Aunque un análisis simplista puede hacer creer que una medida así por parte del Ejecutivo beneficia a los clientes de estas compañías, la realidad es muy distinta. Las compañías encontrarían un modo de compensar, por ejemplo, mediante la subida de precios en otros servicios, la pérdida de ingresos que una intervención de este tipo les causaría.
Además, uno de los argumentos de FACUA es delirante. La organización dice que los precios siguen siendo los mismos que hace diez años. Eso significa que no han bajado, claro, pero también que no han subido. Esto último no es precisamente una mala noticia. De hecho, teniendo en cuenta la inflación que hemos tenido durante esta década, significa que en términos relativos sí han disminuido. Además, no tiene ninguna lógica que un servicio tenga que disminuir de precio sin otro motivo que el capricho de una asociación de consumidores que tan sólo se representa a sí misma.
Existe una manera simple de que esos precios disminuyan de manera que beneficie a los consumidores y no implique la siempre nociva intervención estatal. Si realmente a FACUA le preocuparan aquellos a los que dice defender pediría una liberalización real del sector de la telefonía móvil. En España la mayor parte del sector se la reparten tres grandes compañías debido a decisiones políticas. Han sido los diferentes gobiernos los que han decidido en todo momento cuantas operadoras podían competir en dicho mercado en vez de dejar que este sea abierto y sean los usuarios los que terminen definiendo esa cifra al confiar más en unas empresas que otras.
Entre los damnificados de una política como la propuesta por FACUA estarían los competidores recientemente llegados al mercado, que sí ofrecen precios más bajos. Si el Gobierno fijara los precios poniendo una tarifa máxima permitida, el efecto sería que tanto Yoigo como los operadores virtuales pierdan una de sus mejores armas para conseguir nuevos clientes: disponer de tarifas más baratas que las tres grandes. Esto tendría efectos catastróficos para ellos. Les impediría crecer o incluso podría echarles del mercado, con lo que la competencia volvería a reducirse. Los mayores perjudicados de esa situación serían los consumidores.
Las organizaciones de consumidores deberían aprender que lo más beneficioso para todos es la libre competencia, la liberalización de los mercados intervenidos. Eso se aplica tanto al sector de las tecnologías de la comunicación como a cualquier otro. Si FACUA pretende que bajen los precios lo que debería defender es que el Gobierno permita la entrada de cuantos operadores quieran estar presentes en el sector, lo que haría que tanto nuevos como viejos tuvieran que competir en precios y servicios para captar o mantener clientes. El recurso a fórmulas más propias de la Edad Media o de un régimen de tipo fascista que de una economía libre y moderna tan sólo perjudica a los usuarios.
