En la madrugada del martes se reunía la autoridad reguladora de la energia de California. En el orden del día, las medidas a adoptar para tratar de aliviar el colapso energético que está viviendo este estado. En un artículo precedente (California en la oscuridad) explicábamos cómo la combinación de precios máximos, costes crecientes derivados de las restricciones impuestas a la producción por el ecologismo y una demanda que se había triplicado en los últimos cinco años, había producido el conocido escenario de desabastecimiento y desorganización de la producción.
Después del habitual periodo de excusas, falsos culpables –la desregulación en el tramo mayorista, el agotamiento de los recursos naturales y la sociedad de consumo– y falsos remedios –cortes de suministro para no tocar el precio y creciente intervencionismo–, las autoridades californianas se han dado cuenta de algo que los soviéticos tardaron 70 años en reconocer. La realidad económica es tozuda y no se traga la propaganda gubernamental. Como decían en Bulgaria durante la construcción del Metro, el subsuelo de Sofía es reaccionario. Las medidas aprobadas incluyen la subida de los precios máximos autorizados en un 50% de promedio (agradézcanselo a los verdes) y la recomendación de permitir en vía de urgencia la construcción de nuevas plantas generadoras.
Desgraciadamente, junto a estas medidas bien encaminadas, los burócratas han pasado, con la excusa de evitar el desabastecimiento, una tarifa móvil de precios en función de la energia consumida por cada usuario. Restringir el despilfarro a traves del precio es desde el punto de vista económico, el mecanismo ideal. De lo que están hablando los reguladores no es de esto, sino de cuotas de consumo medio asignadas a cada uno por los políticos y de distintos precios cargados por el mismo servicio según las personales apreciaciones y favoritismos de los funcionarios.
Con los cortes de luz, se le impide gastar tanto al mecánico que tiene que trabajar en su taller para ganarse la vida, como al perezoso que no tiene ganas de levantarse a apagar las luces porque el precio es artificialmente bajo. Con precios móviles fijados según cuotas establecidas por el gobierno, la energía no la consumen las empresas que mejor satisfacen a los consumidores, sino aquellas que mejor medran ante los políticos. Si mañana una empresa triplica su cartera de pedidos y otra es abandonada por sus clientes, la primera deberá pagar muchísimo más por kilowatio consumido que la segunda que de esta forma se verá subvencionada en su ineficacia. ¡Benditos gobernantes que velan por el bienestar de los ciudadanos!
