De hecho, incluso Estados Unidos se ha metido de lleno en el peligroso juego del rescate público. El estallido de la crisis está siendo aprovechada por los políticos de toda índole y condición para extender sus garras bajo el argumento hipócrita y falaz de que el mercado es el culpable y de que, por lo tanto, es el momento de que los poderes públicos tomen las riendas y pongan orden a tanto despropósito.
Mentiras, mentiras y más mentiras. Y mientras los gobiernos ocultan la realidad a la ciudadanía, los rescates financieros, empresariales y económicos que hoy presenciamos allanan el camino a las miserias del mañana. Deuda pública, déficit fiscal, subida de impuestos, inflación y quiebras de países amenazan con sustituir las alertas que hoy copan los medios de comunicación. España no es ajena al creciente intervencionismo público. La implantación de un PER a nivel nacional es el siguiente objetivo que se ha marcado el Gobierno con el fin de comprar votos, tal y como adelantamos en estas páginas.
Hace años, pocos fueron los que alertaron del riesgo de la burbuja inmobiliaria en España. En la actualidad, las luces rojas se dirigen hacia la inviabilidad del sistema público de pensiones y la inexistencia de margen fiscal para proceder a la aprobación de nuevos planes de estímulo económico (entiéndase gasto público) que en nada servirán para sacarnos del hoyo. Una vez más, el Gobierno hace oídos sordos. Al fin y al cabo, la clase política constituye una élite parasitaria que es incapaz de ver más allá de sus narices. El cortoplacismo partidista baila al ritmo que marcan las urnas.
Sin embargo, toda esta montaña de basura demagógica y políticamente correcta no se sostiene en pie a poco que el ciudadano se interese por raspar la superficie que encubre toda esta falsedad que llena telediarios. Señores, el Estado también quiebra. Si el Ejecutivo se empeña en gobernar a golpe de emisiones de deuda del Tesoro, la propia Administración pública sucumbirá. No es algo nuevo. Apenas basta con echar un vistazo a la historia para percatarse de los riesgos a los que nos enfrentamos.
Un reciente estudio del National Bureau of Economic Research, elaborado por Carmen M. Reinhart y Kenneth S. Rogoff, muestra que las crisis financieras más importantes de los últimos ocho siglos se han llevado por delante a países enteros. Es decir, las quiebras bancarias suelen derivar en suspensión de pagos por parte de Estados y elevada inflación. Un porcentaje muy elevado de países –entre el 30% y el 50% de los 66 casos examinados– no pudieron afrontar el pago de sus deudas (default) durante cinco períodos marcados por grandes crisis económicas: la guerra emprendida por Napoleón; el período que abarca desde 1820 a 1840 –aquí quebraron todos los países latinoamericanos incluidos en el estudio–; desde 1870 a 1890; la Gran Depresión (1930-1950); y la crisis de las economías emergentes de los años 80 y 90.
En la actualidad, ya ha colapsado un país de la talla de Islandia, que hasta hace apenas tres años encabezaba los índices de desarrollo de la ONU. Los países de Europa del Este se encuentran al borde de la bancarrota y algunos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional ya ha prestado ayuda a un creciente número de países, tanto en Asia, como en Europa y América Latina.
España no es ajena a estos riesgos, al igual que Irlanda o Gran Bretaña. De hecho, España guarda ciertos paralelismos con el caso islandés, debido a su elevado endeudamiento bancario y exterior. ¿Que el Estado no puede quebrar y lo puede todo? Tan sólo un dato para aquellos que quieran ojear el trabajo de Rogoff. España ostenta el récord absoluto de suspensiones de pago de la historia. El Estado ibérico ha quebrado en 13 ocasiones. Siete durante el siglo XIX y otras seis durante los tres siglos precedentes. ¿Habrá un nuevo default en el siglo XXI? De seguir así, todo dependerá de la benevolencia de franceses y, sobre todo, alemanes. Nuestros principales acreedores. Mejor será no tentar a la suerte.
