La izquierda no busca realmente establecer impuestos pigouvianos, sino impuestos camuflados de medioambientales.
El liberalismo recela profundamente de los impuestos: como sustracción coactiva de la propiedad de las personas, constituyen una intromisión ilegítima en sus proyectos vitales. Los impuestos son una expresión inequívoca de un ejercicio de la soberanía estatal que no trata a cada persona como un fin en sí misma, sino como un mero instrumento al servicio de otros agentes: son, pues, una conculcación no solo de la libertad más nuclear de cualquier persona, sino también de la igualdad moral entre los individuos.
Sin embargo, y pese a lo anterior, existen dos tipos de figuras tributarias que podrían llegar a encajar dentro de la filosofía política liberal. La primera son las contribuciones forzosas dirigidas a financiar la provisión de bienes públicos(bienes públicos en su concepción estrictamente económica, esto es, consumo no rival y no excluibilidad): si un individuo va a ser inexorablemente beneficiario de la producción de un bien público, obligarle a que contribuya a financiarlo —hasta el límite de la utilidad que vaya a obtener— no es atentar contra sus proyectos vitales, sino evitar que sus proyectos vitales parasiten los de otros. La segunda son los llamados impuestos pigouvianos: si mis acciones conculcan indirectamente derechos de terceros y les generan un perjuicio (externalidades negativas), cabe la opción de gravar ese tipo de acciones para compensar a las víctimas.
Ciertamente, el liberalismo no es un entusiasta de ninguno de estos dos tipos de impuestos, no sólo porque sigan siendo impuestos y, en consecuencia, resulten preferibles otras vías más pacíficas de coordinación social —como los contratos de provisión asegurada, en el caso de los bienes públicos; o la negociación coasiana entre las partes implicadas, en el caso de las externalidades negativas—, sino también porque son instrumentos políticos que resuelven bastante mal tanto el problema de información (¿cuál es la magnitud exacta de la utilidad obtenida por un bien público o del daño social generado por una externalidad negativa?) como el problema de incentivos (¿cómo logramos que los políticos socialmente legitimados a crear este tipo de impuestos no abusen de sus potestades?). Pero, al menos, no son impuestos especialmente antipáticos y rechazables para un liberal.
Así las cosas, la reciente ola de fiscalidad verde que está promoviendo la izquierda podría resultar relativamente aceptable para cualquier liberal razonable: si determinadas actividades —como conducir un coche diésel antiguo— generan externalidades medioambientales, entonces puede ser conveniente que se encarezcan ese tipo de actividades para acoplarlas a sus auténticos costes sociales. “Quien contamina paga en función del daño social generado por su contaminación”. ¿Quién podría oponerse a impuestos que nacen con una finalidad tan sensata? Sucede que, a la hora de la verdad, resulta harto dudoso que la finalidad de los impuestos verdes promovidos por la izquierda, tanto por el PSOE como por Podemos, sea realmente ésa.
Tomemos si no la formulación utilizada por Podemos para exigirle al Gobierno de Sánchez nuevos impuestos medioambientales: “Fiscalidad verde. Siempre garantizando que no se aumenta la carga impositiva a las personas trabajadoras y que quien contamina, paga”. Si Podemos estuviera realmente preocupado por internalizar las externalidades negativas vía impuestos pigouvianos, se limitaría a exigir que quien contamina paga en función del daño generado (y a su vez, algo pocas veces explicitado, que la recaudación resultante vaya a indemnizar o beneficiar a las víctimas de esas externalidades negativas). De este modo, pagaría todo aquel que contaminara: fuera éste trabajador, capitalista, especulador o jefe de Estado. A la postre, la finalidad de un tributo pigouviano no es redistribuir la renta, sino señalizar cuál es el auténtico coste de las distintas actividades posibles para que así cada individuo tome sus decisiones óptimas en función de tales costes reales. La polución de un trabajador no es menos contaminante por el mero hecho de venir de un trabajador y, en consecuencia, habría que desincentivar tal polución en la misma medida en la que se desincentiva la del resto de españoles no trabajadores.
Que Podemos exija nueva fiscalidad verde salvo para los obreros que contaminan —y que el PSOE implemente su propia versión de esa prescripción ideológica eximiendo a los transportistas o agricultores de la subida del diésel— pone de manifiesto que la izquierda no busca realmente establecer impuestos pigouvianos, sino impuestos camuflados de medioambientales pero con idéntica intención que la de todos los restantes impuestos: a saber, extraer más renta de los ciudadanos para engordar las arcas —y las redes clientelares— del Estado. Vender semejante expolio como “impuestos verdes” es sólo una simplona treta propagandística para minimizar la contestación social al incremento de impuestos. Una etiqueta fraudulenta para generar sumisión y obediencia. Los impuestos medioambientales de carácter pigouviano pueden llegar a ser aceptables; el plan fiscal de la izquierda para saquearnos con espejismos verdes, no.
