El pasado domingo, Carlos Rodríguez Braun publicaba un artículo en La Razón titulado Empobrecer al vecino, en el que explicaba cómo las políticas nacionales que tratan de mejorar la situación de uno empeorando la de otro son perjudiciales. Rodríguez Braun aportaba diferentes argumentos para señalar lo nocivo de estas medidas de corte tan mercantilista. En primer lugar, las limitaciones comerciales benefician a unos pocos a costa de la mayoría de la población. En ese sentido, los grandes perjudicados de las políticas comerciales intervencionistas son los consumidores, es decir, la población en general. Por otro lado, generan una distorsión en la atribución de responsabilidades, lo que resulta muy atractivo ya que los políticos aparecen como salvadores y se señala un culpable extranjero en quien la población puede descargar su frustración.
Estos argumentos tan claros y lúcidos pueden aplicarse, no solamente a empresas o países, sino también a los agentes económicos: a los individuos. Por desgracia, estas reflexiones son de plena actualidad. Una de las aficiones de las sociedades, fruto del mito del Estado del Bienestar, consiste en demonizar al de al lado y tratar de mejorar a costa de los demás. Esa, según Ayn Rand, era la diferencia entre el socialismo y el capitalismo. El socialismo incentiva a los individuos a vivir a costa de los demás. El capitalismo incentiva a los participantes en el mercado a competir entre sí como medio de superar a los demás. Y, exactamente como describe el profesor Rodríguez Braun, el privilegio de unos pocos provoca el empobrecimiento de muchos, los contribuyentes.
Un ejemplo lo tenemos en la reacción de mucha gente cuando se expone la solución propuesta por el Instituto Juan de Mariana al caso de Bankia: la conversión forzosa de parte de las obligaciones en acciones. De esta manera, la deuda pasaría a ser propiedad y serían aquellos acreedores que se fiaron de Bankia y se involucraron más intensamente en su financiación sobre los que recaería el peso de remontar la situación, y no sobre los contribuyentes. Ante esa solución, una de las pegas más comunes consiste en explicar que muchos pensionistas tienen en sus fondos de pensiones obligaciones de Bankia y, acto seguido, añaden que muchos otros compraron convertibles engañados. En primer lugar, son cosas diferentes. El engaño hay que denunciarlo, y no es una característica del capitalismo o de la economía liberal. Es propio de la naturaleza humana: por eso existen leyes que protegen del engaño. Pero el argumento del fondo de pensiones es muy resbaladizo y populista. Es decir, es de los que la gente común se traga fácilmente. Uno se imagina a la pobre abuela que no tiene necesidad de saber los intringulis del mundo financiero y se fía de su caja de ahorros, posiblemente la misma de siempre, en la que le abrió la cartilla al nieto, en la que estaba su nómina. Y, claro, pensar en que esa señora va a perder su pensión nos indigna a todos. A los liberales, a los libertarios, a los capitalistas también. Sobre todo porque la frase con la que te atacan es "¿te parece justo que esa señora pierda su pensión mientras Rato, Blesa, Fernández Ordóñez y los demás se van de rositas?". No me parece justo que los responsables de un delito se vayan de rositas, ni en el caso Bankia ni en ningún otro.
Pero, empleando su lógica, lo que se está diciendo es que lo justo es que una madre soltera que trabaja, que no ha tenido oportunidad de formarse mucho, que mantiene a su hijo de meses, que paga sus impuestos y apenas llega a fin de mes pague el roto que han dejado entre unos y otros en una caja de ahorros con la que ella no tiene nada que ver. ¿Es justo que esa pobre mujer pague?
Para empezar, en el caso de la abuelita, es muy probable que el fondo esté diversificado con lo cual no perdería el valor de todo, y además la propuesta es convertir obligatoriamente sólo parte de las obligaciones, así que el efecto final sería muy pequeño. Y, por otro lado, no se sabe quiénes son los poseedores de obligaciones, pero muchas de ellas están en manos de bancos extranjeros y fondos de inversión de bancos españoles. El caso de la viejecita, como el de la madre soltera, es muy restringido.
Pero, lo peor es el mensaje: no importa dónde ponga usted su dinero, si pierde, ya se lo pagan el resto de los españoles. Es decir, se incentivan las malas inversiones y no las buenas.
No estaría de más plantearse cuál es la causa real de todo el problema de Bankia: la intervención directa del poder político en el sistema financiero. ¿Alguien ha propuesto que se acabe con ello? No, se ha pedido más Estado. Pues eso es lo que, por desgracia, vamos a tener.
