La política ha secuestrado ese bien, como tiende a acaparar todos los aspectos de nuestra vida con el único fin de controlarla, de robarnos el derecho a decidir sobre ella. El agua es como cualquier otro bien y está sometido a la lógica inmanente de las relaciones entre nuestras necesidades y los bienes: aquello de la oferta y la demanda, de los precios y la producción. Y del intervencionismo, claro está, que es por desgracia el estado habitual del elemento.
El agua es muy abundante y convertirla en potable, en apta para nuestro consumo, es realmente barato. La capacidad del mercado de llevar bienes baratos hasta los rincones más recónditos y hasta las sociedades más pobres es conocida. Hay zonas de la América hispana o del África subsahariana donde el agua pública no llega pero sí lo hace la privada, llevada por empresarios con el único objetivo de obtener un beneficio. Se sabe que en pleno Sáhara la Coca Cola llega a sitios donde no lo hace el agua y, allí donde el elemento esencial está presente, es a un mayor precio. Si esto es así, ¿cómo se explica que en una ciudad como Barcelona puedan tener problemas de abastecimiento? Porque, con la excusa de colgar el cartel de “bien esencial” al agua, su gestión ha sido arrebatada a los particulares y reservada por la fuerza a la Administración.
Si el Estado subvenciona los regadíos y la agricultura en general, si hace lo propio con el agua y si, especialmente, marca para ella un precio que no refleja su verdadera escasez, su consumo se dispara. Se utiliza demasiado donde no es necesaria y no llega a donde sí lo es. Otro de los grandes éxitos de la gestión pública.
¿Qué ocurriría si el agua fuese privada y se permitiera su libre intercambio en el mercado? Que las fugas, que actualmente representan el 30 por ciento del consumo (perdido) de agua, serían un coste inasumible para cualquiera y se reducirían drásticamente. Y que su uso se racionalizaría por el propio interés del consumidor, sin necesitad de costosas e ineficaces campañas sobre el uso del agua. Ocurriría, también, que hay zonas donde es muy abundante y sería muy barata y otras donde es muy escasa y sería muy cara. Esa diferencia de precios es una auténtica llamada para cualquier empresario, que estaría deseando construir las infraestructuras necesarias, al menor coste, para comprar agua barata y venderla cara, es decir, para llevarla de donde sobra a donde falta.
No hace falta saber desentrañar las sutilezas de las finanzas para entenderlo. Pero sí es necesario dejar de escuchar las boberías de los políticos.
