Los famosos 20 millones parecen mucho dinero, pero si tenemos en cuenta que también se va a gastar 30 millones en propaganda el Plan E, pues no parece tanto. El dinero destinado a justicia siempre es insuficiente por la razón que gran parte del dinero estatal se va a otras partidas que siempre son más absurdas.
Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente se gasta más de 250 millones de euros en convenios. También ha destinado 115 millones de euros al medio natural de la propiedad privada. En la legislatura anterior, el gobierno de ZP condonó casi 2.000 millones de euros de deuda a países extranjeros (la de nuestras hipotecas, no). Este año regalará a Cuba 2 millones de euros. Se ha gastado casi 8 millones de euros en la cúpula de un edificio. En 2008, regaló 35 millones de euros a México para que arreglara la bahía de Acapulco. Se gastará 200 millones de euros al año durante cinco años, en total 1.000 millones de euros, en algo tan abstracto e inútil como la seguridad alimentaria. Los gobiernos llevan décadas tirando dinero en estos conceptos y jamás han servido de nada. Al final se lo acaban quedando los corruptos gobiernos del lugar. Occidente lava así su conciencia, regala el dinero del pagador de impuestos a dictadores.
El encargado de financiar el poder judicial es el Estado y representa tradicionalmente una de sus funciones básicas o mínimas del Estado. En economía, tenemos un importante concepto llamado coste de oportunidad. Es el auténtico coste. Se define como el gasto o inversión que se realiza en detrimento de otras inversiones o gastos alternativos que podemos realizar. Sólo tengo dinero para una hamburguesa o un helado y tengo hambre, ¿qué comeré? Lo que más me satisfaga. A esto le llamamos beneficio o utilidad.
Esta necesidad de elegir la aplican las personas, las empresas y, por supuesto, el Estado. Los políticos tienen una dotación de recursos, dinero que nos han sacado a nosotros. Como es lógico, siempre lo gastarán en aquello que les aporte más beneficio –dinerario o no– y utilidad. ¿Por qué el Gobierno gasta más dinero en publicidad, obras sociales, premios, sueldos a actores y demás, que en justicia o seguridad? Porque le aportan mayores beneficios, es decir, más votos. El Gobierno compra a los electores y lobbies para que le elijan o al menos no se quejen.
Todo el mundo sabe que la justicia en España es un desastre. Muchas denuncias no se ponen porque sabemos que tardarán años en solucionarse. Como la gente está acostumbrada a este pésimo funcionamiento, el Gobierno no destina dinero alguno. Para los políticos, invertir en justicia es tirar el dinero. Esta es la primera razón por la que el Gobierno jamás se interesará en la justicia. La gente da por hecho que no tiene solución.
La segunda es que, aunque lo haga, jamás conseguirá mejorarla por la propia dinámica política. Recordemos lo que ocurrió con la ley de mujeres maltratadas, aprobada tras una fuerte presión promovida por el propio Gobierno para paliar los maltratos en España. Cuando se empezó a aplicar, los jueces se quejaron alegando que acabaría por saturar del todo algunos juzgados. Pero el Gobierno, en lugar de hacer una buena reforma de la ley actual, incrustó este parche porque así ganaría votos instantáneamente. La justicia fue la más perjudicada.
Algo más grave ocurrió con la penalización de las infracciones de tráfico. En esos momentos algunos lobbies presionaron al Gobierno para que metiera en la cárcel a los que iban deprisa con sus coches. El Gobierno, para callarlos y quedar bien ante sus votantes, introdujo otro parche a la ley. Los jueces se quejaron mucho ya que afirmaron que esto paralizaría casos más importantes como las denuncias por robo, violación o agresión. No importaba eso; había que comprar votos.
La tercera y última razón por la que el Gobierno jamás arreglará la justicia, es la que en economía austriaca llamamos "teoría de la imposibilidad del cálculo económico socialista". Un órgano económico director, como el Estado, no tiene la suficiente información como igualar la oferta con la demanda por la sencilla razón que desconoce las inquietudes de la demanda. Al no existir competencia ni precios de mercado, no hay referencias ni luchas entre empresas en las que unas ofrezcan más servicios, agilidad o mejores precios que su competidor. El único oferente está económicamente ciego. De hecho, el oferente se rige por sus necesidades y no por las necesidades de la demanda. Simplemente ignora al cliente. Esa fue la razón por la que cayó la Unión Soviética. En la URSS el precio de las materias primas eran dictadas por un comité. Como no tenían ni idea de a qué precio ponerlas, por las mañanas el camarada de turno se leía el Wall Street Journal y asignaba un precio similar al hierro, níquel, acero, etc.
Con la justicia ocurre lo mismo. El Gobierno no tiene idea de cuántos juzgados ni jueces son necesarios, así que se limita a poner cuotas generales de tantos juzgados por mil habitantes, pero cada zona es diferente y los procesos son diferentes en cada lugar, así como los tipos de delitos. El Gobierno actúa a ciegas al no existir un proceso de mercado o competencia. Haga lo que haga, jamás podrá hacer una justicia eficiente. Por el contrario, la justicia de arbitraje privada da soluciones rápidas. Es lógico que cada vez más, los ciudadanos se apunten a esta alternativa que va creciendo año tras año. Según el INE, aumentó un 30% en el primer trimestre del 2008 sólo en temas mercantiles.
Con tantos problemas e incapacidad evidente de la política, es fácil entender por qué algunos juzgados funcionan con MS-DOS mientras en Hacienda usan complicados algoritmos basados en sistemas expertos e inteligencia artificial y tienen ordenadores capaces de procesar 12.000 declaraciones al día y Hacienda almacena 3.500 millones de datos en formato electrónico del sufrido pagador de impuestos. Algo que contrasta mucho con las cero denuncias que pueden procesar los ordenadores de justicia o el clásico soporte de carpeta de papel vieja, amarilla y llena de polvo que usa. La justicia no da votos, regalar decenas de millones de euros a algún dictador con la excusa humanitaria, sí.
