La reforma laboral merece ser corregida, incluso enmendada de manera muy profunda, pero no para ahondar en sus defectos, sino en sus virtudes.
Los recortes y la reforma laboral fueron los dos grandes caballos de batalla de la oposición durante la pasada legislatura. El politizado relato podemita, al que luego se sumó el PSOE, rezaba algo así: “La crisis ha sido la excusa perfecta para enriquecer todavía más a la casta oligárquica empobreciendo a ‘la gente corriente’ mediante un desmantelamiento del Estado de bienestar y una depreciación de los salarios”.
En realidad, la crisis fue un descalabro económico de primer nivel (desmoronamiento irreversible de nuestro burbujístico modelo productivo) que, como sucede con todos los descalabros económicos, da lugar a un empobrecimiento generalizado de la sociedad que se manifiesta, aparte de por otras vías, mediante menores rentas salariales (aumento del desempleo y reducción de salarios) y de menores prestaciones estatales (aumento de impuestos o recorte del gasto). Negarse a reconocer, y a soportar, ese empobrecimiento generalizado no habría hecho que este desapareciera: simplemente hubiese prolongado innecesaria y dolorosamente el periodo de digestión.
Así las cosas, ayer el Congreso invocó nuevamente uno de esos dos demoniosdentro de la narrativa podemita: la urgente necesidad de derogar la reforma laboral. Al parecer, y si atendemos a las autorizadas fuentes económicas de la oposición, cargándonos la reforma laboral conseguiremos frenar la precarización de las relaciones laborales en España. Solo hay un problema: antes de la reforma laboral de 2012, las relaciones laborales ya eran extremadamente precarias en nuestro país, incluso en momentos de fuerte bonanza económica.
Tomemos como referencia la tasa de paro: entre 1980 y 2008 (antes de la crisis actual y antes de la reforma laboral del PP), la tasa de paro media de la economía española fue del 16,1%, y rebasó el 20% durante ocho años (periodo 1985-1987 y periodo 1993-1997). Es decir, con la anterior legislación laboral —e incluso antes de nuestra entrada en el euro—, la normalidad dentro del mercado de trabajo español ya era la masiva destrucción de empleo y una tasa estructural de desocupación que habría hecho sonrojar a cualquier sociedad desarrollada.
Tomemos ahora como referencia la tasa de temporalidad: entre 1990 y 2008, la tasa de temporalidad superó el 30% en todos y cada uno de los trimestres. En algún periodo (1994-1995 o 2005-2006), incluso llegó a rozar el 35%. Hoy, en cambio, la temporalidad es del 27%: extraordinariamente alta comparada con los países de nuestro entorno, sí, pero bastante por debajo de la media histórica. Acaso se diga que las cifras actuales de temporalidad están viciadas por el alto desempleo, esto es, que como la destrucción de puestos de trabajo se ha concentrado en el empleo temporal, la tasa de temporalidad se halla anormalmente deprimida. Y, desde luego, en parte es así, pero tampoco habría que exagerar la influencia del argumento. A la postre, con el marco laboral previo a la reforma del PP, el grado de precarización era muy superior: entre 1993 y 1997, la tasa de paro superó el 20,5% (esto es, era mayor que la actual) y la tasa de temporalidad se ubicó por encima del 33% (es decir, también era mayor que la actual).
En definitiva, la normativa que rige en el mercado laboral español adolece de muchos problemas que condenan a una parte significativa de la población al desempleo y a otra parte igualmente significativa al subempleo. Es una normativa realmente concebida para sobreproteger a quienes tienen un empleo indefinido a costa de desproteger a quienes no lo tienen y aspiran a encontrarlo. La reforma laboral de 2012 no es responsable en absoluto de este despropósito regulatorio,salvo acaso por no haberlo corregido de raíz: pero no es un problema creado o amplificado por la reforma, sino anterior a ella. De hecho, si alguna contribución ha tenido, ha sido la de incrementar marginalmente la calidad de los puestos de trabajo: y es que, tras la reforma, la probabilidad de encontrar un empleo indefinido estando en paro se ha incrementado en un 51,3% (si bien, pese a ese notable incremento, continúa siendo una probabilidad bajísima); a su vez, la probabilidad de ser despedido de los empleados con contrato indefinido no ha aumentado y la de serlo en los contratos temporales se ha reducido un 14%. El marco laboral español es deplorable, pero no como consecuencia de la reforma, sino a pesar de ella.
Por ello, impulsar la derogación de la misma con el propósito de regresar a un marco regulatorio análogo al vigente antes de 2012 es una completa irresponsabilidad propia de demagogos sin escrúpulos. La reforma laboral merece ser corregida, incluso enmendada de manera muy profunda, pero no para ahondar en sus defectos, sino en sus virtudes: descentralización de la negociación colectiva y estrechamiento del diferencial de costes entre indefinidos y temporales. Si ningún partido se atreve a impulsar la verdadera revolución que requeriría el mercado laboral español —su completa liberalización—, al menos que eviten empeorarlo de un modo aberrante.
