En las últimas semanas, un espectro se cierne sobre la economía española, amenazando nuestra industria y nuestras empresas: el fantasma de la nacionalización.
La idea de que la nacionalización podría ser una herramienta de salvación para nuestra industria es una de las ocurrencias más disparatadas que he leído, en las últimas semanas.
Por supuesto, cuando se levanta la mano y, con intención de disuadir al interlocutor, se menciona el ejemplo del INI (Instituto Nacional de Industria), siempre te dicen que esta vez no va a ser así, esta vez se va a hacer bien. Tal vez porque aquellos salvadores eran menos salvadores que los actuales.
Pero, tengo la fortuna de dedicar varias semanas de cada año a explicar a mis alumnos en qué consistió la economía franquista y, dentro del tema, el INI tiene un papel relevante. Así que me pilla a mano.
En su artículo primero, el INI definía su objetivo fundamental: «propulsar y financiar, en servicio de la nación, la creación y resurgimiento de nuestras industrias, en especial de las que se propongan como fin principal la resolución de los problemas impuestos por las exigencias de la defensa del país o que se dirijan al desenvolvimiento de nuestra autarquía económica». En nuestro caso, por supuesto, se trata de la defensa frente a la crisis provocada por el Covid-19. Y, como si estuviéramos en una situación de posguerra, se nos alerta de la necesidad de tomar medidas extraordinarias, las que sean.
A la urgencia, que es el salvoconducto para la «barra libre» de las políticas económicas intervencionistas, hay que sumarle el miedo al invasor. Por supuesto, no se trata de un ejército de aliens, pero sí de inversores de fuera que, según nos dicen, van a venir con su dinero extranjero a comprar nuestra patria, o algo así.
Como si al «ceder» ante el capital de inversores de otros países, comunitarios o no, estuviéramos entregando el alma al diablo, igual que Mickey Rourke se la vendió a Robert de Niro en El corazón del ángel (1987).
Es cierto que la situación es excepcional, y que el Indice de Producción Industrial registró, en el último mes, una caída de un 32%. También es cierto que la situación de empresas industriales, como la de Alcoa en San Cibrao (Galicia), es muy complicada.
Ayer mismo se manifestaban unas 20.000 personas, en la zona, para protestar. Se trata del trabajo de casi seiscientas familias. Una de las soluciones que se barajan es la nacionalización. Pero, detengámonos un poco más en la situación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmaba que la ministra Reyes Maroto lleva dos años buscando una solución. Dos años. No parece muy eficiente.
El comportamiento de los vecinos que reclaman una solución estatal solamente refleja el patrón de conducta de la industria en España en el pasado: tengo problemas, nacionalízame.
Esa fue una de las razones de que el INI se hundiera en los años posteriores a la muerte de Franco. Durante el período 1976-1983, el INI era el paraguas bajo el que se refugiaban las empresas asoladas por la crisis del petróleo. Así que se quedó sin recursos. Y éste es el secreto que explica, entre otras razones, por qué la nacionalización es un espectro del que hay que huir. Se nutre de fondos limitados.
La gestión no es la más eficiente porque, aunque juguemos a ello, la historia nos demuestra que el criterio de gestión no es empresarial. En el mejor de los casos es caritativo o mesiánico y, en el peor, corrupto.
Además, las empresas estatales suelen ser deficitarias, precisamente porque se sabe que nunca quiebran. Generan mala asignación de recursos en el mercado de trabajo porque los empleados son como cierto tipo de funcionarios. Es decir, en muchas ocasiones, especialmente en puestos administrativos, se mantiene un nivel de ineficiencia que la iniciativa privada, simplemente, no puede permitirse.
Por otro lado, si se ayuda a una, se ayuda a todas. Y eso implica que un grupo comparativamente pequeño de personas afectadas, pero cuyo coste laboral es altísimo, estaría siendo sostenido vía impuestos por todos los españoles, que estamos haciendo equilibrios financieros. Recordemos en este punto que estamos en la antesala de una subida de impuestos que va a rebajar el poder adquisitivo de la clase media de manera sobresaliente.
Pero, además de las distorsiones asignativas, las regulaciones, las rigideces y demás problemas acarreados por la nacionalización, resulta que sería peor para la empresa intervenida. Volvamos al pasado.
Uno de los problemas del INI era que los bienes y servicios producidos no eran competitivos respecto a los de nuestros vecinos. No nos compraban porque no estábamos a la altura. Ellos llevaban años exponiéndose a los rigores del mercado abierto y habían adquirido la flexibilidad necesaria para identificar sus fortalezas y hacer de ellas su mejor baza. ¿Queremos volver a esa situación?
Frente a este panorama nos queda la otra solución: atraer a inversores internacionales que inyecten ese capital que nuestras empresas industriales necesitan para seguir dando empleo, no sólo a las seiscientas familias de Alcoa, sino a todas las demás.
No es tan difícil, pero hay que dejar la política a un lado: promover el ahorro en lugar de gravarlo; flexibilizar el mercado laboral; ayudar a los autónomos que son empresarios de sí mismos; facilitar que las empresas encuentren la liquidez que necesiten, sin politizar el proceso, sino por el bien de los trabajadores cuyos puestos son mantenidos por esas empresas. Se puede hacer: fue el socialista Felipe González quien desmanteló el INI de Franco.
No estamos en el mejor momento para desplegar la bandera del nacionalismo económico. Ni por parte de la derecha, ni por parte de la izquierda. Nos va en ello un retraso en nuestro crecimiento económico de varios lustros. Abramos las oportunidades de inversión.
