Es urgente que España fortalezca el tejido empresarial, no saquearlo, si queremos mejores salarios, productividad y estado de bienestar.
I screamed aloud to the old man I said, «don’t lie, don’t say you don’t know» I said, «you’ll pay for this mischief» «Ah, in this world or the next». Adrian Smith, Bruce Dickinson
Es triste que, en España, un país con uno de los niveles de paro más altos del mundo, se extienda de una manera tan rápida la demagogia anti-empresa y anti-capital. Como si tuviéramos el lujo de poder enfrentarnos a una recesión como ricos. En muchos aspectos, España se ha convertido en el país de “todo gratis cueste lo que cueste, pero que pague otro”.
La represión fiscal y la amenaza política generan efectos mucho más graves que la mal llamada “incertidumbre”. Cualquier empresario del mundo invierte y crea empleo en entorno de incertidumbre. Las constantes amenazas a las empresas que sufrimos en este país lo que generan es certidumbre negativa: que no merece la pena arriesgar esfuerzo, ahorro e inversión porque el resultado será expoliado y el mérito demonizado.
Los datos de paro de noviembre han sido atroces. Los resultados empresariales, muy pobres. La combinación es letal.
La tendencia de deterioro del mercado laboral es simplemente deprimente en un país que empezaba a generar empleo de manera intensa y saliendo de la crisis. Asusta escuchar al Ministerio de Trabajo afirmar que “no se detecta que el aumento del salario mínimo interprofesional se haya traducido en que se ha destruido empleo», pero “existen «problemas en sectores específicos, donde ha aumentado la economía sumergida: el empleo doméstico y el sector agrícola”. Fascinante. No se destruye empleo, es que se van a la economía sumergida.
Los datos de noviembre reflejan una tendencia muy negativa:
El empleo indefinido a tiempo completo se desplomó un -27,8% mensual, frente al -1,8% de octubre de 2018. El descenso acumulado ya es del -13% anual. En 10 de los 11 meses de este año descienden los contratos indefinidos a tiempo completo, además agricultores, empleados del hogar y jóvenes ya están siendo expulsados del mercado laboral. El sector servicios (que es casi el 67% del PIB) ya roza la cifra de paro del año pasado, rompiendo la tendencia de mejora desde 2015.
Eliminando el efecto de la estacionalidad el dato de paro de noviembre es el peor desde 2013. En términos interanuales ya se crea menos empleo que en el período previo a la crisis.
Mientras nos dicen que todo esto es por la excusa del brexit o ridiculeces similares, en Reino Unido el paro es del 3,8% mejorando en términos anuales y trimestrales y el más bajo en 45 años. En la Unión Europea el paro es el más bajo desde el año 2000, y en EEUU el paro más bajo desde 1969. Aquí seguimos poniendo escollos a la contratación con el mayor aumento de impuestos al trabajo de la democracia escondido bajo el subterfugio del SMI. Casi 100.000 afiliados menos en los últimos doce meses (431.254) comparado con el mismo periodo en 2015 (527.335), 2016 (557.437), 2017 (637.232) o 2018 (527.868). Eso es destruir empleo, cuando deberíamos estar creciendo con mucha mayor intensidad y atrayendo inversión, no amenazándola.
Debemos preocuparnos mucho por los beneficios empresariales. Los resultados de las grandes empresas cayeron un 44,5% en los nueve primeros meses de 2019 según la Central de Balances Trimestral (CBI) del Banco de España. Lo triste es que los intervencionistas nos intenten decir que los beneficios se disparan (falso) mientras los salarios no suben (falso). El efecto a corto plazo de la venta de activos en 2018 y la realidad de la tendencia desde 2009 desmonta ese argumento.
Si miramos el beneficio ordinario, resultado económico bruto de explotación y EBITDA (resultado antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) el crecimiento es muy pobre y la tendencia es negativa. Una evidente recesión de beneficios.
La central de balances muestra como los beneficios ordinarios de las empresas no han mejorado prácticamente nada desde 2009, poco más que salir de pérdidas para volver a tendencia negativa, mientras el porcentaje de beneficio ordinario dedicado a salarios se mantiene a niveles muy similares (más del 65%). En positivo se puede decir que las empresas han reducido su endeudamiento y son menos frágiles, pero no mucho más fuertes.
Lo más preocupante del análisis de la Central de Balances es el estancamiento de beneficios empresariales en toda la serie mostrada unido al hecho de que la rentabilidad ordinaria de los recursos propios es muy pobre y, lo más preocupante, que la rentabilidad del activo neto se mantiene por debajo del coste de capital medio en la mayoría de los casos, es decir, la gran parte de las empresas incluidas en el análisis pierden dinero al invertir con respecto a su coste medio de capital (WACC).
Lo que refleja claramente el estudio de la central de balances es que España tiene empresas muy pequeñas, frágiles y poco rentables, incluso las mal llamadas «grandes empresas».
En España la definición de “gran empresa” en términos fiscales es francamente desalentadora. Una “gran empresa” en España es aquella cuyo volumen de operaciones en el ejercicio anterior es superior a seis millones de euros (concretamente 6.010.121,04 euros). Vamos, que no son Amazon ni Google. De hecho, las “grandes empresas” españolas son mucho más pequeñas que sus comparables globales y europeos. Recordemos que en la Unión Europea la definición de empresa mediana supone menos de 50 millones de euros de volumen de negocio.
España no va a acabar con la lacra del paro poniendo mayores escollos e impuestos al empleo, y no va a fortalecer su crecimiento, salarios y bienestar distorsionando la definición de “gran empresa” mientras demoniza a los que invierten, crean empleo y traen progreso a nuestro país.
Es urgente que España fortalezca el tejido empresarial, no saquearlo, si queremos mejores salarios, productividad y estado de bienestar. España necesita más grandes empresas, más inversión y menos populistas redistribuidores de la nada. Si no, España en pocos años seguirá los tristes pasos de Grecia.
