El PP siempre ha querido presentarse como un partido afín al liberalismo; al menos al liberalismo en su vertiente económica: sus (propagandísticos) mensajes se han concentrado tradicionalmente en la necesidad de contener el crecimiento del Estado, de bajar impuestos y de crear un entorno institucional propicio para el libre desarrollo de la función empresarial.
Tras apenas una primera semana en el poder, los españoles ya pudimos comprobar cómo se mofaban de sus dos primeros mensajes: su insaciable voracidad fiscal, traducida en una salvaje subida del IRPF, buscaba mantener a toda costa la burbuja del sector público; desde entonces, su rapiña tributaria no ha hecho más que repetirse con insoportable frecuencia en IVA, Sociedades, Especiales y cotizaciones sociales.
Pese a los continuados rejonazos fiscales, infligidos siempre con las risueñas carcajadas de Montoro y la cómplice bendición gremial de Nadal, los hay que todavía aspiran a ver en el PP algo distinto a un subproducto nacional del peronismo argentino: se nos repite que “las sangrantes subidas de impuestos tienen un carácter temporal”, “que su único propósito es hacer frente a una situación de emergencia en las cuentas públicas heredada por el PSOE”, “que ningún partido político, por liberal que fuese, podría haber hecho otra cosa” o que “para comprobar la auténtica afinidad de este Gobierno con el liberalismo hay que atender a las reformas estructurales que facilitan el libre emprendimiento”.
Dejando de lado las flagrantes mentiras que esconden la mayoría de los asertos anteriores (para comprobar que sí existía una alternativa liberal a la nefasta política tributaria del PP puede consultarse, por ejemplo, mi nuevo libro) me interesa centrarme en la última de las afirmaciones: que si bien la coyuntura obliga al PP a comportarse tal como proponía Izquierda Unida en su programa electoral, al menos sí está creando un ambiente propicio para que los emprendedores puedan desplegar sus ideas de negocio.
Más allá de esas tropecientasmil y una reformas estructurales, de esa “Ley de Fomento del Emprendimiento” o de ese aplazamiento del pago del IVA tantas veces anunciados como postergados sine die, existe una característica elemental que permite distinguir si un Gobierno respeta a los empresarios o, por el contrario, sólo busca pastelear con los afines (véase la reforma eléctrica a la medida de los intereses de Montoro) y machacar a aquellos otros que, por cualquier motivo, les resultan incómodos: la caracterización que hace de ellos ante la ciudadanía, no como conceptos teóricos abstractos (“alabado sea el emprendedor”) sino como realidades prácticas que día a día toman sus decisiones y tratan de sacar adelante sus empresas.
Y, desde esta óptica, el Gobierno del PP no hace sino confirmarse como vástago del populismo peronista. En los últimos meses hemos asistido a una campaña de desprestigio y acoso contra dos sectores empresariales enteros, no con el propósito de eliminar las barreras regulatorias que limitan la competencia, sino con miras a redirigir hacia ellos parte del descontento popular derivado de la crisis y de la pésima gestión del PP. Me estoy refiriendo al sector de las petroleras y de las grandes superficies.
El ataque a las petroleras
Desde los mínimos registrados a comienzos de 2009, el precio antes de impuestos de la gasolina 95 se ha encarecido un 150% (desde 30,3 céntimos el litro a comienzos de enero de 2009 a 77,5 céntimos el litro a medios de octubre) y el del gasóleo un 100% (desde 40,9 céntimos a 81,2 céntimos el litro); paralelamente, el precio del barril de Brent (en función del cual se determinan los precios anteriores) ha aumentado un 152% en dólares (desde una media de 44,8 dólares el barril en enero de 2009 a una de 113,3 en septiembre de 2012) y un 160% en euros (desde 33,7 euros a 87,9 euros, según el tipo de cambio vigente en cada mes).
Diríase que, en apariencia, ambos precios van bastante de la mano (y eso que el coste del barril es sólo uno de los muchos elementos que determinan el precio final de la gasolina y el gasóleo, pues éstos todavía deben ser refinados, transportados, comercializados, almacenados, etc.) pero, uno no sabe muy bien por qué, desde hace años impera la percepción sesgada de que las petroleras se lucran a costa de los consumidores imponiéndoles precios mucho más elevados de lo que justificaría la evolución del barril de crudo. Acaso sea que nos resulte más cómodo identificar un culpable concreto de nuestras desdichas que atribuirlo simplemente a fuerzas impersonales que no podemos controlar.
Pero si, hasta cierto punto, es comprensible (que no justificable) que el ciudadano de a pie concentre su ira contra las petroleras, lo que resulta del todo punto inaceptable es que el Gobierno trate de canalizar contra ellas ese descontento popular, capitaneando la demagogia más ramplona e incluso abusando de instituciones supuestamente independientes como la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).
