En el nombre de todas estas cosas propone el citado alto cargo una regulación más avanzada para las redes de telecomunicaciones. Más avanzada quiere decir, por supuesto, con más intervención. Para asegurar la apertura de internet y la innovación y riqueza que la misma ha aportado y que se sigan generando oportunidades sobre ella, es necesario obligar a los propietarios de las redes de telecomunicaciones, sin las cuales no existiría internet, a unas cuantas cosillas.
Impávido al hecho de que dicha innovación y enriquecimiento se ha producido sin necesidad de la citada intervención (y seguramente gracias a su ausencia), propone que se obligue normativamente a los operadores a la neutralidad de red, la no discriminación y la transparencia en la gestión del tráfico. Eso, para ir entrando en calor.
Es curiosa la fijación que tienen estos defensores del bien público por impedir que los operadores bloqueen determinados contenidos o servicios a sus clientes. Así, la obligación de no discriminación "significa que no pueden bloquear o degradar tráfico legal en sus redes". Obsérvese que el tráfico que no se puede bloquear es el legal, del otro no se dice nada.
Digo que es curioso porque no se entiende tal preocupación. Los casos de bloqueo de tráfico por operadores de redes en más de 100 años son completamente anecdóticos. Puede haberlos habido y son posibles, pero lógicamente son contrarios a los intereses de los operadores, cuyo negocio es precisamente transportar tráfico. ¿Por qué se empeñan los gobiernos en hablarnos de esta amenaza?
La solución al enigma quizá tenga que ver con eso de que se puedan bloquear contenidos ilegales. Porque, no se olvide, las únicas entidades que consta que sí ordenan el bloqueo de tráfico son, lo han adivinado, los gobiernos. Entre ellos, destaca el Gobierno chino, pero no es el único.
Y casualmente son los gobiernos los encargados de decidir qué contenidos son legales o ilegales. Así que, en el nombre de internet, se pretende que el operador no pueda bloquear más contenidos que aquellos que le ordena el Gobierno. En el nombre de la innovación y de la prosperidad, será el Gobierno quien decida qué y qué no puede circular por la red de redes. En el nombre de la apertura de internet, el Gobierno decreta su cierre.
