«Why you wanna treat me so bad?». Prince.
¿Recuerdan la propaganda de «no vamos a dejar a nadie atrás»? A medida que avanza la crisis es más evidente que el Gobierno ha dejado atrás a contribuyentes, pequeñas empresas, autónomos y a todos los trabajadores, a los que les hunde las perspectivas y les sube los impuestos al consumo.
Según Adecco y el Banco de España, los salarios españoles podrían reducirse entre un 10% y un 15% en 2021 por la destrucción empresarial y caída de ingresos de aquellas que sobrevivan.
En un estudio reciente de McKinsey, reflejaba que de las más de 85.000 empresas que se han destruido desde febrero, el 83% son pequeños negocios con menos de cinco empleados. Una destrucción de empresas que viene de antes. España ha perdido más de 100.000 empresas en un año entre agosto de 2019 y 2020, es decir, casi el 7% del total.
Según el Banco de España, un 25% de las empresas de España están en situación de quiebra técnica y según al estudio de McKinsey antes mencionado, el 55% en economías como la española o la italiana se ven abocadas al cierre en septiembre de 2021 si las cosas siguen como hasta ahora y el 70% cerrarían si empeora.
Ni en la crisis de 2008 se había visto un destrozo de tal calibre en el tejido empresarial. En dicha crisis España perdió 117.000 empresas entre 2008 y 2013. Hoy, más de una década después, tenemos menos empresas que en 2008 e incluso menos que en 2012.
Menos empresas significa menos empleo, menos inversión, menos crecimiento y más pobreza.
El odio a las empresas permea en todas las decisiones de este Gobierno. Sánchez se apuntó en la moción de censura como iniciativas suyas los ERTE (que existen desde 1995 y se pueden aplicar hoy gracias a su flexibilizaron en la reforma laboral de 2012 en su término VI) y el beneficio por cese de actividad de los autónomos (algo que existe desde 2007 y desarrollado en Real Decreto 1541 de octubre de 2011), pero ¿qué ha hecho por las pymes desde el comienzo de la crisis?
Sánchez ha hecho dos cosas: tratar a los empresarios como culpables preventivos y permitir a las empresas endeudarse para pagar impuestos. Nada más.
La inmensa mayoría de las empresas que están colapsando en esta crisis no lo hacen por mala gestión o estrategia equivocada. Están hundiéndose precisamente aquellas que eran más prudentes, que no tenían deuda que refinanciar, que no tenían activos mobiliarios que apalancar y que vivían mes tras mes del trabajo duro y ganándose cada euro de ventas.
Las enormes cifras de liquidez que repite el Gobierno no las ha «dado» el Gobierno. Cuando hablan de liquidez simplemente es que se han habilitado préstamos para pagar impuestos en el futuro. Ni una sola exoneración de la pesadísima carga tributaria y administrativa.
¿Y esos avales que tanto repite el Gobierno? Ya sabemos por la crisis de 2008 que avalar préstamos no mitiga ni evita la destrucción de empleo. En aquella crisis el Gobierno hizo lo mismo que ahora, extender más de 140.000 millones de euros de avales que no impidieron que se destruyeran tres millones de puestos de trabajo y que terminaron más de un 80% en préstamos fallidos.
Cualquier persona puede entender que un aval para un préstamo no es un regalo, ni una ayuda. Las condiciones del préstamo siguen teniendo las mismas exigencias y la deuda la paga la empresa. Que el Estado avale solo es un colchón para el banco, no para la empresa, que entra en concurso de acreedores y quiebra igual si sus ingresos se desploman y los gastos e impuestos aumentan.
Una crisis de solvencia por cierre forzoso e inseguridad política no se resuelve con lo que llaman liquidez (deuda).
Las empresas que están desapareciendo cada mes no hicieron nada malo más que tener la mala suerte de tener un Gobierno anti-empresas en una crisis compleja.
Es alucinante que el Gobierno venda los ERTE como un favor de la Administración a las empresas.
Los ERTE son mucho más baratos para el Estado que enviar a esas personas al paro y darles subsidio de desempleo. Un empleado en ERTE le cuesta al Estado aproximadamente un tercio de lo que costaría pagarle el paro.
¿Qué deberían haber hecho?
– Exoneración de impuestos durante la crisis. Obsesionarse por recaudar cuando envías a las empresas a la quiebra es hambre para hoy y miseria para mañana. No se recauda, como hemos visto en las cifras de la Agencia Tributaria de agosto después de cinco meses de reapertura, y se destruyen las bases imponibles del futuro.
Con el cierre empresarial acumulado se han perdido más de 40.000 millones de euros anuales a medio y largo plazo de recaudación. Cuando las empresas ven sus ventas caer un 40% por las medidas gubernamentales, mantener la carga tributaria (sobre todo de los impuestos a la actividad previos al de Sociedades) es enviarlas a la muerte.
Ninguna empresa puede sobrevivir cuando sus gastos e impuestos se mantienen y sus ventas caen un 40%. Endeudarse no soluciona el problema de solvencia.
– Líneas de liquidez sin recurso para cubrir el capital circulante de microempresas. Hubiera sido mucho más barato que las medidas demagógicas como el ingreso mínimo vital y los miles de millones en subvenciones para empresas grandes que ya tenían acceso a crédito barato y capital inversor.
Dar una línea de liquidez para las microempresas sin acceso a deuda ni activos mobiliarios que cubriese sus necesidades de capital circulante durante la crisis.
– Dotar de protocolos sencillos y claros y eliminar trabas burocráticas. En un país donde pagar una multa son todo comodidades digitales, que las pymes sigan sufriendo retrasos administrativos es simplemente un desastre.
Las microempresas no han tenido ni en el cierre forzoso ni en la reapertura propagandística de «salimos más fuertes» y «hemos derrotado al virus» un solo protocolo claro ni apoyos para adecuar sus negocios a los mismos.
Conozco casos de microempresas que han gastado miles de euros en adecuar sus negocios para unas medidas que se han ido cambiando e improvisando según se le ocurría al comité inexistente de expertos de Sanidad, gastos que en su inmensa mayoría no han recuperado ni recuperarán.
– No se puede hablar de ayudas a los autónomos cuando los recargos por retraso en pago de impuestos y todo el esfuerzo fiscal se ha mantenido. Y ahora lo quieren aumentar subiendo la cuota al 70% de los autónomos usando como baremo los ingresos de 2019, que ni están ni se les espera en 2020. Una insensatez.
Las empresas no piden regalos, piden que no se las hunda y expolie a impuestos en medio de una crisis creada por la mala prevención e inexistente gestión gubernamental y una mal llamada recuperación truncada por haber dedicado más dinero a aplausos o propaganda de «hemos derrotado al virus» y nada para las microempresas que suponen la mayoría del empleo en nuestro país.
Todas las medidas que se han anunciado apoyan fundamentalmente a empresas que podrían sobrevivir porque ya tenían acceso a deuda y capital. No son suficientes. O se toman medidas ya para autónomos y microempresas o vamos a tener una crisis financiera y de empleo a medio plazo, con o sin Covid-19.
