Otro buen ejemplo es la “Ley del Medicamento” promovida por el gobierno socialista, aprobada el pasado jueves en el Congreso y pendiente de ser tramitada en el Senado. Esta ley amenaza con estrangular buena parte de la inversión en I+D del sector más intensivo en este campo y que es responsable de cerca del 20% del total de la investigación realizada por la industria española.
El gobierno dice ser consciente del problema de nuestra baja inversión en investigación y desarrollo, situada en torno al 1% del PIB, y afirma tener un plan para elevar esa cifra hasta el 2% en el que se sitúa la media comunitaria. Sin embargo, la ley recoge, confirma y refuerza la alta traición de los parlamentarios europeos contra los ciudadanos aboliendo el derecho de información y publicidad al paciente por parte de las empresas que crean o comercializan las medicinas. Esta medida contraria a toda carta de derechos en occidente y a cualquier principio ético no sólo tiene importantes consecuencias perversas sobre la salud pública sino que además daña la inversión en Investigación y Desarrollo al alargar artificialmente los plazos de recuperación de la inversión y ralentizar la llegada de nuevos fármacos al mercado.
La rebaja forzosa de precios en el marco del sistema de control de precios impuesto unido al nuevo descuento automático cuando los fármacos cumplan 10 años desde su incorporación al sistema público de salud, son una vuelta de tuerca más en el intento de compensar el desastre financiero de la seguridad social con el estrujamiento de los márgenes de beneficios de este innovador sector. Por si todo esto no fuera suficiente para espantar a todo inversor en innovación, la nueva ley fija un nuevo impuesto (“aportación” según la eufemística intervencionista) sobre el volumen total de las ventas realizadas a través de receta oficial del Sistema Nacional de Salud. Una nueva ocurrencia que anima sobremanera a deslocalizar la investigación y llevarla a países donde esta actividad es más querida y respetada.
Todas estas tropelías se ponen en marcha a sabiendas de sus efectos perniciosos sobre la investigación, la salud pública y la cartera del ciudadano. ¿Aparecerá en el Senado algún político que denuncie tanta hipocresía? Por la salud de nuestra sociedad, confiemos en que así sea.
