Esta semana el presidente Mariano Rajoy anunció nuevos aumentos de impuestos y recortes de gasto para reducir el monstruoso déficit presupuestario de España, provocando que los manifestantes se unan a la huelga de los mineros para protestar en contra de las medidas de austeridad en las calles de Madrid. Pero a pesar de todo lo que se dice acerca de los drásticos recortes, el riesgo de default de España ni siquiera está cerca de haber sido eliminado. El Estado español todavía gasta a un nivel que sobrepasa ampliamente la capacidad que la economía tiene de generar ingresos para respaldar ese gasto.
Entre las medidas de esta semana —que el Gobierno aprobará oficialmente hoy— está un alza de la tasa del impuesto al valor añadido (IVA) a 21% desde 18%; los salarios de los empleados públicos están se reducen en un 7%; los subsidios para las personas que llevan más de seis meses desempleadas serán reducidos en un 15% y algunos gastos y dispendios burocráticos serán reducidos en un tercio. Más adelante, además, se espera que se adelante el retraso de la edad de jubilación a los 67 años y que se reduzca el monto de las pensiones.
Hasta ahora, el gobierno de Rajoy ha intentado mantener el hipertrofiado sector público aumentando los impuestos a las familias y a las empresas. Una de sus primeras acciones que acometió Rajoy nada más llegar al poder fue incrementar los tipos marginales sobre la renta, ubicándolas entre las más altas de Europa. En marzo, su gobierno eliminó algunas de las deducciones del Impuesto de Sociedades, imponiendo, a efectos prácticas, una subida tributaria a muchas empresas. Como muchos de sus homólogos europeos, Mariano Rajoy ha preferido imponer la austeridad al sector privado en lugar de imponérsela al Estado.
Los recortes de esta semana son un paso en la dirección correcta, pero Madrid todavía está lejos de una posición fiscal sostenible. Ni siquiera es seguro que las nuevas medidas le permitan al gobierno español cumplir con el objetivo fijado por la Unión Europea de un déficit de 6,3% para el 2012, dado que solo quedan cinco meses del año.
La parte más lamentable de la historia es que la obesidad del sector público español es en realidad algo relativamente reciente. El gasto público se disparó gracias al crecimiento extraordinario de los ingresos generado por la burbuja inmobiliaria. Entre 2001 y 2007, la recaudación creció un 67%, mientras que los gastos aumentaron en un 57%. España tuvo unos modestos superávits presupuestarios durante algunos de esos años, pero estos desaparecieron tan pronto como se evaporaron los ingresos de la burbuja y el gasto continuó creciendo a consecuencia de la crisis: un superávit de 1,9% en 2007 se convirtió en un déficit de 11,2% en solamente dos años. Para finales de 2011, el gasto público era un 75% más alto (33% más alto ajustado para la inflación) que hace una década.
De hecho, España tendría un presupuesto balanceado hoy en día si Madrid hubiese congelado su gasto per cápita durante los años de la burbuja entre 2001 y 2007, como lo hizo Alemania. Si el gobierno español quiere cuadrar sus cuentas, lo único que necesita hacer es reventar la burbuja del sector público que se derivó de las burbujas financiera e inmobiliaria.
El gasto público se reduciría en 21.000 millones de euros, por ejemplo, si el ingreso real y el número de empleados públicos por ciudadano se redujera a los niveles de 2001. Si las pensiones fuesen minoradas (en términos reales) a los niveles de 2001, eso recortaría el gasto en alrededor de 20.000 millones de euros. Otros 15.000 a 20.000 millones se podrían ahorrar si se racionalizaran los beneficios de desempleo. Y, por último, eliminando subsidios a industrias que no son productivas, asociaciones, sindicatos y políticos significaría un ahorro adicional de 20.000 millones.
En otras palabras, simplemente ajustando algunas de las partidas más claramente infladas del sector público español, podrían lograrse unos ahorros de alrededor de 80.000 millones de euros. Eso permitiría recortar nuestro déficit de 2011 en un 90%… sin aumentar un solo impuesto.
La buena noticia es que Mariano Rajoy finalmente ha admitido que todas las rúbricas del presupuesto son susceptibles de ser recortadas, incluso aquellas que hasta ahora se decía que eran intocables. Pero para que la economía española crezca y no simplemente se estabilice, necesitamos tanto recortes adicionales del gasto público como reducciones de impuestos: precisamente lo que el Partido Popular prometió hacer antes de las elecciones del año pasado. Es hora de que el Sr. Rajoy cumpla con esa promesa.
Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 12 de junio de 2012.