Así, tras una consulta/presión de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo (sic) a la Empresa, la CNC emitió un informe cuyas principales conclusiones reprodujeron todos los medios de comunicación: debido a la falta de competencia, los precios antes de impuestos de la gasolina y el gasóleo en España son, de acuerdo con la UE, los terceros más elevados de Europa y, para más inri, los márgenes brutos de las petroleras han crecido un 20% entre 2007 y 2010. ¿Conclusión? El Gobierno está legitimado para perseguir, sancionar, trocear, redistribuir y desmantelar las estaciones de servicio españolas.
Bastaba, sin embargo, con chequear mínimamente los datos para echar por tierra las conclusiones fantásticas de la CNC. Empecemos con los precios de la gasolina y el gasóleo antes de impuestos: a comienzo de junio, el precio de la gasolina en España era el octavo más caro de Europa y el del gasóleo, el undécimo más caro; en julioera el décimo cuarto y duodécimo más caro; en agosto, el quinto y noveno más caro; en septiembre, los décimos más caros; y en octubre, el décimo tercero y duodécimo más caro. La CNC atribuye los altos precios del carburante en España con respecto a Europa a las restricciones a la competencia, pero, ¿cómo es posible que las mismas restricciones a la competencia provoquen cambios tan importantes en la posición relativa de España (desde el quinto al décimo cuarto puesto)? ¿Son estas restricciones las responsables de que España esté en ocasiones en el puesto 14º o de que en otras esté en el quinto?
Mas la prueba del algodón no es ésta. La CNC pretende probar que las petroleras inflan los precios de la gasolina y del gasóleo apuntando a sus amplios márgenes brutos que, además, se han expandido un 20% durante la crisis. Pero el margen bruto es una pésima medida de la rentabilidad de un negocio: ni tiene en cuenta los costes indirectos de la empresa (lo que nos llevaría al margen neto), ni el número de unidades sobre las que se obtiene ese margen neto (lo que proporcionaría los beneficios netos), ni la inversión necesaria para lograr esos beneficios netos (lo que nos conduciría a la rentabilidad sobre activos o ROA). Una compañía puede tener un margen bruto enorme y perder dinero (si sus costes indirectos son muy altos) o ganar muy poco dinero en relación con la inversión necesaria para obtenerlo (para ganar 1 millón al año he de invertir 1.000 millones).
Pues bien, ¿cuál fue en 2011 el margen neto y la rentabilidad sobre el activo de las dos mayores distribuidoras de España, Repsol y Cepsa, en su segmento downstream (refino y distribución)? El margen neto de Repsol (antes de impuestos) fue del 3% y el ROA (también antes de impuestos) del 6%. En el caso de Cepsa, su margen neto en el segmento downstream fue del 0,56% y su ROA del 2,9%. En suma, Repsol ganó por vender petróleo lo mismo que si hubiese invertido todo su capital en deuda pública española, y Cepsa, la mitad. Todo ello antes de impuestos.
No parece, en suma, que en 2011 las petroleras españolas se forraran a la hora de comercializar la gasolina y el gasóleo después de tener en cuenta todos los costes. No en vano, desde 2004 la mayoría de petroleras extranjeras (Shell, Caprabo, ERG, Esso, Agip, BP o Texaco) han ido enajenando la totalidad o buena parte de sus estaciones de servicio en España, ese negocio supuestamente tan rentable y provechoso.
De hecho, aquí reside una de las principales contradicciones de nuestro hipócrita gobierno: si, como trata de argüir, el negocio de la distribución es tan sumamente rentable, ¿por qué las compañías extranjeras no están entrando en masa para abrir nuevas estaciones de servicio en nuestro país? Sólo caben dos opciones: a) la administración impide la apertura de estaciones de servicio; b) el negocio no es tan rentable como se nos quiere hacer creer. Tanto lo uno como lo otro suponen un tortazo para el sector público: lo primero por limitar la competencia; lo segundo por engañarnos.
La realidad probablemente sea una mezcla de ambos motivos: las autoridades locales, cuando planifican a la soviética los usos del suelo, han ido restringiendo la apertura de nuevas estaciones de servicio (al menos, aquí, la CNC acierta cuando en su punto 134 califica el planeamiento municipal de “altamente restrictivo con las estaciones de servicio”), lo que de seguro provoca que en algunas zonas haya gasolineras muy rentables a las que no se les puede ejercer una competencia directa por barreras regulatorias; pero ello no obsta para reconocer que, en general, el negocio se caracteriza por su escasa rentabilidad.
