La única «democracia» legítima para Podemos es el anticapitalismo (más conocido como comunismo).
Podemos irrumpió en la vida política española, aprovechándose muy hábilmente de la grave crisis institucional y económica que ha padecido el país en los últimos años, con un claro discurso antistablishment que, en última instancia, cuestionaba la legitimidad del sistema democrático vigente e incluso la ejemplar y admirada transición que se llevó a cabo a finales de los años 70.
Por esta misma razón, el partido de Pablo Iglesias acordó una fórmula muy particular para que sus miembros tomaran posesión de sus cargos como diputados y senadores tras las pasadas elecciones generales. Así, en lugar de jurar la Constitución sin más, prometieron acatarla, sí, pero también «trabajar para cambiarla». No es ninguna casualidad que la frase en cuestión esté inspirada en la toma de posesión de Hugo Chávez como presidente de Venezuela en 1999: «Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir e impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la república nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro».
Es decir, podemitas y chavistas coinciden en que su principal cometido no es cumplir y hacer cumplir la Constitución, sino cambiarla por otra, modificando así los cimientos sobre los que se asienta la democracia representativa moderna. No en vano, el propio Pablo Iglesias se comprometió durante su primer discurso como secretario general del partido morado, en noviembre de 2014, a «abrir el candado de la Constitución de 1978» por la vía de un «nuevo proceso constituyente». Y, aunque un año después, justo antes de las elecciones generales, maquilló su promesa para no asustar demasiado al personal, insistió en que la Carta Magna necesita una reforma de calado -lo cual también implicaría abrir un proceso constituyente, solo que no lo dijo de forma expresa-.
Pero, ¿cambiarla para qué? ¿Qué modelo proponen a cambio? La «democracia popular», también conocida como «república popular» o «república democrática», cuyo título alberga la construcción de estados socialistas, a imagen y semejanza de la antiguas exrepúblicas soviéticas, entre otros modelos de similar naturaleza. Regímenes, en definitiva, donde la «democracia» tan sólo figura en la denominación del país, como en la antigua RDA (República Democrática Alemana), pero que, en la práctica, no son más que retrógradas y crueles dictaduras cuyo ejercicio condena a la población a la más absoluta represión, miseria y violación de derechos y libertades fundamentales.
La Constitución Bolivariana de Venezuela, la nueva Carta Magna que prometió Chávez blandiendo como bandera el «socialismo del siglo XXI», logró su objetivo: derrocar el sistema previo, gravemente herido por la corrupción y el nefasto rentismo estatista que instauró el tradicional bipartidismo durante décadas, para, a continuación, sustituirlo por un modelo socioeconómico mucho más politizado donde el poder se concentra casi única y exclusivamente en las manos del jefe supremo, el presidente de la República -ayer Chávez, hoy Maduro-, sin contrapesos de ningún tipo.
El chavismo mantuvo cierto apoyo popular mientras los ingentes ingresos procedentes del petróleo llenaban las arcas del Estado para repartir prebendas y subvenciones de todo tipo entre una población que, desde hace tiempo, vivía infantilizada y deseaba ser mantenida por el poder político en lugar de prosperar por sí misma mediante el libre comercio y la empresarialidad. Sin embargo, una vez desaparecido el espejismo petrolero, la muy estatalizada economía venezolana comenzó a mostrar sus miserias tras años de expropiaciones, inseguridad jurídica y nula productividad. Fue entonces cuando, tal y como se ha encargado de demostrar la historia una y mil veces, el «socialismo del siglo XXI» mostró su verdadero rostro sin ambages, avanzando hacia la dictadura en la que se ha convertido hoy, en medio de la peor recesión, hiperinflación y desabastecimiento que ha sufrido Venezuela a lo largo de su historia.
