En mi artículo de la semana pasada comenté las consecuencias que podía tener la sumisión del gobierno ante los grupos de presión, concretamente, de los transportistas: “El problema es que si funciona a uno [el uso de la violencia para el propio bienestar], ¿qué impide que el resto de sectores que están agrupados en diferentes asociaciones no hagan lo mismo? Nada.” Después hemos sufrido las violentas huelgas de los pescadores y el gobierno se ha arrodillado ante ellos. Esta semana parece que serán los agricultores quienes se apunten a la movida pidiendo lo mismo que los otros dos sectores.
Los medios de estos grupos de presión para exigir su bienestar han sido, entre otros: violentas huelgas, la quema de camiones con gente dentro, han apuñalado a una persona, han bloqueado el transporte marítimo, han saqueado tiendas de ultramarinos… Aún hay mucha gente que cree que el gobierno está para protegernos, pero curiosamente, ha sido el gobierno quien ha incentivado todo este caos. Su musa ha sido la de siempre: el estado del bienestar, el igualitarismo y el socialismo, en resumen, la barbarie. Estos grupos de presión han estado a punto de asesinar a gente inocente y no les pasará nada. ¿Cuál será el próximo paso?, ¿el secuestro, el asesinato? Otros grupos han empezado a aplicar el experimento en España ya.
Si lo analizamos bien, veremos que la fuente del problema son los mandatos de los burócratas y políticos que regalan derechos, subvenciones… y se creen libres para esclavizar a todos los españoles con más impuestos y tributos para mantener su particular visión socialista. Como dijo en una ocasión Thomas Sowell, la política es el arte de conseguir que tus intereses egoístas parezcan “intereses nacionales” (en Europa gusta más decir “bien común”). Si los políticos suben impuestos por el bien común (más dinero para ellos) sólo conseguiremos menos dinero para nosotros y nuestras familias. Si el político crea más subvenciones en nombre del bien común (más votos para ellos y más dinero para sus amigos) sólo conseguiremos tener una economía ineficiente, atrasada e incapaz de competir con un mundo cada vez más globalizado. ¿Y las consecuencias sociales? Violencia legalizada por el estado contra el ciudadano.
No hay ningún interés por parte del gobierno en nuestro bienestar, sino en el suyo. Sus acciones les delatan. La solución, pero, no es prohibir nada ni regular más. No hemos de regalar derechos a nadie porque todos tenemos los mismos derechos; si los transportistas, pescadores, agricultores y los que puedan venir tienen el beneplácito de pagar menos ¿por qué nosotros no? ¿Es que somos menos humamos que ellos? ¿Es que acaso hemos de abandonar nuestra inocencia y empezar a quemar la propiedad privada de otros, cortar carreteras y agredir a gente para que nos hagan caso? ¡Cómo podemos dar a otros derechos que nosotros mismos no nos atrevemos a aplicar o pensar siquiera!
Si el gobierno se aparta del mundo económico por completo nadie podrá reclamarle nada y todos viviremos conforme a nuestra propia responsabilidad, esfuerzo y actos. El gran beneficiado será el consumidor y la gente sin necesidad de recurrir a la violencia como forma de vida. Nadie tiene más derechos que cada uno de nosotros, y el gobierno no tiene derecho alguno para satisfacer su egoísmo recurriendo a la falsa llamada del bien común. Los políticos pueden hacer todos los experimentos que quieran, pero sólo hay una solución, acabar con el estado del bienestar que engendra violencia y pobreza. El problema es que si dejamos a los políticos hacer más experimentos del bienestar, en una de estas ya no podamos levantar la cabeza nunca más. Apliquémoslo ya, acabemos con la tiranía del estado del bienestar y sustituyámoslo por el libre mercado y el laissez-faire.
