Así tituló El Huffington Post: «La economía sumergida representa el 18,6% del PIB y está relacionada con la alta corrupción», añadiendo: «Las dimensiones asustan».
No se entiende bien por qué tanto susto, cuando resulta que el paraíso nórdico de Suecia tiene una economía sumergida del 13,9%. Si en los países nórdicos la corrupción es menor, probablemente tiene que ver con la también menor arbitrariedad del intervencionismo, más que con su volumen. Pero entonces es la seguridad y previsibilidad jurídica lo que debería ponderarse.
Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad, cuyo Informe sobre flexibilidad en el trabajo se glosaba, aseguró que «la carga fiscal no está relacionada con el recurso de los empresarios a la contratación no declarada». No me había repuesto de leer una osadía semejante cuando pude leer que para el señor Pérez «es precisa una mayor intervención estatal para proteger a los grupos más vulnerables y una mayor protección social, porque de esa forma se puede cerrar la puerta a que muchas personas tengan que recurrir al empleo sumergido». Y, por fin, dos Luis explicó la necesidad de “aflorar tanto empleo sumergido para sanear las cuentas públicas, lograr una reducción de las altas tasas de paro que arrastra España y contar con una economía más competitiva”.
Todo esto sí que asusta un poco. De entrada, es increíble que se diga seriamente que los contratos no están vinculados con su coste: todo lo que sabemos va en dirección contraria. La mayor intervención estatal aumenta los costes, con lo que puede hacer lo mismo con la economía sumergida. Y decir que aflorar la economía sumergida puede reducir el paro es decir una verdad de Perogrullo…o no haberle dedicado mucho tiempo a pensar en por qué hay paro.
