El sistema se sostendrá si elevamos la edad de jubilación y si empeoramos las condiciones para el cálculo de las pensiones futuras.
La elección de José Luis Escrivá como nuevo ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones parece haber dado un espaldarazo a todos aquellos que sostenían que nuestro piramidal sistema de pensiones público no se halla sometido a ninguna tensión importante y que, como resultado, no son necesarios notables ajustes dentro de la Seguridad Social. Y es que, en efecto, la AIReF, presidida hasta el momento por el propio Escrivá, se ha ubicado a la vanguardia de los analistas optimistas con respecto al futuro de nuestro sistema de previsión social. Tan es así que este organismo independiente se ha postulado a favor de derogar el índice de revalorización de las pensiones (que limita el alza anual de estos ingresos a un máximo del 0,25% mientras la Seguridad Social continúe exhibiendo un déficit estructural entre ingresos y gastos) para volver a vincular las rentas de nuestros mayores al IPC.
Si un organismo serio y riguroso como la AIReF, de la mano de su antiguo presidente y hoy flamante ministro de Seguridad Social, nos indica que las pensiones no están en peligro y que no hace falta someterlas a una liposucción de calado, entonces acaso podamos volver a relajarnos y despreocuparnos de ese supuesto gran reto político que nos habían dicho que íbamos a tener por delante durante las próximas décadas. Sin embargo, no convendría que fuéramos tan deprisa o, al menos, convendría que fuéramos conscientes de todos los supuestos con los que la AIReF efectúa este tipo de recomendaciones:
- Los recortes centrales se mantienen: es verdad que la AIReF se ha mostrado partidaria de eliminar el índice de revalorización de las pensiones, pero no cabe decir lo mismo ni de la reforma de las pensiones del año 2011 (que eleva la edad de jubilación hasta los 67 años y endurece las condiciones de cálculo de la pensión) ni del factor de equidad intergeneracional (incluido en la reforma de las pensiones del año 2013 y que reduce la pensión de los nuevos pensionistas conforme se alarga la esperanza de vida). Así pues, la AIReF no disputa la idea básica de que, a lo largo de las próximas décadas, las pensiones van a tener que recortarse (menos años de pensión y menor cantidad cobrada por año), sino solo uno de los mecanismos específicos de recortarlas: su desvinculación del IPC. Eso sí, la reindexación deberá venir acompañada, según la propia AIReF, de tijeretazos sustitutivos.
- Los nuevos recortes alternativos al IRP: reindexar las pensiones al IPC no sale gratis, sino que ha de convivir con otra medidas que reduzcan los gastos futuros de la Seguridad Social. ¿Cuáles? Primero, elevar la edad efectiva de jubilación desde los 62,7 años actuales hasta los 65,5 años, restringiendo para ello las opciones de jubilación anticipada (en 2018, el 46% de todas las jubilaciones se materializaba antes de los 65 años): de este modo, se pretende que en el año 2048 haya 600.000 pensionistas menos que sin elevar la edad efectiva de jubilación. Segundo, aumentar, desde 25 a 35 (o incluso a toda la vida laboral), el número de años con los que se calcula la pensión, de manera que la tasa de cobertura (la relación entre pensiones y salarios) caiga cuatro puntos con respecto a sus niveles actuales. Y tercero, poner coto a las pensiones por incapacidad con el objetivo de “aprovechar mejor la capacidad laboral de los individuos”.
- En todo caso, más deuda: para terminar, dejemos constancia de que, según la propia AIReF, si reindexamos las pensiones al IPC aplicando sus recortes alternativos, la deuda pública española aumentará en 23,3 puntos de PIB en el año 2048 por efecto acumulado de los déficits de la Seguridad Social. En cambio, con el índice de revalorización de las pensiones, solo crecería 7,4 puntos. Tal vez no sea lo más prudente que un país con unos pasivos estatales cercanos al 100% del PIB acumule estructuralmente —dejemos de lado otros aumentos que puedan venir por la influencia del ciclo— otros 23,3 puntos de PIB de deuda por el empeño de evitar que los pensionistas actuales pierdan poder adquisitivo.
En definitiva, aun poniéndonos optimistas en materia demográfica, el sistema público de pensiones solo podrá mantenerse en pie durante las próximas décadas si elevamos la edad de jubilación y si empeoramos las condiciones para el cálculo de las pensiones futuras (mayor número de años para computar la base reguladora y factor de equidad intergeneracional). Escrivá no es un ministro que venga a echar por tierra los recortes, sino que viene a consolidar los recortes aprobados en 2011 y a reconfigurar los de 2013.
Y, de hecho, sus planes para reconfigurar los recortes de 2013 resultan perfectamente criticables. Reindexar las pensiones al IPC a cambio de meter la tijera contra los pensionistas futuros (sobrecargándolos, además, con más deuda pública) supone concentrar la totalidad del ajuste de la Seguridad Social en las generaciones venideras en lugar de distribuirlo (como hacía el índice de revalorización de las pensiones) entre las generaciones de hoy y las de mañana. De acuerdo con la AIReF, existe un buen motivo económico para ello: los pensionistas futuros (aquellos que sufrirían la totalidad del ajuste) cuentan con mayor capacidad de anticipación y de adaptación frente a tales recortes que los pensionistas presentes. Y sin negar en absoluto que esa sea una razón importante a tomar en consideración, diría que en el fondo todo esto depende de una mucho más poderosa razón política: los pensionistas presentes votan a los políticos presentes y los pensionistas futuros votarán a los políticos futuros. ¿Qué político —y, a partir de ahora, Escrivá lo será— tendría incentivos en castigar a sus votantes actuales cuando puede trasladar ese castigo a unos votantes venideros que no participarán en su elección sino en la de los gobernantes de las próximas décadas? Ninguno.
