Sin embargo, para esto último hay que tener cuidado en no atentar contra derechos fundamentales, una prevención que no han tenido los legisladores alemanes a la hora de aprobar la ley por la cual se bloquearán las páginas con pornografía infantil a partir del 1 de agosto. La norma prevé que aquellos germanos que intenten acceder a webs de este tipo se toparán en su navegador con una señal de "stop". Hasta ahí no hay nada problemático.
Donde sí empieza a haber problemas es en quien entregará a los proveedores la lista de sitios que deben bloquear y en quien verificará que dichos listados son los adecuados. La encargada de elaborar dichas listas y transmitirlas es la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA, por sus siglas en alemán), una especie de FBI alemán formado por algo más de 5.000 agentes y dependiente del Ministerio del Interior. Trabajará bajo la supervisión de la Oficina Federal de Protección de Datos, que establecerá un comité independiente encargado de dar el visto bueno al trabajo de la BKA. Lo problemático es que no aparece la intervención judicial por ninguna parte.
Por repulsiva que resulte la pornografía infantil, el bloqueo de páginas web afecta directamente a la libertad de expresión. Por este motivo debería intervenir en todo momento un juez, dado que es algo que repercute sobre un derecho fundamental. En muchos casos resulta evidente que unas imágenes entran dentro de la categoría de pedofilia. Pero en ocasiones la frontera entre esto y el simple mal gusto no es nada nítida, y quien debe decidir en qué lado de línea divisoria se encuentran unos contenidos determinados ha de ser el poder judicial. Si no, el exceso de celo de las autoridades policiales o el abuso por parte de alguien para censurar contenidos incómodos que no tengan nada que ver con esta cuestión antes o después causarán daño a terceros.
A lo anterior se añade otro riesgo. Desde el momento en el que se limita sin control judicial la libertad de expresión por cualquier motivo, con independencia de que éste sea algo tan aparentemente justificable como combatir la pornografía infantil, se abre la puerta a mayores restricciones en esta materia en el futuro. De esta manera, se puede entrar en un proceso en el que de forma progresiva se vayan recortando las garantías ante posibles abusos por parte de las fuerzas de seguridad o el poder político.
En el pasado fue el terrorismo, desde hace unos años una de las razones es la defensa de los derechos de autor y en la actualidad, en Alemania y otros países como España, se incluye también la lucha contra la pornografía infantil. Los motivos aducidos por el poder político para reducir la libertad de expresión y otros derechos, como el de la intimidad, de los internautas no paran de crecer. Si las sociedades abiertas no quieren ir pareciéndose en la red cada vez más a China, no debe bajarse la guardia.
