Es una idea que va más allá del legítimo derecho de no pactar con quien representa una opción con visiones opuestas a las propias.
José María Aznar asumió la presidencia del Partido Popular en 1990. El antecedente de Hernández Mancha podía presagiar otra sucesión fallida de Manuel Fraga, pero muy pronto el nuevo líder del centro derecha demostró que tenía dotes políticas notables. El conveniente y sempiterno sillón de líder de la oposición no era lugar para el joven y ambicioso Aznar. Él estaba dispuesto a aunar toda la derecha, entonces dispersa geográficamente, y llevarla al gobierno.
Entonces, el Partido Socialista, que parece no desaprovechar una sola ocasión de demostrar una actitud antidemocrática, lideró un acuerdo llamado “bloque constitucional”. En el mismo estaban el PSOE, el PNV, CiU, y el Partido Comunista rebautizado como Izquierda Unida. Fuera, claro está, se encontraba el Partido Popular. La operación tenía dos teatros; uno, el Parlamento donde los grupos políticos “constitucionales” acordaban aislar al partido español de centro derecha. Y dos, los medios de comunicación, la monopolística TVE al frente, donde explicaban los motivos que llevaban a expulsar a “la derecha” del juego democrático. ¡Cómo han cambiado las cosas desde entonces! Resulta que hoy CiU no se identificaría con un “bloque constitucional”, y acusaría al Partido Popular de formar parte de él.
No es la única vez que alguien ha cercado a un partido político. Recordemos el Pacto del Tinell, un acuerdo para un gobierno nacionalista y de izquierdas, hendíasis de la política española. El acuerdo fue firmado el 14 de diciembre por ERC, Iniciativa per Catalunya y el PSC. La elección del Salón del Tinell no creo que fuera casual, es la sala de ceremonias del que fue Palacio Real, sede de los reyes de Aragón, título que pertenece a la Corona Española. El pacto tenía un anexo en el que se describía los “criterios sobre actuación política en general”. El gran periodista Antxón Sarasqueta lo tiene publicado en su página. En él se dice que “los partidos firmantes del presente acuerdo se comprometen a no establecer ningún acuerdo de gobernabilidad -acuerdo de legislatura y acuerdo parlamentario estable- con el PP en el Gobierno de la Generalitat. Igualmente se comprometen a impedir la presencia del PP en el Gobierno del Estado y a renunciar a establecer pactos de gobierno y pactos parlamentarios estables en las cámaras estatales”.
El Partido Popular gozaba entonces de la mayoría absoluta, de modo que esta última provisión carecía entonces de sentido. ¿Por qué la incluyen, entonces? Porque contaban con que en las siguientes elecciones el resultado del Partido Popular sería peor que ese acuerdo mayoritario en ambas cámaras. ¿Qué elementos de juicio podrían tener, si las encuestas auguraban otra mayoría absoluta para el sucesor de Aznar?
Puede que la respuesta esté en lo que ocurrió antes y después del Pacto del Tinell. Antes, en el primer trimestre de 2001, Josep Lluís Carod Rovira y la cúpula de ERC mantuvieron una serie de reuniones con la ETA (con Arnaldo Otegi), según desveló el diario ABC. Después, Carod Rovira dijo aquéllo de que ETA no tenía que atentar en Cataluña porque Cataluña no es España, de modo que podía dirigir sus bombas contra el enemigo común. Esto lo hacía Rovira para sacar rédito político de su acuerdo con la ETA; había logrado el objetivo de salvar a los catalanes de la común lucha contra el resto de España. ERC y la ETA y su marca electoral tenían un enemigo compartido, con el objetivo de derribarlo. La Constitución de 1978, del Rey abajo (por eso la celebración en el Tinell), y al Partido Popular como garante de todo ello. El Partido Popular, pero no el PSOE, cuyo apéndice (órgano no vital) en Cataluña había pactado con ERC, que a su vez había pactado con ETA.
¿Y qué ocurrió después del Pacto del Tinell? Los atentados del 11 de marzo de 2004. Tres lustros después de aquél atentado seguimos sin saber qué condujo a la muerte de 193 personas, ni quién ideó, o por qué, aquélla matanza. Ni sabemos a qué se refería el ex juez Gómez Bermúdez cuando sentenciaba que “España no está preparada para saber la verdad” de aquellos atentados. Pero sí podemos dar por ciertos varios elementos que nos indican qué es posible, y qué no. Con eso tenemos que jugar.
