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Entre narcos y terroristas

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Por el momento está dispuesto, como poco, a cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial para hacerlo. Y todo para crear un sistema rápido –del que tampoco sabemos lo suficiente como para estar seguros de que protege el derecho a la libertad de expresión– que lleve a la Audiencia Nacional a cualquiera que la futura comisión del Ministerio de Cultura considere que viola la propiedad intelectual con un sitio web.

Cierto es que, en principio, los planes que muchos se empeñan en atribuir a González-Sinde a pesar de que parezcan cosa del propio ZP eran mucho peores. Ahora al menos se pone a un juez, aunque por el momento no queda demasiado claro cuál será su función; eso se verá según se vayan presentando los cambios legislativos. Por el momento tan sólo nos queda claro que tener una web que alguien pueda considerar atentatoria contra los derechos de autor puede llevarle a uno al mismo sitio que a los narcos y terroristas: a la Audiencia Nacional.

Otra cosa ha quedado también clara. O Francisco Caamaño ha mentido para tratar de confundir o sus nulos conocimientos de la Constitución deberían costarle no sólo el puesto de ministro sino también el doctorado en Derecho y la plaza de profesor de esta materia. El titular de Justicia ha dicho literalmente que están en conflicto "por un lado el derecho de propiedad intelectual, que es un derecho fundamental, y por otro, los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la información".

Por mucho que buscamos, no encontramos que la propiedad intelectual entre los derechos fundamentales reconocidos en la Sección I del Capítulo II de la Constitución Española. Dudamos de que, puesto que no figura en ninguno de esos artículos (del 15 al 29), un profesor de Derecho Constitucional y ministro de Justicia como Caamaño pueda creerse lo que ha dicho. Si se lo cree, resultaría que estamos ante un perfecto incompetente.

Tal vez, no cabe descartar lo que decíamos al iniciar este artículo, pretendan reformar la Constitución para incluir la propiedad intelectual entre los derechos fundamentales. Con este Gobierno todo es posible. Incluso juzgar entre narcos y terrorista a los responsables de una simple página web.

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