Si esos recursos deben aumentar, porque faltan, el análisis resulta incompleto si ignoramos que el incremento de esos recursos significa detraerlos de los contribuyentes.
En la portada de El País vi una foto y un texto que aludía a los «niños de la llave», es decir, los niños cuyos padres no pueden recogerlos al salir del colegio, porque tienen que trabajar; el año pasado 580.000 niños pasaron el verano solos en casa. La llamada en portada terminaba así:
Los expertos alertan de la falta de recursos para este problema.
Me apresuré a ir a páginas interiores, y allí comprobé lo que suele suceder con los problemas sociales: la propia sociedad se organiza para mitigarlos. En este caso, también, y desde Cáritas hasta Educo, pasando por Save The Children, varias instituciones dedican recursos a este problema. Pero esto decía el artículo:
Entidades y expertos señalan que el grueso de los recursos disponibles los ponen las ONG. La Administración ni está.
El reproche que reflejaban Jessica Mouzo Quintáns y Cristian Gallegos, los autores de este interesante reportaje, parecía claro: la Administración debería estar, es decir, debería asignar los recursos que faltan para resolver este problema. Y lo dijo claramente Ana Isabel Lima, presidenta del Consejo General de Trabajo Social:
En la medida que el Gobierno pone esta responsabilidad en manos de las ONG, está haciendo una dejación de funciones. Las ONG no tienen que ser las que pongan más recursos. Es obligación del Gobierno.
Y las autoridades se defienden:
El Gobierno reivindica haber invertido 7,7 millones.
Y así seguimos. Es decir, bastante confundidos con el asunto de los recursos y su falta. Dirá usted: no hay confusión alguna, porque es patente que a los padres les faltan recursos, por ejemplo, para que uno de ellos trabaje menos, o no trabaje, para cuidar de los menores, o para pagar a alguien que los atienda, o para llevarlos a un campamento de verano, etc.
Pero a partir de esta constatación, que es obvia, se extrae apresuradamente una conclusión que no lo es, a saber, que lo correcto es que esos recursos que les faltan deben ser aportados por otros, en especial, por la Administración, que «ni está». Las ONG tienen claro que esa es la «obligación del Gobierno«.
Supongamos que las ONG no cuentan con subvenciones públicas, es decir, que todo lo que tienen es aportado voluntariamente por los ciudadanos. Ya sé que es mucho suponer, pero supongámoslo para ir al fondo del asunto: los recursos llamados públicos, es decir, recursos privados que el Estado extrae a la fuerza de sus súbditos. (Entre paréntesis, es llamativo que el Gobierno denomine inversión a esa usurpación).
Si esos recursos deben aumentar, porque faltan, el análisis resulta incompleto si ignoramos que el incremento de esos recursos significa detraerlos de los contribuyentes. Es curioso que las ONG, que están tan convencidas de que eso es «obligación del Gobierno», no piensen que si el Gobierno cumple con esa obligación para aportar lo que falta está logrando que falten todavía más en los bolsillos de sus súbditos. Y esa falta, recordémoslo, es el origen del problema.
