Bajo el gobierno de Rafael Correa, Ecuador se convirtió en uno de los peores países de América Latina para ejercer el periodismo.
Bajo el gobierno de Rafael Correa, Ecuador se convirtió en uno de los peores países de América Latina para ejercer el periodismo. Siguiendo, y en ocasiones superando, el manual del chavismo, el expresidente restringió la libertad de prensa a su mínima expresión. Con Lenín Moreno la situación ha mejorado, pero todavía dista de ser ideal. Ahora debe cumplir sus promesas más recientes y reformar la legislación para que la Ley Orgánica de Comunicación deje de pender como una espada de Damocles sobre los medios y los periodistas del país.
Con la excusa de “democratizar” los medios de comunicación, lo que significaba ponerlos bajo el control del Estado y de organizaciones afines al poder, durante años se clausuraron emisoras de radio y televisión (llegando a producirse asaltos policiales con gases lacrimógenos en las instalaciones de una emisora radiofónica en 2012). Los juicios a periodistas y las sanciones contra los medios y los profesionales fueron la tónica común en los largos años del correísmo.
La Ley Orgánica de Comunicación, de 2013, representó un dramático punto de inflexión. La ya de por sí deteriorada libertad de expresión fue todavía más reprimida a partir de ese momento. La norma creó la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), un organismo que desde su nacimiento (en octubre de ese año) y hasta la llegada al poder de Moreno en mayo de 2017 abrió 1.081 procesos contra periodistas, de los que 675 terminaron en sanciones, según los datos de Fundamedios. Esta organización cifra en 531.000 dólares la suma total de las multas impuestas por la Supercom a los profesionales de los medios.
La evolución de la mordaza en Ecuador queda reflejada en las sucesivas clasificaciones anuales de la Libertad de Prensa que elabora Reporteros Sin Fronteras (RSF). En 2007, primer año de mandato de Correa, el país ocupaba el puesto 56 a nivel mundial. En 2013 había caído hasta el lugar 119, y en 2016 y 2017 se situó en la posición 109. Esta cifra representa un avance modesto en relación con otros países pero que no se traduce necesariamente en mejoras internas de calado. Las cosas no comenzaron a mejorar hasta la llegada al poder de Lenín Moreno.
Mejoras desde la llegada de Moreno
Un análisis de Fundamedios comparando los tres últimos meses de Correa (de marzo a mayo de 2017) con los tres primeros de Moreno resulta revelador. En el primero de esos periodos se registraron 113 ataques contra la libertad de expresión, frente a 54 casos en el segundo. En ambos casos el principal agresor era el Estado y sus funcionarios, pero la disminución de la virulencia ya era una señal positiva.
Además, en ese periodo Correa insultó en 14 ocasiones a medios y periodistas, mientras que su sucesor no lo hizo en ningún caso. En 2018, Ecuador ha avanzado hasta el puesto 98 en la lista de RSF. La mejora podría haber sido mayor, pero el asesinato de tres miembros del equipo de El Comercio a manos de una disidencia de las FARC ha lastrado la evolución positiva.
Reporteros Sin Fronteras, Fundamedios y otras organizaciones han reconocido los grandes avances en esta materia producidos desde entonces. Pero aún falta mucho por hacer. Moreno se comprometió este lunes a enmendar la Ley Orgánica de Comunicación y eliminar la Supercom. El presidente dijo que “el eje fundamental de esa reforma es el de la libertad de pensamiento y de expresión, absolutamente enmarcadas en los instrumentos internacionales de derechos humanos que han sido ratificados ya por el Estado ecuatoriano”.
Ahora debe cumplir su palabra y pasar de las palabras a los hechos. Las diferentes organizaciones de defensa de la libertad de expresión se lo vienen reclamando desde el primer día. Mientras la norma siga vigente en los términos actuales, la mordaza podrá ser aplicada en cualquier momento.
Incluso enmendar la Ley Orgánica de Comunicación, aunque sea cumpliendo la promesa liberalizadora, es un paso insuficiente. Las democracias consolidadas no regulan la libertad de expresión, se limitan a garantizarla constitucionalmente y a recoger los supuestos en los que puede colisionar con derechos como el de la intimidad (y en estos casos es un juez el que debe decidir cuándo se traspasa el límite entre una y otra). Aun así, es una noticia muy positiva que Moreno anuncie que quiera dar este paso.
