El sistema de Apartheid está volviendo a imponerse en Sudáfrica. La nación más desarrollada al sur del Sáhara había abandonado el sistema que imponía el racismo desde el Estado en 1991, bajo el gobierno de Frédérik de Klerk, pero lo está volviendo a imponer ahora. Discriminación positiva, se llama. Es el racismo de izquierdas, que desprecia el ideal liberal de igualdad ante la ley supuestamente para beneficiar a grupos desfavorecidos. El gobierno de Thabo Mbeki está decidido a recuperar el viejo sistema, pero con los blancos en el otro lado.
Se trata, en teoría, de hacer una masiva transferencia de renta y riqueza no de ricos a pobres, sino de blancos a negros. Se comenzó intentando imponer, con escaso éxito, un sistema de cuotas que forzara a cada empresa a partir de cierto tamaño a ser “demográficamente representativa”. Como bajo el sistema racista anterior se expulsó a la población negra de acceso a una educación especializada, se ha acabado sustituyendo mano de obra experta por otra que no lo es en absoluto, con enorme daño para las empresas y para el empleo. Se ha hecho lo mismo con el Estado. Allí importa menos la cualificación de los trabajadores, ya que el mismo Estado es ineficaz, claro, pero no deja de proveer de servicios esenciales, como sanidad u obras públicas, que se resienten por la nueva política. El único camino que podría seguir, aunque lento, es el de mejorar los niveles educativos de toda la sociedad, especialmente de aquellos a quienes se les ha negado esa oportunidad. Pero el gobierno de Mbeki ha preferido de nuevo la discriminación positiva en el profesorado a los resultados, con gran daño para la población negra joven.
Otra vía para la transferencia de riqueza hacia la población negra es la ley que pide a los accionistas blancos de las empresas que vendan parte del capital de las mismas a ciudadanos de otra raza. Como las ventas eran lentas, se amenazaba a dichas empresas a no ser contratadas por el Estado. Entonces el intercambio empezó a ser más rápido, pero ahora a favor de los miembros del Congreso Nacional Africano. Ahora el gobierno quiere dar un paso más drástico: las expropiaciones de la propiedades en manos de blancos. No tenemos más que ver el ejemplo de Zimbabwe para saber a dónde llevan esas políticas. Al desorden económico, al abandono de los cultivos, al hambre de millones de personas, al reparto del pobre botín entre los miembros del régimen.
Si se quiere beneficiar a la población más pobre, ni la redistribución, ni el racismo institucionalizado de la discriminación positiva son el camino. Otros países pobres han optado por abrirse a la economía mundial y hoy se les llama los tigres asiáticos, con niveles de vida mucho más altos. Sudáfrica ha hecho todo lo contrario. Como explicaba el año pasado un artículo del New York Times, los sindicatos han logrado mantener los sueldos de los trabajadores muy altos en comparación con la productividad, para evitar que Sudáfrica, bajo el encanto de los costes laborales bajos, “se convierta en el taller de Occidente”. Tanto éxito ha tenido esa política, que la tasa de desempleo alcanza al 40 por ciento de la población y a más de la mitad de la que es de raza negra.
