Uno de los pilares en el que descansa el intervencionismo es que los gobiernos han de recaudar el máximo dinero posible en épocas de bonanza para después lanzarlo a las empresas y particulares en situaciones de crisis. ¿Por qué el Gobierno habría de hacer algo así? Porque según la doctrina socialista somos todos idiotas por definición y, por tanto, incapaces de calibrar el riesgo de nuestras acciones, de ahí que no ahorremos y nos revolquemos en el consumismo. En este escenario, el Estado asume la responsabilidad de un falso asegurador forzoso y ahorra por nosotros.
¿Pero qué ocurre cuando viene la crisis y necesitamos nuestro dinero? Que el ministro de Economía nos insulta diciéndonos que tenemos lo que nos merecemos y que se ha gastado el dinero que nos expropió en otros grupos tan "responsables" como los actores o los agricultores que viven de subvenciones permanentes, por no mencionar todo el dinero que van regalando a todo país que se lo pida o al primer lobby políticamente correcto que se les presenta.
Las palabras de Solbes nos muestran de forma meridiana qué es el Estado. Si esta organización omite sus responsabilidades cuando ha de pagar sus deudas, ¿en qué se convierte? Ningún empresario paga impuestos por propia iniciativa; es obligado a hacerlo contra su voluntad igual que los particulares. A cambio de este sacrificio obligado, el Gobierno nos promete seguridad. Cuando no se hace responsable de la supuesta seguridad material que nos prometió, actúa igual que un vulgar ratero o delincuente. La única diferencia es que el delincuente al robarnos no nos dice que lo hace por nuestro bien ni por el de la sociedad.
Esto nos lleva a la reflexión del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. "Qué los jóvenes se hagan empresarios." ¿Qué incentivo tiene una persona joven para convertirse en empresario? Ante el panorama actual, ninguno. Un empresario no sólo ha de enfrentarse a la competencia y las exigencias del consumidor para satisfacerlo, que son las únicas demandas del mercado, sino que ha de luchar día a día contra las numerosas regulaciones de la UE, el Estado, la Comunidad, el Ayuntamiento y los políticos como Ruiz-Gallardón. ¿Qué favor les hace el alcalde a los empresarios prohibiéndoles anunciarse con carteles convencionales o de neón? ¿Y obligando a los trabajadores a ejercer su profesión cuando no quieren? Ante tantas trabas estatales y problemas, mejor recibir un sueldo fijo de Telefónica o hacerse funcionario. Las leyes que intervienen en el mercado sólo premian el hedonismo, la baja productividad y el parasitismo a costa del resto de la sociedad. No es una situación muy sostenible en un mundo globalizado.
¿Quieren los políticos más empresarios? No hace falta inventar la sopa de ajo. Que eliminen barreras estatales, leyes que sólo favorecen a los grupos de presión, burocracia y, sobre todo, impuestos. En definitiva, que reduzcan de forma acusada el peso coactivo del Estado sobre la sociedad civil y el mercado. Entonces no sólo los empresarios crecerán de forma exponencial y los consumidores tendremos más opciones y diversidad comercial, sino que además ya no tendrá ningún sentido que las empresas exijan socializar las pérdidas a nuestra costa porque el Estado no tendrá ninguna capacidad para hacer efectiva una demanda semejante.
