? Yo no.
Y mucho menos si atendemos a qué hacen los gestores con el dinero de los ciudadanos presentes y del futuro. Desde esta perspectiva es desde donde se contempla con la relevancia que merece el informe sobre las políticas activas de empleo en España.
Todos los diarios respetables se han hecho eco de las principales recomendaciones: la calidad del gasto es “cuestionable”, dicen. La asignación de recursos no es eficiente. La trazabilidad del gasto es “insuficiente”. Eso ya lo sospechábamos cuando salieron a la luz los diferentes fraudes en los programas de formación. No recuerdo exactamente si devolvieron todo el dinero malversado de los españoles y si están en la cárcel aún los responsables. Prefiero no mirarlo. Me interesa más centrarme en algo que no debería pasar desapercibido y que es anterior al diagnóstico.
En concreto, se afirma que “los datos suministrados han sido insuficientes y de una calidad mejorable”. De manera que “la evaluación completa de la eficacia de las políticas activas por comunidad autónoma no ha sido posible”. Además, se subraya que “ante la ausencia de suficientes datos para calcular indicadores de costes de las Oficinas Públicas de Empleo” se anexa al informe una “guía práctica” para que en el futuro se pueda efectuar dicha evaluación. Y esa insuficiencia de datos aparece tras rastrear a fondo los baúles del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Tesorería General de la Seguridad Social, las cuentas de las comunidades autónomas y las de los agentes sociales como sindicatos y patronal. Es decir, no es por no mirar. Es que ninguno de los afectados se ha molestado en auditar adecuadamente qué es lo que se hace con los dineros del sufrido contribuyente.
Porque no es que no se sepa cómo hacerlo: en otros países es una práctica normal desde hace tiempo. El más transparente en este sentido, ¡oh, sorpresa!, es Alemania. Ya saben, los malditos alemanes que se dedican a ser productivos sólo para fastidiar nuestra balanza de pagos. No es que en España no se mida nada. Pero no nos fijamos en lo que deberíamos. Es decir, los indicadores se centran en los resultados, que está muy bien, porque así sabemos cuántos desempleados se han reinsertado en el mercado de trabajo. Pero no nos paramos a analizar si la reinserción se debe a la política de empleo estudiada o a cualquier otra cosa. Nos hacemos una idea a bulto. En el cuadro-diagnóstico hay varios puntos llamativos, pero destaco la poca autonomía de gestión en las oficinas públicas de empleo, que los sistemas informáticos están dispersos y están orientados a la gestión, pero no a la evaluación y, finalmente que un mismo desempleado puede ser atendido en diferentes puntos. Con un desempleo estructural cercano al 10% ya podíamos ser más rigurosos con estas cosas.
En la Guía Práctica, que aparece como uno de los anexos al Informe, quedan claramente expuestas las razones por las que han de realizarse evaluaciones de la eficiencia tanto económica, es decir, analizar si el gasto realizado para obtener los recursos para ejecutar los diferentes programas, como productiva, que analiza el gasto necesario para obtener resultados adecuados con los recursos empleados. Por ejemplo, se estudia la eficiencia económica si medimos el gasto en personal, y la eficiencia productiva si medimos la relación de ese gasto con los informes realizados por ese personal. Finalmente, es muy relevante estudiar la evaluación del coste-eficacia, es decir, la comparación del gasto realizado y el impacto en los usuarios. ¿Ese gasto procedente de los impuestos de los españoles se traduce en un contrato laboral en los meses posteriores? Los españoles conocemos el número de contratos pero no sabemos si se deben al gasto en esos recursos o a otros factores.
Desde mi punto de vista, el hecho de que estos estudios tan relevantes para diagnosticar dónde están las grietas de nuestro mercado laboral y del sistema de “protección” que se ha edificado en torno a los millones de desempleados no se hayan podido llevar a cabo, entre otras cosas, por falta de datos tan básicos como los costes de las oficinas de empleo público, o el uso ineficiente de los ordenadores, o la malísima coordinación del servicio, es verdaderamente escandaloso.
Y este escándalo no se limita a un partido político. Hablamos de nuestros gestores en los últimos quince años, tanto a nivel nacional como autonómico. Yo no he visto a ningún político proponiendo una reforma en condiciones. Tiritas y vendas, tal vez. Como sucede con el sistema de pensiones. Pero nunca un estudio a fondo para atajar la ineficiencia del gasto y actuar responsablemente.
A mí me importan mucho más los pagadores de impuestos del presente y del futuro que, digamos, el nombre de las calles o las partidas presupuestarias promovidas por la corrección política y por determinados lobbies. Ya sé: es una batalla perdida.