El golpe de estado de Maduro
Tras el reciente golpe de estado que propició Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, pocos se atreven hoy a afirmar que Venezuela sigue siendo una «democracia», puesto que el Parlamento y sus miembros han sido desposeídos de toda autoridad y competencias… Y esos pocos son, precisamente, los de Podemos. Cuando el petróleo cotizaba en máximos y el régimen disponía de recursos, los miembros de la cúpula podemita no dejaban de lanzar loas a la «República Bolivariana» venezolana, tildando a Chávez de héroe y libertador y a su revolución de «fiesta ciudadana» y ejemplo de «democracia». De hecho, Luis Alegre afirmaba en 2006 que la experiencia de Venezuela demostraría «la compatibilidad entre comunismo y democracia».
Erró como yerran todos los comunistas. Cuando se acabó el maná petrolero y los venezolanos comenzaron a padecer los destrozos de más de una década de socialismo chavista, los podemitas justificaron el desastre económico y social de la revolución escudándose en argumentos surrealistas, como que las colas kilométricas en los supermercados se debían a que los venezolanos tenían mucho dinero para gastar (Errejón dixit) o que la escasez de productos básicos era culpa de especuladores y «empresarios ladrones» (Monedero dixit). Y, finalmente, cuando Maduro ejecutó su golpe e instauró la dictadura de forma oficial, ¿qué hizo Podemos? Avalar y apoyar a los suyos…
En sus tres años de vida, el partido morado nunca ha condenado el estado de represión y profunda pobreza que padecen los venezolanos: en el Parlamento Europeo evitaron pedir en su día la liberación del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma; en enero de 2016 se negaron a firmar un manifiesto en el que se pedía a Maduro que respetase la victoria de la oposición en la Asamblea; en abril de ese mismo año evitaron pedir la pronta liberación de presos políticos en Venezuela; el pasado septiembre Monedero tildaba de «golpista» la protesta social en las calles de Caracas contra Maduro; y el pasado marzo, tras el golpe a la Asamblea, Podemos también se negó a apoyar en el Congreso una declaración institucional de condena.
De hecho, algunos van incluso más allá y apoyan abiertamente esta particular deriva. Es el caso de Alberto Garzón cuando afirma que «los grandes empresarios de distribución se han coordinado en no pocas ocasiones para provocar episodios de escasez que enfurecieran a las masas», cuando critica «la sobreactuación de los poderes políticos europeos, entre ellos de PP, PSOE y CS, en relación a la justa y razonable detención y encarcelamiento del golpista Leopoldo López», o cuando señala que la suspensión de las atribuciones de la Asamblea «ha sido una acción legal y constitucional y desde luego en ningún caso un Golpe de Estado como repiten los voceros de la derecha oligárquica».
Y lo mismo sucede con Juan Carlos Monedero al señalar que «cuando la Asamblea decidió desconocer el poder legítimo del Presidente se estaba poniendo al margen de la Constitución. Se colocaron por voluntad propia en desacato», y, como no fue disuelta, «no hay tal golpe de Estado». Más bien al revés, puesto que «la Asamblea es la que está complicando el Estado de derecho».
«Democracia» es socialismo
¿»Demócratas»?, ¿dónde? No pueden ser demócratas quienes avalan y apoyan un golpe de estado para instaurar una dictadura plena en Venezuela, en contra de la voluntad mayoritaria de la población; quienes veneran a dictadores y asesinos como Fidel Castro o el Che; quienes aspiran a reinstaurar en España la desastrosa y fratricida II República, cuya bolchevización y posterior pucherazo electoral en el 36 desembocó en una trágica guerra civil; y quienes, en definitiva, pretenden colectivizar los medios de producción y acabar con el actual marco de derechos y libertades que impera en España mediante una nueva Constitución… ¡La suya!
El problema de fondo es que, si bien Podemos usa constantemente el término «democracia» a modo de anzuelo para pescar votos, el significado que le otorgan es diametralmente opuesto al del común de los mortales. La única «democracia» legítima para Podemos es el anticapitalismo (más conocido como comunismo), y éste ya ha demostrado en todas y cada una de las ocasiones que es incompatible con la libertad y prosperidad de los individuos, tal y como también ejemplifica hoy Venezuela, su última víctima.
