Sin embargo, el Congreso ha aprobado recientemente una medida de similares características: una elevación de la presión fiscal, sólo que encubierta.
Se trata de la reforma de la Ley de Tráfico. En esencia, lo que persigue el Gobierno con este proyecto es convertir a la Guardia Civil en un organismo más de Hacienda. Un nuevo brazo ejecutor del Fisco, sólo que especializado en la persecución de automovilistas, con el fin de incrementar los recursos no financieros del Estado por la vía punitiva.
Y es que el objetivo de la reforma vial, pese a que se nos intenta colar por "nuestro bien", está meridianamente claro: permisividad 0 si se excede en un solo kilómetro por hora el límite de velocidad establecido por la autoridad competente mediante el uso de radares de tramo; sanciones que oscilan entre los 100 y los 600 euros, según la gravedad de la infracción; además, tales cuantías podrán incrementarse en un 30%, si así lo considera el agente.
Por otro lado, el Gobierno ha insistido en que el conductor podrá beneficiarse de un descuento del 50% si paga la multa en un plazo de 15 días desde el momento de la notificación. Olvida destacar, sin embargo, que el infractor tan sólo recibirá un aviso frente a las tres notificaciones que se realizaban anteriormente. Cabe recordar que, si por casualidad, ésta no se recibe, el proceso continúa y el impago de la multa en plazo disparará el coste final de la sanción.
La norma tiene un afán 100% recaudatorio. En este sentido, el Estado, por desgracia, se ha decantando por imitar las medidas recaudatorias puestas en macha por las autoridades locales. Así, los ingresos por multas de tráfico se han disparado más de un 50% interanual en muchos ayuntamientos.
Lo más grave de la nueva ley, sin embargo, es la indefensión que conlleva. El Comisario Europeo del Automóvil (CEA) se apresuró a tildar de "ilegal" la reforma tras su aprobación en el Congreso. Y no le falta razón a este club de automovilistas. El conductor deberá decidir pagar o no, con descuento, sin conocer si existen pruebas fehacientes e irrefutables en su contra; no tendrá derecho a dos intentos de notificación en su domicilio; no tendrá derecho a ver el informe del agente denunciante si niega o contradice los hechos denunciados; y, entre otras lindezas jurídicas, no tendrá derecho a formular recurso de alzada, con lo que la Administración denunciante será juez y parte en el procedimiento.
Así pues, no es estrictamente necesario que el Gobierno anuncie una subida de tipos en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades para sablear al contribuyente. Existen muchas vías y fórmulas para ocultar el aumento de la presión fiscal, desde la subida de la luz a la eliminación de deducciones, más y mejores inspecciones tributarias, la no deflactación del IRPF, la eliminación de paraísos fiscales…
Por el momento, el bolsillo de los fumadores y los conductores serán los primeros en experimentar la política social y solidaria de Zapatero. No se preocupen. Pasito a pasito, nuevos colectivos se irán sumando al nuevo régimen fiscal del Gobierno socialista. Muy pocos quedarán exentos al término de este proceso. ¡Ah, sí, los propios políticos!
