Esta semana he leído un artículo publicado en Brookings a finales de abril, en el que se calcula el coste del cierre de centros de enseñanza en Estados Unidos hasta esa fecha. Es una aproximación que, como todas, tiene sus sombras, pero arroja luz sobre un tema muy relevante y de candente actualidad. Por desgracia. Porque la educación de los niños no debería estar sobre el tapete.
Sin embargo, pasado el ecuador del mes de agosto, no está claro si los colegios van a abrir o la educación va a ser online, o no va a ser de ninguna manera. Y se trata de la infancia, esa etapa donde, además de los conocimientos, aprendemos los modos, las formas, los caminos para sobrevivir a lo que nos toque, de aquí en adelante. De manera que, en estos momentos, les estamos mostrando hasta qué punto estudiar es importante, no solamente para ellos, sino para nosotros, sus mayores.
Yo estoy convencida de que, al madurar es cuando valoramos verdaderamente el tesoro de la educación. Es mi caso. Por eso, jamás dejaré de estudiar. Y no digo formación, sino educación, porque, en mi experiencia, además del análisis económico, he aprendido los porqués, los cómo, los valores que se esconden detrás de las hipótesis y las teorías. Y eso se debe a que, en mi infancia, una maestra estimulaba mi curiosidad mientras me obligaba a memorizar datos y a aprender conceptos.
Lo que les enseñamos a los niños es que no nos importan ellos sino el paisaje político. Les dejamos al albur de que sus padres puedan y sepan ser los guías de su aprendizaje. ¿Resulta chocante hablar así de los padres? No. Hasta marzo, el Estado español y el 99% de los partidos políticos consideraba que el home schooling era una aberración propia de padres frikis que podían ser peligrosos para sus hijos. Esa es una de las razones que nos cuentan quienes claman por el dirigismo educativo, la homogeneización total de los estudios, el control férreo estatal, etc. Que se lo cuenten a Laura Mascaró, que lleva quince años defendiendo la educación en casa, y dando apoyo legal y personal a padres que, contra viento y marea, eligen esta opción.
Las consecuencias de tan errado prejuicio es la rigidez extrema de nuestro sistema de enseñanza. Y, en esas condiciones, ante una pandemia, los colegios apenas tienen capacidad para amoldarse y reaccionar.
A finales de julio, tuve la suerte de compartir panel, por desgracia virtual, por lo que no pude conocerle personalmente, con Luis Garicano, en la Comisión de Reconstrucción del Parlamento Andaluz. Ambos hablamos de educación, de la transformación digital en las aulas, y él puso encima de la mesa una idea muy buena: la existencia de tutores, digitales o no, que reforzaran la educación en tiempos como los que vivimos.
Imaginemos tutores que refuerzan a grupos de 10 niños. Estas tutorías más las clases online podrían suplir las deficiencias del sistema que se ha seguido desde marzo hasta final de curso, con los resultados que todos conocemos.
No hay dinero para esto. No hay maestros. No salen las convocatorias para profesorado infantil porque, como todo, se paralizó el proceso. Falta de todo. Especialmente imaginación política y libertad de elegir.
Todo este desbarajuste tiene un coste para el niño del mañana, el trabajador que va a tenerlo un poco peor por esta mala gestión. No obstante, como estamos en una sociedad en la que el individualismo no tiene mucho predicamento, me gustaría aportar algunos datos del artículo de abril, en el que hay que poner las cifras en cuarentena porque se refieren a Estados Unidos, que tiene un mercado de trabajo y un nivel de renta por habitante diferentes y un sistema educativo distinto.
Los autores, George Psacharopoulos, Harry Patrinos, Victoria Collis, y Emiliana Vegas, calculan que, cada año de escolarización adicional representa un 10% de ingresos salariales extra en el futuro. Considerando el número de alumnos de Estados Unidos y los meses que colegios y universidades han cerrado en dicho país; suponiendo un modelo de 45 años de vida laboral, con unos ingresos anuales medios de 53.490 dólares y una tasa de descuento del tres por ciento, el resultado al que llegan es que se pierden más de 1.300 dólares al año por estudiante.
Conscientes de que esa cifra no suena lo suficientemente escandalosa, los autores han presentado los resultados agregados, y estiman que la pérdida es equivalente un 12,7% del PIB de Estados Unidos.
Yo no soy muy partidaria de este tipo de cálculos, porque creo que se dejan muchas cosas atrás. Además, depende del país, de la región, de la evolución de esas variables (recordemos que la hipótesis caeteris paribus no es real), y de demasiados factores que influyen en esta cuestión.
Sin embargo, sí creo que la conclusión es acertada: el deterioro de la enseñanza afecta negativamente a la creación de riqueza del futuro, igual que la mejora de la misma, afecta positivamente.
Si los padres no tenemos en nuestra mano educar a nuestros hijos, las instituciones no son lo suficientemente flexibles, tanto por imperativo legal y como por problemas estructurales, y no hay voluntad política de solucionar el tema, como lo demuestra a dónde han ido los millones de euros que nuestro gobierno transfirió en medio de una pandemia, es muy improbable que los colegios, institutos y universidades abran sus puertas en septiembre.
Por culpa de esas maestras de mi colegio, pero sobre todo, de mi padre, que ha sido mi mayor estímulo en este sentido, no puedo evitar plantearme alternativas, como que se abran más tarde, menos días, que se facilite el acceso a la enseñanza a los opositores, de manera transitoria, como refuerzo al sistema digital.
El gasto en educación debería ser una prioridad para los gobiernos porque es una inversión en el futuro del país. Y, por esa razón, debería mirarse con microscopio el impacto y la eficiencia de ese gasto, y debería ser imperativa la diversidad institucional y la libertad de elegir.
