O recortes de las pensiones o subidas de impuestos masivas, sangrantes y pauperizadoras para el conjunto de la población.
Nadie debería cuestionar que actualmente la Seguridad Social atraviesa por una mala situación financiera (cerraremos 2019, en el mejor de los casos, con un déficit de 16.000 millones de euros) ni tampoco que esa mala situación continuará empeorando a lo largo de los próximos 40 años. La razón de este progresivo empeoramiento se debe a la previsible evolución demográfica de nuestro país: a lo largo de las próximas décadas, la población con más de 65 años pasará de representar el 30% de la población en edad de trabajar a alrededor del 60%. Es decir, el conjunto de personas susceptibles de cobrar una pensión se duplicará en relación con el conjunto de personas capaces de sufragarla. ¿Seremos capaces de mantener la generosidad actual de la Seguridad Social o, alternativamente, habrá que someterla a recortes?
Algunas agrupaciones de pensionistas, así como la mayoría de partidos políticos —que gustan de negar la realidad ante sus bolsas de votantes— nos venden que la Seguridad Social no solo será capaz de mantener su generosidad en el futuro sino incluso de incrementarla. A saber, podremos derogar las dos últimas reformas de las pensiones e incrementar muy sustancialmente el importe de las pensiones mínimas y de las de viudedad. Para lograrlo, nos prometen soluciones mágicas como crear más empleo de calidad, incrementar los salarios, subir las cotizaciones sociales o disparar la tributación a los más ricos.
¿Por qué todas estas recetas mágicas son realmente incapaces de garantizar la sostenibilidad del actual sistema de pensiones y, mucho menos, de incrementar su generosidad tal como reivindican distintos colectivos y partidos políticos? Para explicarlo, vamos a apoyarnos en la reciente nota que ha publicado el Banco de España sobre el futuro de las pensiones públicas.
El gasto en pensiones como el porcentaje del PIB es el resultado de multiplicar cinco variables: la tasa de dependencia (peso de la población mayor de 65 años sobre la población total en edad de trabajar), la tasa de cobertura (número de pensiones pagadas sobre la población mayor de 65 años), la tasa de beneficio (la relación entre la pensión media y el salario medio), el inverso de la tasa de empleo (es decir, el inverso de la población ocupada sobre la población en edad de trabajar) y la masa salarial (peso de los salarios en el PIB). En 2018, la tasa de sustitución era del 29,8%, la tasa de cobertura del 107%, la tasa de beneficio del 46,9%, la tasa de empleo del 60,7% (y, por tanto, su inverso sería el 1,64) y la masa salarial del 43,2% del PIB. En total, pues, el gasto en pensiones ascendió al 10,8% del PIB.
Quienes proclaman que es posible financiar las pensiones sin aplicar recorte alguno quieren expresar que es posible mantener a largo plazo la misma tasa de cobertura y la misma tasa de beneficio que en la actualidad sin que la Seguridad Social experimente problemas financieros a pesar de la explosiva evolución que va a experimentar la tasa de sustitución. Es decir, que no habrá problema en conseguir recursos suficientes para sufragar el previsible aumento del gasto. Veamos si es así.
En el año 2050, la población mayor de 65 años equivaldrá —en el escenario central de la AIReF— al 58,4% de la población en edad de trabajar. Manteniendo el resto de variables constantes (esto es, sin recortes y con la misma tasa de empleo), el gasto en pensiones pasaría del 10,8% del PIB actual al 20,9%, es decir, se más que duplicaría. Si consiguiéramos elevar la tasa de empleo hasta el 75% (la más elevada de nuestra historia, y una de las mayores de los países desarrollados), los desembolsos seguirían totalizando el 16,8% del PIB. Si eleváramos los salarios (porque la productividad también aumentara) e incrementáramos las pensiones proporcionalmente (para evitar la rebaja de la tasa de beneficio), entonces el gasto en pensiones se mantendría a exactamente al mismo nivel (nótese que una reducción de la tasa de beneficio supone un empeoramiento de las condiciones de jubilación de los pensionistas, puesto que sus ingresos no aumentarían correlativamente al mayor importe cotizado).
Por consiguiente, el escenario central de la AIReF conduce a pronosticar —en ausencia de recortes— un incremento del gasto entre seis y 10,1 puntos de PIB. Si, en cambio, nos moviéramos en el escenario demográficamente pesimista de la AIReF (la población de más de 65 años equivale al 67,8% de la población en edad de trabajar), el gasto en 2050 aumentaría entre 8,9 y 13,5 puntos de PIB.
¿Podemos incrementar la recaudación tributaria en España entre seis y 13 puntos de PIB sin sangrar exageradamente a las clases medias españolas? En absoluto. Recordemos que la megasubida de impuestos ‘a los ricos’ y a las ‘grandes empresas’ que pactaron PSOE y Podemos para el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 apenas incrementaba la recaudación en cinco décimas de PIB (y una décima no procedía realmente de mayores gravámenes a las rentas altas, sino del impuesto sobre hidrocarburos y del incremento de las cotizaciones sociales a trabajadores por cuenta propia y ajena).
Así que no: o recortes de las pensiones o subidas de impuestos masivas, sangrantes y pauperizadoras para el conjunto de la población (o una combinación de ambas). No existen alternativas que no supongan darnos cabezazos contra el muro de la demografía.
