Hace unos días llegó a la redacción un teletipo cuyo titular no necesitaba retoques: "la CMT paraliza una promoción de Imagenio por ofrecer demasiados descuentos y regalos". Es decir, Telefónica estaba haciendo una oferta excesivamente buena para el celo de la agencia reguladora española. Y esto, que hace seis años podría sonar razonable, por aquello de dar una tregua a los nuevos entrantes hasta que se convirtieran en competidores fuertes, ahora parece absurdo y rancio. El mercado, privado, de las telecomunicaciones ha cambiado tanto en tan poco tiempo que, como suele suceder, el organismo regulador público va muy por detrás.
Un redactor de Libertad Digital preguntaba este viernes a Montilla si se iban a lanzar de una vez a la piscina y liberalizar los precios del ADSL. Pero la llamada al ministro comunicaba. Decidió escudarse en la independencia de la CMT para asegurar que no tenía competencias al respecto. Sin embargo, un organismo al que destierran a Barcelona contra la voluntad de su director –que se ve forzado a dimitir– y de todos sus trabajadores, un organismo que ha visto como la renovación de su hermano energético consistía en colocar a la agradecida prole socialista al mando, es un organismo que no puede presumir de ser independiente del ministro. Y menos cuando la ley general de telecomunicaciones incluye una disposición transitoria, aún en vigor, según la cual es una comisión del gobierno y no la CMT quien tiene la potestad de fijar los precios y, por tanto, de dejar de hacerlo. Es más, el artículo 11.4 de dicha ley confiere al ministerio la potestad de actuar cuando lo estime conveniente. Sería deseable disponer de una agencia reguladora independiente del gobierno y de su color, pero ya que no la tenemos, que nadie se escude detrás de su falsa existencia para no hacer nada.
Ambas noticias son dos muestras de lo que está mal en el mercado español de las telecomunicaciones. El paso de un monopolio público a un mercado privado competitivo es un proceso complicado, en el que se avanza más por ensayo y error que por una planificación inteligente que resulta completamente imposible hacer bien. ¿Cómo va a regularse correctamente el mercado de la comunicación inalámbrica cuando a cada paso aparecer novedades tecnológicas como WiMAX, que hacen temblar las bases bajo las que se otorgaron las licencias UMTS? Es más, ¿cómo va a hacerse siquiera una regulación inteligente cuando se sigue considerando el ADSL como un mercado, cuando el mercado real es el de la banda ancha en general? El cambio de gobierno ha llegado en un momento en que hacía falta dar un paso cualitativo: la liberalización del ADSL. Consecuentemente, aún no se ha dado.
Hay que eliminar del mercado a los chupópteros que sólo viven de revender los accesos de Telefónica y permitir que sobrevivan menos empresas, pero que ejercen una competencia más real, como las cableras o, en el ADSL, empresas como Jazztel. Los usuarios de banda ancha y las empresas de verdad serán los más beneficiados.
