Se nos está atrofiando la voluntad por falta de uso. Por eso permitimos que venga gente como Gallardón a decirnos cómo hemos de vivir nuestras vidas. Su última amenaza legislativa es la imposición de la custodia compartida a discreción del juez, a quien permite hacer caso omiso de la preferencia de los padres, sea ésta cual sea. No vengo a discutir si la custodia compartida es una buena o mala solución. Pienso que es una solución ideal para algunas familias y un trastorno para otras y eso no hay juez que lo pueda determinar.
Por desgracia la custodia compartida se ha usado durante años como arma arrojadiza en la guerra del género, probablemente a consecuencia de la persistente discriminación a la que los tribunales han venido sometiendo a los padres (hombres), imponiéndoles regímenes de visitas estandarizados, impidiéndoles tomar parte en la gestión del dinero destinado a sus hijos y negándoles la custodia por principio. Si a esta ecuación le sumamos la legal atribución del uso de la vivienda al progenitor custodio, aún cuando la nuda propiedad correspondiera al no custodio, el perjuicio causado resulta bastante evidente. De ahí que, sin llegar a justificarlo, uno pueda comprender que surgiera un movimiento de padres pro custodia compartida.
Probablemente terminará, igual que sucedió con las pensiones alimenticias y los regímenes de visitas, en una estandarización de la custodia compartida impuesta. Esto es, ignorando las peculiares características y situaciones de cada familia y de cada uno de sus miembros. Ignorando lo que de verdad es mejor para una familia determinada y los posibles acuerdos a que pudieran llegar. Ignorando que hay cuestiones que pertenecen al ámbito estrictamente privado y que ninguna ley ni ninguna resolución judicial debieran tratar de atajar. Parece ser que el ministro de justicia y sus compinches se quedaron con la anécdota del juicio de Salomón pero no captaron la moraleja.
Lo peor, sin duda, es la utilización maquiavélica de ese reciente principio del “interés del menor” que inventaron hace algunas décadas, la rendija por la que se cuela la imposición arbitraria de las más absurdas medidas, sustituyendo a la voluntad de los padres (y del propio menor) por las decisiones rutinarias del juez de turno. Principios como éste justifican situaciones de inseguridad jurídica simplemente cambiando la denominación del hecho. La inseguridad jurídica es la falta de claridad en la ley, la existencia de cajones de sastre donde quepa todo o casi todo, permitiendo que entren en la legalidad hechos que a priori habrían estado fuera de ella. Cada vez que eso sucede nos alejamos un poquito más de lo que debería ser un Estado de Derecho. El riesgo de rendirse ante la evidencia es alto y las consecuencias, graves. Asumimos que nuestra voluntad es una tara, agachamos la cabeza y acatamos las órdenes. El sistema funciona a la perfección. La infantilización de la población es necesaria e imprescindible para el control y sometimiento de la población. Cuando la población se convence de que los abusos cometidos contra ella se deben a un interés superior que revierte en “su propio bien”, el proceso de sometimiento está completo. El verdugo ha ganado gracias a la inestimable colaboración de sus víctimas. Sucede a diario y cada vez en un espectro más amplio. El peso de la bota es tan grande que nos hemos insensibilizado a su dolor. Lo disfrutamos, incluso, porque es por nuestro propio bien.
