Es común criticar ciertas transacciones financieras porque "no tienen un objetivo social útil", porque "no proporcionan capital para crear empleos, ni para financiar la investigación, ni para construir factorías", en definitiva porque "no contribuyen a la capacidad productiva de la economía".
Lo de la falta de utilidad social es una necedad demagógica que parece sugerir que nada está justificado a menos que beneficie a toda la sociedad en su conjunto. Conviene recordar que si dos partes participan libremente en una transacción es porque ambas creen que resultará beneficiosa (y el resto del mundo, aunque a muchos les guste interferir en asuntos ajenos, no pinta nada a menos que demuestre una agresión o externalidad negativa).
Resulta más preocupante en un analista financiero que no entienda que el desarrollo económico no depende solamente de la mayor disponibilidad de capital (resultado de la producción y el ahorro previos), sino que resulta crucial decidir a qué elementos de la estructura productiva asignar ese capital. No se trata sólo de trabajar más y tener más herramientas y más energía, sino de utilizar todo eso de manera inteligente para satisfacer lo mejor posible las preferencias de las personas (y no las de ahora, sino las del futuro, que aún no se conocen). No se trata sólo de que el motor del coche sea muy potente y que el depósito esté lleno de gasolina, sino de que la dirección nos lleve donde queremos ir.
La dirección centralizada de la actividad económica es imposible e intentarla sólo puede llevar al desastre. Sí son posibles planes empresariales parciales coordinados por precios de mercado y mecanismos de beneficios y pérdidas (es decir sin garantías de éxito). Estos planes empresariales pueden suscitar diversas opiniones en múltiples actores económicos sobre su conveniencia o posibilidades de éxito, pero la utilización de esta información es problemática: tener una opinión es trivial, lo difícil es que sea acertada, y es necesario establecer los incentivos adecuados para que predominen las opiniones inteligentes y se descarten las poco informadas.
Los presuntos controles democráticos sobre los mercados financieros no funcionan porque los votantes ni tienen los conocimientos requeridos ni los incentivos adecuados para actuar conforme a ellos. La solución es desconfiar de los presuntos expertos de boquilla y pacotilla que dicen a todo el mundo lo que hay que hacer, y exigir a los que quieran dirigir la economía que se mojen, que se jueguen algo, que se conviertan en apostantes: que comuniquen su opinión a través de operaciones de compra y venta (u opciones y otros derivados) en los mercados financieros donde arriesguen su propia riqueza. En este momento el pseudoexperto escurrirá el bulto alegando que él no puede dedicarse a algo tan bajo y ruin como la especulación.
A priori toda operación financiera parece inteligente y conveniente a todos sus participantes, aunque estén en lados opuestos. Pero es absurdo pretender a toro pasado que ciertas operaciones no deberían efectuarse porque acabaron perdiendo dinero o causando problemas. Lo que sí es criticable es que ciertas operaciones estén distorsionadas porque no se hacen en mercados auténticamente libres: algún participante disfruta de garantías implícitas o explícitas de salvamento a costa de otros, se limita la competencia otorgando privilegios a unos pocos, o ciertas regulaciones intervencionistas llevan a los actores a esquivarlas mediante maniobras indirectas y operaciones innecesariamente complejas. En ausencia de mercados de capital donde se respeten los derechos de propiedad y la libertad contractual es difícil saber qué tamaño y nivel de complejidad es el adecuado para el mundo de las finanzas.
Francisco Capella es director del área de Ciencia y Ética del Instituto Juan de Mariana, creador del proyecto Inteligencia y Libertad y escribe regularmente en su bitácora.
