La alternativa a la industria es, como sabemos, un sector turístico que nos hace dependientes de los rentistas de otros países.
Otra semana más, la Autoridad Fiscal Independiente nos ofrece una perspectiva crítica de la economía española en el marco de su revisión del gasto público. En esta ocasión, se trata de la ayuda a la industria en España. Al parecer, el Programa de Reindustrialización y Competitividad Industrial (RCI) no mejora la competitividad empresarial. No es ninguna sorpresa. Una revisión de la historia económica española nos muestra que esa ha sido la pauta: proteccionismo ineficiente.
Como explica el profesor Pablo Martín Aceña en su revisión de la Transición en 2010, refiriéndose a los efectos de la crisis internacional de 1973 en nuestro país, nuestra industria presentaba “una estructura vieja, poco competitiva e ineficiente, con una fuerte dependencia energética exterior y lastrada por una tradición de intervencionismo y proteccionismo sin parangón en Europa occidental”. Esa tradición no se limitó al periodo franquista. Provenía de principios de la industrialización española, en el siglo XIX. Los empresarios industriales españoles reclamaron ayudas cuando perdieron el mercado americano al perder las colonias. La urbanización de principios del siglo XX, fruto de la repatriación de capitales tras la perdida de Cuba y Filipinas, el desarrollo bancario, los incipientes signos de progreso de la economía española, no sucedieron apoyados en la competitividad de nuestra industria sino en el control estatal de la economía.
El triangulo formado por la banca, el gobierno y las empresas industriales, que no es único en España, funcionó a corto plazo, pero generó consecuencias desastrosas a medio y largo plazo.
Tras la Guerra Civil, el gobierno franquista simplemente siguió esa tendencia, si bien, en un grado mucho más radical. El Instituto Nacional de Industria sustituyó la aportación de capital privado, nacional o extranjero. Eso quiere decir que la inversión se realizó con un criterio planificador, no por razones de rentabilidad. La diferencia estriba en que los inversores apuestan por las industrias en las que hay expectativas de beneficios futuros. Los planificadores, sin embargo, conceden beneficios a aquellas industrias que beneficien más a sus gobiernos, pero no se juegan nada. Los inversores privados se juegan su dinero.
La firma del Plan de Estabilización de 1959 no mejoró las cosas. La ayuda millonaria del Fondo Monetario Internacional, sin la cual el desarrollismo no habría sido posible, logró muchas cosas pero tuvo sus fallos. Uno de los puntos negros fue la modernización de la agricultura. Y otro fue un desarrollo industrial defectuoso. Es cierto que se abrieron las puertas al capital extranjero, al menos parcialmente. Es cierto que se produjeron reformas que permitieron la mejora comercial de nuestra economía. Pero la industria siguió enganchada a la protección estatal. Además, se trataba de una industria dependiente de bienes intermedios y de la energía, y basada en el factor trabajo. De manera que la llegada de las crisis del petróleo del 73 y del 78 tuvieron como consecuencia particular en la economía española el aumento desbordado del desempleo.
Tampoco los gobiernos democráticos posteriores a la Transición han logrado encauzar la modernización industrial.
Sí, por supuesto, se les llena la boca a los políticos con las palabras fetiche de moda: tecnología, innovación, transformación digital, robotización. Pero, sinceramente, más que hacer hincapié en las oportunidades que pueden ofrecer estas claves para nuestra industria, a menudo se subraya el peligro que implican, la necesidad de protección estatal, de “regulación” para evitar abusos. No hay problema, desde mi punto de vista, en elaborar una legislación que impida los excesos. Pero yo creo que habría que comenzar por desmantelar el clientelismo industrial estatal, que arrastramos desde hace demasiado tiempo. ¿Cuánto dinero pagado con el esfuerzo de todos los españoles se ha comido el Programa de Reindustrialización y Competitividad? ¿Quién nos lo va a devolver a los contribuyentes? ¿Quién va a asumir la responsabilidad, sea económica, sea política, de un Programa fallido? No parece importarle a nadie. Lo más que se preguntan los opinadores profesionales en las tertulias y mentideros, es cuál va a ser el nuevo programa, qué parche va a tapar el nuevo roto.
Esta mentalidad oculta el verdadero mal de nuestra sociedad: el pánico a la competencia. Exponer nuestros productos a los mercados internacionales saca los más terribles complejos de nuestros compatriotas. Se diría que produce terror. Por eso debe ser que se ataca tan agriamente al empresario que logra vencer ese miedo y triunfa fuera. Pone en evidencia al temeroso que pide al gobierno “protección” frente a la potencial superioridad exterior. ¡Protección! ¿Y quién protege a los consumidores que llevamos gastados millones de euros (y de pesetas antes) en subvencionar la mediocridad industrial española? ¿Quién protege a los trabajadores de un mercado de trabajo del sector industrial rígido e imposible?¿Quién nos protege de nuestros demonios?
La industria española no estará preparada para afrontar los retos del siglo XXI, que ya están aquí, si no aprendemos que exponernos a la competencia nos hace mejores, nos fortalece, reafirma nuestras virtudes y nos ayuda a subsanar nuestros defectos. Y, por ende, la bondad de la competencia se potencia considerando que vivimos en una economía global, de la que no podemos escapar, ni debemos, desde luego.
La alternativa a la industria es, como sabemos, un sector turístico que nos hace dependientes de los rentistas de otros países. Es decir, nos deja mucho más expuestos a los altibajos económicos ajenos.
Por desgracia, no parece que el gobierno de Sánchez esté dispuesto a reconducir el sector. Ni tengo fe en que los candidatos del resto de los partidos políticos estén dispuestos a poner ese cascabel a este gato. Otra oportunidad perdida.
