La inmensa mayoría de españoles son salvajemente esquilmados por la voracidad recaudatoria del Estado.
Este pasado 5 de abril arrancó oficialmente la campaña de la renta 2016: es decir, la campaña para convencer a las ovejas de que pasen por el esquiladero sin rechistar. La clave de recaudar los impuestos está justamente en saber hervir la rana sin que esta salte de la cazuela. Acaso por ello Hacienda propague con insistencia engañosos titulares del estilo de que “al 75% de los contribuyentes españoles les sale la declaración a devolver”: algo así como si a la mayoría de ovejas no se les arrebatara lana alguna, sino que incluso se les entregara parte de la lana sobrante del resto de ovejas.
La realidad, sin embargo, es bien distinta: ni una declaración a devolver implica que estemos recibiendo una transferencia neta del Estado (más bien al contrario: significa que, a través de las retenciones sobre nuestras nóminas, le hemos adelantado al Estado un capital que no debería habernos arrebatado), ni librarnos de pagar el IRPF supone que no estamos soportando carga fiscal alguna.
En estos momentos de deliberada confusión propagandística, tal vez convenga hacer un somero repaso de las gigantescas cargas tributarias que soportamos la inmensa mayoría de españoles. Para ello, partiremos de los últimos datos disponibles de salarios medios y de salarios modales, y estimaremos cuántos impuestos se ve forzado a abonar el contribuyente medio y el contribuyente modal en concepto de IRPF, cotizaciones sociales e impuestos indirectos.
El salario bruto medio asciende en nuestro país a 22.858 euros anuales. Pero, antes de que el trabajador llegue siquiera a recibir esa remuneración, el empresario ya ha tenido que pagar en su nombre el equivalente al 29,9% de su salario. Con posterioridad, el propio contribuyente ha de abonar la cotización social a su cargo (el 6,35% de su sueldo bruto), así como el IRPF (cuyo tipo efectivo para ese nivel salarial equivale al 14%). Finalmente, volverá a pagar impuestos indirectos sobre el gasto en consumo que efectúe a partir de sus ingresos netos: asumiremos que el trabajador consume cerca del 70% de su renta (el gasto en consumo de las familias representa el 70% del gasto privado) y que paga un tipo medio del 15,2% (el tipo implícito sobre el consumo en nuestro país). Con estos parámetros, descubriremos que el salario medio en España está sometido a una agresiva fiscalidad de casi 13.500 euros anuales: esto es, un salario bruto antes de cotizaciones empresariales de 29.692 euros (22.858 después de cotizaciones empresariales) queda reducido apenas a uno de 16.270.
Quizá se piense que esta brutal exacción tributaria responde a que estamos analizando rentas muy alejadas de las que percibe el común de los mortales. De ahí que convenga contraponer este cálculo al de los impuestos pagados por el empleado modal, esto es, el trabajador con el sueldo más frecuente en España. La metodología que seguiremos es la misma: cotizaciones sociales del 29,9% (empresario) y del 6,35% (trabajador); tipo medio efectivo del IRPF del 9,07% para ese tramo de renta, y tipo implícito sobre el consumo del 15,2%. En tal caso, observaremos que los impuestos soportados por el trabajador más común en España ascienden a casi 9.000 euros anuales: un sueldo antes de cotizaciones empresariales de 21.420 euros (de 16.490 euros después de cotizaciones empresariales) queda capitidisminuido hasta los 12.453 euros.
En definitiva, por mucha propaganda que vierta Hacienda, la inmensa mayoría de españoles son salvajemente esquilmados por la voracidad recaudatoria del Estado. El sueldo medio soporta una carga tributaria de 13.500 euros anuales y el sueldo más común, una de 9.000 euros. Ahora plantéense por un momento si, a lo largo de toda su vida, reciben unos servicios públicos con un valor equivalente a estas sumas o si, por el contrario, podrían disfrutar de mejores prestaciones disfrutando de esos ingresos adicionales año tras año y eligiendo libremente entre las ofertas plurales de múltiples proveedores en competencia: si usted está satisfecho con la contraprestación recibida a cambio del expolio, enhorabuena (aunque piense dos veces si acaso no será víctima del síndrome de Estocolmo); si, en cambio, no está conforme con ella, no le quedará otro remedio que encogerse de hombros: nuestros políticos son frontalmente refractarios a respetar nuestra libertad individual de elegir cómo queremos vivir nuestra propia vida.