El ataque a las grandes superficies
Pero las petroleras no han sido las únicas víctimas de las injustas invectivas del Gobierno del PP. En el Consejo de Ministros del pasado viernes, el ministro del departamento más hipersubvencionado de todos, Miguel Arias Cañete, arremetió contra las grandes superficies españolas (Mercadona, Eroski, Carrefour, El Corte Inglés y Alcampo) por aprovecharse de sus proveedores gracias a su posición de dominio en la cadena de distribución. Con tal de regular este sector, Arias Cañete, el enésimo ministro libertario del Ejecutivo, presentó unanteproyecto de ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
En general, y a falta de mayor concreción, el anteproyecto es tan insulso que no satisface a ninguna de las partes, pues sólo se encarga de incrementar los costes de los tratos mercantiles obligando a formalizarlos por escrito. Poca chicha salvo por un elemento esencial: “se incluye un precepto sobre gestión de marcas que prohíbe el aprovechamiento de la iniciativa empresarial ajena mediante la utilización de envases y presentaciones de marcas o nombres comerciales de otro operador”. En román paladino: el Gobierno pretende poner coto a las marcas blancas, esa estrategia comercial consistente en vestir como marca del supermercado productos de otras compañías.
La marca blanca beneficia potencialmente a todas las partes pero, sobre todo, a los consumidores: dado que los distribuidores incrementan de manera muy considerable sus ventas, son capaces de ofrecer precios mucho más bajos sin ver reducidos sus beneficios. El supermercado termina de comoditizar, merced a la garantía que ofrece su buen nombre, una parte de los productos que oferta y cuya marca original los consumidores han dejado de valorar lo suficiente como para abonar una prima en su precio: de ahí que el minorista suprima la marca, baje precios y reduzca los beneficios que afluyen al productor original (y que se justificaban por el prestigio que la marca desvalorizada imprimía a la mercancía). Las marcas blancas son lo más parecido que existe a los medicamentos genéricos y, sin embargo, el Gobierno las persigue mientras que promueve el uso de éstos (acaso porque, en materia de medicamentos, el Ejecutivo desempeñe el rol de comprador).
La extensión de las marcas blancas es justo el modelo que ha aplicado Mercadona y que tantos éxitos le ha granjeado: dado que, gracias a ellas, este distribuidor es capaz de ofrecer precios mucho más baratos que la competencia y dado que los consumidores prefieren ahorrarse ese diferencial antes que pagar un sobreprecio por un marca distintiva y reconocida, sus ventas no han dejado de crecer. Soberanía del consumidor, se llama: esa misma contra la que este liberticida Gobierno quiere atentar después de haberla esquilmado ya con una agresiva subida del IVA.
Limitar el uso de marcas blancas no sólo encarecerá los precios (en provecho privativo del lobby de productores con marca desvalorizada), sino que puede erosionar los márgenes y los beneficios de los principales grupos de distribución de este país. Para algunos, como Arias Cañete o su más moderado par Sánchez Gordillo, puede que sea un loable objetivo debido a las injustificadas ganancias que obtienen; para otros, todos aquellos que hayan acudido a la fuente de los datos, constituye un nuevo disparate intervencionista y antiempresarial.
Basta con leerse los balances y las cuentas de resultados de Mercadona, Eroski y Carrefour. En 2011, Mercadona obtuvo un margen neto del 2,8% y una rentabilidad de 8% (poco margen de ganancias y muchísimas ventas dieron lugar a rentabilidades apreciables); Eroski, un margen del 2,1% y un ROA del 1,2%; y Carrefour, un margen del 0,5% y una rentabilidad del 0,8%. Tales márgenes y rentabilidades deberían servir para despejar no sólo la extendida demagogia de que estos distribuidores explotan a los agricultores por comprar sus productos a precios muy inferiores a aquellos a los que terminan vendiéndolos a los clientes finales (como si los costes de los distribuidores no se multiplicaran también en el proceso) sino para constatar que la supervivencia de muchos de los supermercados y de los empleos de estos grupos empresariales pende de un hilo que este descerebrado Ejecutivo parece decidido a cortar.
Un Gobierno enemigo de los empresarios
La aversión del PP al mercado y a la propiedad privada no sólo se ha traducido en la mayor sucesión de subidas de impuestos de nuestra historia reciente, sino también en un creciente acoso populista contra aquellas empresas que bregan en esta crisis por sobrevivir. La casta sigue manteniendo su bota sobre los empresarios díscolos, ya sean pequeños, medianos o grandes; las reglas de juego constituyen únicamente el decorado que nuestros políticos pueden machacar a conveniencia para imponer sus intereses particulares y de partido. Sin llegar a las expropiaciones del peronismo kirchnerista, el peronismo rajoyano sí se muestra encantado con difamar y perseguir legislativamente a aquellos empresarios contra los que quiere canalizar el descontento social. El mensaje está claro: si piensas triunfar y crear riqueza, no oses instalarte a España. Éste es sólo territorio apto para los círculos del poder.
