La beneficencia, tan desdeñada por el pensamiento predominante, es buena: porque es libre y no provoca el quebrantamiento de los derechos de nadie.
Escribió hace tiempo la profesora Adela Cortina en El País:
Inyectar dinero a la Ley de Dependencia no puede quedar para cuando sobre de los demás, porque es de justicia, no de simple beneficencia, intentar que todos los ciudadanos lo sean de primera, que no haya ciudadanos de segunda.
Pero interpretar el gasto público como si fuera la justicia, es decir, que se puede imponer por la fuerza, pulveriza todos los límites del poder. Por eso la beneficencia, tan desdeñada por el pensamiento predominante, es buena: porque es libre y no provoca el quebrantamiento de los derechos de nadie.
Si lo bueno y lo justo es el gasto público, por ejemplo, en la dependencia, ¿por qué no aumentarlo? La respuesta es: porque el gasto público no es gratis, y depende de que el Estado viole la libertad de los ciudadanos de conservar lo que es suyo. Esa violación, que es una injusticia por definición, no es considerada por la señora Cortina… ni por casi nadie.
Asimismo, eso de que todos los ciudadanos sean de primera es un dislate. Una somera reflexión le habría bastado a doña Adela para comprender que es imposible. Es más, para comprenderlo sólo tendría que haberse mirado al espejo. Ella es una mujer de primera, y no todas pueden serlo. Por ejemplo, sólo una minoría extraordinariamente desigual de mujeres y hombres son miembros de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y que ella sea de primera, una mujer premiada y aclamada, y los demás seamos de segunda no es injusto, sino justo.
Un informe de Duncan Green, de Oxfam, advirtió: «A menos que actuemos rápidamente», todo empeorará, «condenando a millones de personas a la pobreza». Cuando la corrección política convoca a la acción, jamás se refiere a las personas en sus actos libres y voluntarios, sino a los políticos, cuyos actos han de traducirse en recortes de la libertad de los individuos.
¿Cómo puede justificarse dicho quebrantamiento? Siempre es por la urgencia política ante catástrofes terribles que sólo pueden evitarse mediante la expansión del ámbito coactivo de la política y la legislación. Nótese la retórica: «condenar» a millones a ser pobres. Por llamativo que parezca, hay una circunstancia en donde esa condena se produce, y es cuando, tras la invitación de Oxfam, los Estados se expanden, supuestamente para aliviar a los pobres. Lo que sucede en realidad es que dicha expansión sí que condena, con la fuerza de la ley, a millones de contribuyentes a ser relativamente más pobres. Pero ¿cuándo se han preocupado los biempensantes de los sufridos contribuyentes?