Leo a Benito Arruñada, al que siempre merece la pena leer y escuchar, sobre la pesada carga que supone el estado de las autonomías, y cómo la situación extraordinaria a la que nos enfrentamos desde marzo ha puesto de manifiesto que, en determinadas cuestiones, la centralización es mucho más eficiente.
Ambas cuestiones no admiten discusión: son un hecho evidente en sí mismo. Sin embargo, las conclusiones a las que pueden llevarnos me han hecho reflexionar acerca de qué se esconde detrás de la crítica al sistema de las autonomías, no por parte de Benito Arruñada, cuyo análisis es impecable, sino por parte de la sociedad.
A menudo, estas conclusiones nos llevan a la centralización total o a la descentralización total, y la razón que se presenta es “aquí solamente puede funcionar esto”. Sin embargo, yo defiendo que hay un uso pernicioso de las instituciones y de la identidad territorial para ocultar la pereza general a ser responsables, cada cual de lo suyo. Tenemos una malísima educación institucional.
Desde el principio de la democracia los españoles hemos aprendido que las instituciones sirven, además de lo que dicen los libros de texto, para sacar provecho personal, no exigimos que sean el contrapeso de los gobernantes o el supervisor de la salud de nuestra democracia. Y, como el profesor Arruñada, creo que este problema se ha manifestado en todo su esplendor en la gestión de la pandemia. Esa es la base del problema de las instituciones autonómicas.
Por ejemplo, los ayusistas santifican a la presidenta de la Comunidad de Madrid y los afines al régimen socialista la condenan. Los presidentes autonómicos y el gobierno central se tiran los contagios a la cara y se ponen zancadillas, mientras las cifras nos señalan como el país que encabeza la llamada segunda ola, superando nuestro récord de la primera, cuando quedamos segundos, tras Italia.
¿Habría sido más eficiente una solución centralizada? Muy posiblemente. Como recuerda el profesor Arruñada, las economías de escala nos beneficiarían a todos. Eso debió pensar el presidente Sánchez cuando el pasado marzo instauró el mando único para controlar la pandemia y las restricciones prescritas por su Gobierno. De este modo, los ministerios de Defensa, Interior, Sanidad y Educación gestionaron las diversas medidas y protocolos. Y, sin embargo, también hemos sido reconocidos con la distinción de ser el país que peor gestiona la pandemia. No es sólo el qué, sino también el cómo.
Para Hayek, las instituciones eran parte del acervo de herramientas, no sólo materiales sino también constituido por conductas, ideadas por el hombre para su mejor encaje en el mundo. Las instituciones comparten el carácter evolutivo del propio hombre, que hace que sea el mejor adaptado a un entorno complejo y cambiante, el que sobreviva. Por ello, las instituciones de hoy deberían ser aquellas que nos facilitan esa adaptación de la mejor manera posible.
Pero esta premisa no se da si se hace un mal uso de éstas. No es justo usar las instituciones como tu patio de recreo, al servicio de intereses electorales y personales y, a continuación, echarle la culpa de los problemas generados. El pasado fin de semana se han dado dos circunstancias que ayudan a entender esta cuestión.
Un medio poco fiable anunciaba que algunos países europeos han prohibido al magnate George Soros operar en sus mercados. Uno de los tuiteros que se alegraba de la supuesta noticia subió un vídeo en el que Soros reconocía que, a veces, sus acciones tenían consecuencias desastrosas para terceras partes, que él no consideraba.
En resumen, Soros reconocía que su prioridad no son las consecuencias nefastas de sus acciones, por ejemplo, sobre las monedas de diferentes países, sino la oportunidad que se le presenta y que, si no lo hace él, otro aprovecharía. Él reconocía la inmoralidad de su postura, pero explicaba que, aparte de esto, en general, trata de hacer lo correcto.
¿Debería un gobierno tener la potestad de impedir a este señor actuar en su mercado de capitales? No. A pesar de que, desde mi punto de vista, sea una persona detestable, quienes tienen la responsabilidad de cerrarle la puerta son los agentes del mercado, no una autoridad exterior a él. La reacción del mercado nos da una medida del valor de los principios para sus integrantes.
Hay que tener en cuenta dos hechos importantes: el primero, que el mundo real no es caeteris paribus, donde todo es constante excepto lo que observamos; el segundo, que siempre hay consecuencias no esperadas e imprevisibles de las acciones humanas. Y participar en el mercado implica asumir todas las consecuencias, también las no deseadas.
Por otro lado, nada asegura que las acciones del gobierno, incluso si suponemos que son bien intencionadas, vayan a tener mejores resultados que las de Soros. No obstante, desde mi punto de vista, las buenas o malas intenciones no son exclusivas del sector público o el privado, sino de personas con más o menos sentido moral. Por ello, creo que quien mejor miente es el que se lleva los aplausos y los votos.
Mientras tanto, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ofrecía una entrevista en la que afirmaba, respecto a los fondos europeos: “Tenemos la oportunidad de una modernización que incorpore a emprendedores de ámbitos distintos a los tradicionales”. No. Tenemos la oportunidad de ser responsables y emplear esa ayuda en aquello para lo que fue concebida.
Los fondos no son la oportunidad para que el vicepresidente decida quiénes son los “nuevos empresarios”. Ya nos ha enseñado la historia en qué quedan experimentos de diseño de “el hombre nuevo”. Quienes pretenden ser los adalides del “nuevo hombre”, “el nuevo empresario”, “el nuevo periodismo”, nos dejan ver un síntoma fatal. Porque ese empresario, ese periodismo, no es sino la evolución de lo que ya existía. Añadirle el atributo “nuevo” dispara la alarma del engañómetro: debería hacernos desconfiar.
Este curso, los españoles tenemos la asignatura pendiente de reconocer humildemente las trampas que nos hacemos al solitario y mejorar nuestra deficiente educación institucional.