Sabemos que hay una versión oficial, y que es falsa. La llamada “teoría conspiranoica” no es una teoría, sino la constatación de que Alfredo Pérez Rubalcaba entendió, cuando era miembro del gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, que España merece un gobierno que mienta, porque daba por buena una versión que se cae a pedazos. Epítome de ese juego de “inteligencia” improvisado es la mochila de Vallecas, que nunca tuvo posibilidades de detonarse, y que contenía metralla; un elemento ausente en las bombas que sí estallaron.
Sabemos que las encuestas le daban la victoria por mayoría absoluta, o en sus cercanías, al candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy. Y sabemos que lo que decían las encuestas se corroboró con los resultados de las votaciones por correo, unos resultados que no podían contaminarse por la manipulación de los atentados, en contra del Gobierno y en contra del Partido Popular.
Sabemos que los atentados tuvieron lugar el 11 de marzo de 2004. Es decir, tres días antes de las elecciones generales. Sus autores, sean cuales fueren, quisieron influir en el sentido de la votación. Ya fuera la ETA, como se dijo en un principio, o un nuevo y extinto grupo yihadista, como se ha determinado más tarde, quien lo organizase quería expulsar al PP del poder.
Sabemos también que José Luis Rodríguez Zapatero no estaba en el ajo. Sé, por cuestiones personales que no vienen al caso, que él daba por hecho que perdería las elecciones. Y también sé que al menos Miguel Ángel Moratinos no contaba con ser ministro.
Creo, y esto no es ya la constatación de un hecho, que hay que conocer muy bien al pueblo español para saber que los atentados iban a tener, como es el caso, los resultados deseados. En Francia, o en los Estados Unidos, hubieran supuesto un torrente de votos para el presidente. En España nadie cuenta con que el orgullo y la valentía se vaya a manifestar en un acto secreto, o discreto, como es el voto. Lo cual quiere decir que quien idease el atentado, aunque fuera extranjero, contaba con contactos no ya en España, sino de españoles.
Que los atentados fueron contra toda España me parece incontrovertible. Que fueron específicamente contra el Partido Popular, también. Era él quien estaba en el gobierno y salió en unas elecciones que se celebraron en condiciones muy irregulares. Yo recuerdo vivamente cómo en la sesión en la que se votó a Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, los grupos políticos se referían al PP en términos que enlazaban con la Guerra Civil. Y se inició un programa político encaminado a deslegitimar al PP como opción democrática, del que la Ley de Memoria Histórica es sólo una parte, y que contaba con el apoyo de intelectuales como Boris Izaguirre.
La crisis arruinó al PSOE, arruinó nuestro sistema político, y permitió la entrada de Podemos. Un partido que identifica la ética con el rechazo a que el PP… forme parte del juego de pactos. Y luego Rajoy mató al PP y le señaló la puerta de salida a liberales y conservadores. Y, grosso modo, ahí tenemos a Ciudadanos y Vox.
Hoy, el centro derecha está dividido en tres partidos. Resurgen las viejas apelaciones al cerco a la derecha, pero no es tan fácil de articular si el bloqueo, el sectarismo partidista, se dirige a los tres partidos. No es ni siquiera conveniente para el PSOE por dos motivos, uno: Ciudadanos le da poder de negociación frente a Podemos más nacionalistas. Dos: apuesta por un bipartidismo imperfecto que mantenga al PP como líder de una derecha dividida y perdedora.
Pero hay una salida, que es el veto a Vox. Es un veto fácil. Sólo hay que pronunciar la palabra “ultraderecha”, aunque en realidad no sea tan fácil encajar a Vox ahí. Y es efectivo. Si se logra que Vox quede fuera del juego de pactos, se habrá anulado a una parte no desdeñable del electorado de derechas. Vox hace de ancla del sistema político, quitando algunas excentricidades, como su propuesta de eliminar las autonomías, y algunas villanías, como su intención de quitar de las calles de Madrid el día del Orgullo Gay. Y encarna una revuelta de parte de los votantes contra el pegajoso manto ideológico que, con nuevas claves, busca de nuevo transformar la realidad y expulsar de nuevo al centro derecha del proceso político.
Es el mismo proceso una y otra vez. Es una idea que va más allá del legítimo derecho de no pactar con quien representa una opción con apoyos, intereses y visiones opuestos a los propios. Es la pretensión de que una parte de la sociedad no tiene el derecho de otra a ejercer el poder, aunque cumpla los requisitos legales y los que impone el sistema político. Es la pretensión de cambiar por completo el sistema político, para lo cual hay que sobreponerse a una parte de la sociedad española que no quiere una democracia con las cartas marcadas.
