En otros artículos ya hemos tenido la ocasión de explicar la imposibilidad de acotar el concepto de “deuda odiosa” así como el alto coste que acarrea el impago para la viabilidad económica de un país. Sin embargo, todas estas consideraciones suelen verse opacadas por los beneficios que suelen atribuirse al default.
Y es que, según se nos ha dicho, los recortes del gasto y las brutales subidas de impuestos que hemos venido experimentando en los últimos años han tenido la única finalidad de hacer frente a los intereses de la deuda: presuntamente, pues, si pudiéramos librarnos de esos dichosos intereses, volveríamos a disfrutar de las mieles del sobregasto estatal con impuestos mucho más reducidos. La solución se antoja sencilla por muchos perversos efectos secundarios que pueda acarrear: muerto el perro (impagada la deuda) se acabó la rabia (los intereses asfixiantes).
Acaso convenga no dejarse engañar por este omnipresente discurso populista y tratar de dilucidar si semejantes aspiraciones tienen algún fundamento.
El peso de los intereses de la deuda
A finales de 2013, los intereses de la deuda pública española ascendían a 34.200 millones de euros (tipo de interés medio del 3,5%), lo que equivale al 3,3% del PIB y al 7,3% de todo el gasto público. En el año 2007, con superávit presupuestario, los intereses totalizaban 16.900 millones de euros (tipo de interés medio del 4,4%), siendo equivalentes al 1,6% del PIB y 4% de todo el gasto público. Dado que el déficit público de 2013 ascendió al 6,33% del PIB, la totalidad del déficit público actual no puede explicarse por la necesidad de pagar los intereses de la deuda: aun cuando los intereses se redujeran a cero (lo que técnicamente se conoce como “saldo presupuestario primario”), nuestro déficit público superaría el 3% del PIB, esto es, el límite fijado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
La primera lección, por tanto, es sencilla: aunque no pagáramos ni un solo euro en intereses, no sólo no podríamos revertir los recortes del gasto y las brutales subidas de impuestos, sino que deberíamos ahondarlas para eliminar nuestro déficit primario. Así pues, atribuir los recortes a la necesidad de pagar los intereses de la deuda es falaz: aún sin intereses, deberíamos haber acometido al menos la misma magnitud de ajuste presupuestario (aunque no necesariamente del mismo modo: mi apuesta siempre ha sido recortar mucho más el gasto público y no subir los impuestos).
El ahorro de una auditoría de la deuda
Descrito el contexto presupuestario, podemos proceder a pronosticar qué alivio presupuestario acarrearía una auditoría de la deuda y el consiguiente default de los pasivos odiosos. A la postre, auditar la deuda no significa repudiar la totalidad de la deuda sino, según se nos ha dicho, sólo aquella que tiene un origen ilícito: por tanto, el ahorro de gastos financieros derivado de un default no se corresponde con la totalidad de los intereses, sino sólo con una porción. ¿Qué porción?
Tal como ya he indicado, no resulta posible acotar qué deuda pública es odiosa y cuál no lo es: el concepto es una mera coartada doctrinal para legitimar la arbitrariedad de los gobiernos a la hora de no cumplir con sus compromisos asumidos. Pero dejemos de lado esta dificultad y asumamos que sí podemos cuantificar objetivamente qué parte de la deuda pública española es odiosa.
En general, se nos ha dicho que los pasivos públicos odiosos se corresponden con buena parte de la deuda emitida durante la crisis. Entre 2008 y 2013, se han emitido unos 600.000 millones de euros en deuda pública: si la mitad de la misma fuera declarada odiosa, dejaríamos de pagar intereses sobre 300.000 millones de euros; si el 75% fuera declarado odioso, nos ahorraríamos los intereses sobre 450.000 millones. Conviene remarcar que los porcentajes que estamos manejando son extraordinariamente elevados y convertirían la reestructuración de deuda de nuestro país en la mayor de la historia: es decir, no estamos racaneando con su cuantía, sino más bien asumiendo porcentajes irrealmente elevados.
Pues bien, si España impagara 300.000 millones de euros, su deuda pública total quedaría reducida al 70% del PIB frente al 100% actual; si impagara 450.000 millones, al 55% del PIB. Dado que abonamos casi 35.000 millones de euros en intereses, el primer impago nos permitiría reducir su cuantía en 10.000 millones de euros y el segundo en 15.000 millones. Por consiguiente, si el Gobierno español optara por sacudir la economía mundial con el mayor impago de la historia —lo que muy probablemente acarrearía la descomposición de la zona euro y la expulsión de España de los mercados de capitales—, lograríamos un ahorro de entre el 1% y el 1,5% del PIB. Recordemos: el déficit a finales de 2013, tras todos los molestos ajustes aprobados, todavía ascendía al 6,5% del PIB. ¿Hacen falta tantas alforjas para este viaje?
Un déficit infinanciable
Pero la historia no termina aquí. Que el mega-impago de deuda sólo consiga rebajar el déficit público hasta el 4,5%-5% del PIB significa que el gobierno español seguiría teniendo un desequilibrio anual entre ingresos y gastos de alrededor de 50.000 millones de euros. Para gastar cada año 50.000 millones más de lo que ingresamos, la alternativa más común es justamente la de emitir deuda: ¿pero cómo vamos a lograr emitir deuda después de haber impagado la deuda? El default nos excluiría de los mercados de capitales, lo que significaría que no podríamos captar voluntariamente ahorro ajeno para gastar más de lo que ingresamos.
¿Cuáles serían entonces las alternativas? Muchos más ajustes de los aprobados hasta la fecha. O bien el Gobierno equilibra el presupuesto ante la imposibilidad de financiar su déficit (es decir, se recortan mucho más los gastos y se incrementan los impuestos) o bien sufragamos el déficit imprimiendo moneda a mansalva. Dado que con el impago de la deuda habríamos finiquitado la zona euro, la impresión de moneda significaría estampillar gigantescas cantidades de neopesetas (si siguiéramos en el euro, la mayor parte de nuestros socios comunitarios se opondrían a que el BCE monetizara nuestros déficits, así que la vía de imprimir euros no la tendríamos disponible en cualquier caso). Siendo la neopeseta una moneda débil (una moneda que ningún ahorrador nacional o extranjero demandaría en grandes cantidades), el incremento desproporcionado de su oferta generaría una elevada inflación interna que sufrirían en sus propias carnes los españoles: el Estado gastaría más a costa de que los españoles gastaran menos (es decir, los españoles sufrirían recortes reales en su poder adquisitivo).
En definitiva, el default de la indefinible deuda odiosa no sólo proporcionaría un escasísimo alivio presupuestario que no permitiría en absoluto revertir los recortes aprobados hasta la fecha, sino que nos abocaría a decretar muchísimos más recortes ante la imposibilidad de seguir financiando el déficit. Como tantas otras recetas populistas, el default es un caramelo envenenado.
