Es decir, aprobar ingentes inyecciones de gasto público, ya sea impulsando la obra pública o ampliando la cobertura por desempleo. Ni rastro de reforma laboral. De hecho, la nueva ministra de Economía, Elena Salgado, tiende su mano a los sindicatos en aras de mantener la tan ansiada pax social.
Nada nuevo bajo el sol. Lo más preocupante, sin embargo, es que el plan de reformas que acaba de proponer el PP denota que el principal partido de la oposición sigue en la inopia. La clase política española parece no percatarse de que España, al igual que está sucediendo en Europa del Este, se hunde. Si hace dos años lo que se negaba era la crisis, hoy PSOE y PP no se enteran del riesgo real de depresión económica a la que se enfrenta este país. Rajoy sigue sin respuestas.
El presente año arroja un panorama muy preocupante, con un paro que rondará el 20% a finales de 2009, un déficit público superior al 8% del PIB y una contracción de la economía nacional de entre el 5% y el 8%. Pero en 2010, el escenario será desolador. De no apostar por las reformas necesarias, la tasa de paro podría alcanzar el 30%. La rigidez laboral, la falta de competitividad exterior, la creciente insolvencia bancaria y la escasa productividad son materias de emergencia nacional.
Y puesto que el PSOE ya ha marcado su nueva estrategia –comprar votos vía subvención, hasta que sea posible–, ¿qué hoja de ruta propone el PP? Limitar el gasto público en los Presupuestos Generales del Estado en los años venideros al 2% como máximo y consensuar –algo imposible– un techo de gasto en las comunidades autónomas y las corporaciones locales de las grandes ciudades.
En materia fiscal se limita a incrementar el tipo de deducción en el IRPF por la adquisición de vivienda hasta el 25% (desde el 15% actual); sustituir en 2009 la deducción de 400 euros anuales en la cuota del IRPF por una reducción equivalente de la parte correspondiente al trabajador de las cotizaciones sociales; aprobar una nueva deducción en el IRPF del 10% de los rendimientos del trabajo destinados al ahorro a medio y largo plazo; mejorar la fiscalidad de los planes de pensiones (que no concreta); y reducir el Impuesto sobre Sociedades al 20% para las pymes.
Error. El Estado y el conjunto de las Administraciones Públicas deben recortar drásticamente el gasto público e, incluso, eliminar por completo no sólo ministerios y organismos oficiales, sino partidas presupuestarias completas, desde subvenciones hasta programas de inversión pública. De mantener el nivel de gasto de años pasados, y dado el desplome que sufre y sufrirá la recaudación fiscal, el déficit presupuestario se traducirá en un disparatado aumento de la deuda pública hasta niveles superiores al 80% ó 90% del PIB nacional en los próximos años. Con todo lo que ello conlleva: drástico aumento de impuestos (véase Irlanda), nueva degradación de los bonos del Tesoro español (coste de la financiación pública insostenible) y la reacción por parte de la UE (sanciones, ¿expulsión del euro?).
Además, sin recorte del gasto público, la tímida rebaja de impuestos que propone el PP será inocua y del todo insuficiente para incentivar el ahorro y aumentar la liquidez de empresas y familias. De hecho, España debería apostar por una recorte sin precedentes de la presión fiscal. Por otra parte, todo lo anterior tampoco servirá de mucho si no se afronta de una vez por todas una valiente reforma laboral.
El PP resume su propuesta en esta materia en cuatro líneas: "promoción con los agentes sociales de un Gran Acuerdo Parlamentario por el Empleo y la Competitividad que facilite la empleabilidad, busque la seguridad de los trabajadores, fomente la contratación, especialmente la indefinida, a través de una bajada selectiva de las cotizaciones sociales, y mejore los mecanismos de cobertura por desempleo". Que es como decir absolutamente nada.
En el plano administrativo, el PP apuesta por la unidad de mercado y reducir trámites burocráticos para crear empresas. Esta última iniciativa se plantea año tras año con resultados nefastos, ya que nunca llega a implementarse. Es como el mito de la justicia rápida y barata. Ya va siendo hora de que alguien abogue de una vez por la implantación del silencio administrativo positivo. Esto es, cree su empresa en 24 horas y un solo trámite, eliminando intermediarios y simplificando al máximo la normativa, para que luego la Administración, si es necesario, aplique un control a posteriori.
Por último, los populares reconocen que la viabilidad del Estado de Bienestar corre peligro debido a la crisis. ¿Solución? Abrazar la Ley de Dependencia; reformar el sistema de pensiones con el fin de rebajar la cuantía a percibir por los futuros jubilados (sin mencionar la posibilidad de elegir entre un plan público o privado); y un Pacto Nacional sobre la siempre deficitaria Sanidad Pública.
Vaya plan anticrisis. Las reformas que se envuelven en discursos políticamente correctos, bañadas en "pactos sociales", "solidaridad" y "Estado de bienestar", no solventarán la graves carencias estructurales de la economía española. ¿Mejor que el PSOE? Puede, pero a la hora de la verdad la futura miseria de los españoles seguirá siendo, en gran medida, responsabilidad de ambos partidos.
