Ya basta de que la oligarquía político-financiera juegue con las cartas marcadas, de que les paguemos la fiesta y de que, para más inri, nos inflen descaradamente las facturas.
La banca española nunca debió ser rescatada: sus acreedores, y no los contribuyentes, tendrían que haber sido quienes sufrieran las pérdidas derivadas de sus malas inversiones. Sin embargo, el PSOE primero y el PP después decidieron trasladar al conjunto de los ciudadanos el agujero que sus subalternos habían generado en esos hiperpolitizados cortijos financieros llamados cajas de ahorros.
Hasta la fecha, y de acuerdo con el último informe del Tribunal de Cuentas, la jugada nos ha salido por 60.718 millones de euros, unos 3.300 euros por familia española. El coste todavía no es definitivo: y no solo porque, como le gusta repetir al Gobierno y a su prensa afín, pueda terminar rebajándose en unos pocos miles de millones a través de la privatización de Bankia y de Banco Mare Nostrum, sino porque también podría terminar aumentando como consecuencia de la imputación de nuevas pérdidas a los esquemas de protección de activos otorgados por el Tesoro a los compradores de las entidades financieras rescatadas. No en vano, estos esquemas de protección de activos ya nos han costado hasta la fecha 10.389 millones de euros, y hay otros 10.900 millones que podrían verse afectados durante los próximos años.
Y he ahí el auténtico escándalo destapado por el Tribunal de Cuentas que debería haber copado la atención de todos los medios de comunicación: no el cálculo preciso del coste provisional del rescate bancario —algo que, ‘grosso modo’, ya conocemos desde hace años—, sino las irregularidades, torpezas y arbitrariedades detectadas por el Tribunal en el comportamiento del FROB y que bien podrían haber encarecido artificial e innecesariamente la factura del rescate injustamente soportado por todos los españoles.
Así, según denuncia el Tribunal de Cuentas, el FROB ni siquiera aprobó un protocolo de actuación que contuviera las pautas básicas a seguir en el proceso de privatización de las entidades rescatadas: “Excepto en los casos de NCG y CX, el FROB no aprobó durante el periodo fiscalizado un procedimiento que estableciera las reglas básicas aplicables a cada una de las ventas de entidades de crédito”. O dicho de otra manera, el FROB actuó de manera completamente libérrima a la hora de vender las cajas recapitalizadas con dinero público a otras entidades financieras: actuó libérrimamente, por tanto, a la hora de escoger al comprador, de fijar el precio y de determinar las condiciones de la operación.
Imaginen por un momento el gigantesco poder que detentaron los miembros del FROB sin siquiera hallarse sujetos a los más mínimos controles: manejaron decenas de miles de millones de euros de los contribuyentes para reflotar a compañías quebradas que luego pudieron regalar a grupos económicos afines. En ningún momento, pues, se sometieron a un procedimiento reglado que pusiera coto a su arbitrariedad, de modo que el riesgo de abuso de poder resulta demasiado grande como para poderlo soslayar. Un auténtico festín de potencial corrupción.
De hecho, una de las rúbricas donde mayores destrozos pudo haber generado el FROB es, justamente, el de los ya mencionados esquemas de protección de activos (EPA). Los EPA son garantías frente a pérdidas que otorgó el Estado a los compradores de cajas quebradas para que aceptaran adquirirlas. Por ejemplo, el Banco Sabadell compró la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) a cambio de un euro, ya que aceptó hacerse cargo de todas las deudas de la CAM. Sin embargo, para que la transacción le resultara suficientemente atractiva al Sabadell, el Estado le prometió que cubriría todas las pérdidas que se derivaran de los activos más problemáticos de la CAM hasta un importe de 16.600 millones de euros. Es decir, en realidad, el Estado pagó al Sabadell para que se hiciera cargo de la CAM. Lo que ahora nos está diciendo el Tribunal de Cuentas es que el FROB no se sometió a ningún control a la hora de determinar qué precio debíamos abonar entre todos al Sabadell (o a otros bancos que se beneficiaron de los EPA). Lean el rapapolvo que al respecto recibe el FROB:
El FROB no determinó los criterios financieros, fiscales y de oportunidad que debían aplicarse para valorar, ordenar y seleccionar cada uno de los instrumentos de apoyo financiero que cabría adoptar en cada proceso, especialmente en los de resolución y venta de entidades; criterios que resultaban esenciales para poder conseguir el objetivo de asegurar la utilización más eficiente de los recursos públicos, minimizando los apoyos financieros públicos, establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2012.
A tenor de las graves irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en el manejo del rescate bancario, urge una investigación mucho más profunda que permita aclarar si hubo o no administración desleal por parte del FROB y de sus superiores políticos. Como decíamos, el rescate estatal a cargo del contribuyente jamás debería haberse producido: pero, una vez tuvo lugar, las administraciones públicas encargadas de gestionarlo deberían haber orientado todos sus esfuerzos en minimizar el quebranto que iba a suponer para el contribuyente. El Tribunal de Cuentas acaba de revelar que no se siguieron los procedimientos mínimamente exigibles para hacerlo. Toca clarificar y, en su caso, depurar responsabilidades. Ya basta de que la oligarquía político-financiera juegue con las cartas marcadas, de que les paguemos la fiesta y de que, para más inri, nos inflen descaradamente las facturas.
