En efecto, las pensiones que se pagan en este momento a los jubilados no son rentas de un capital acumulado tras años de trabajar y ahorrar, sino que proceden de los bolsillos de quienes en estos momentos están cotizando. Como en el caso de los sellos, el sistema es inviable a largo plazo. A los políticos les da igual, porque su horizonte temporal no va más allá de las próximas elecciones, pero nuestro sistema de pensiones quebrará antes o después, en algún momento más allá de 2020.
Pero esta es una época de bonanza para esta estafa obligatoria y generalizada. En diez años hemos pasado de doce a veinte millones los cotizantes en el sistema, lo que ha provocado en los últimos tiempos que se pueda acumular un superávit moderado, aunque cuantitativamente muy grande. A finales de 2007 rondará los 50.000 millones de euros.
El Gobierno se está planteando invertir al menos parte de ese fondo en Bolsa, para obtener cierta rentabilidad al sistema. Sería algo así como una capitalización mínima del sistema de reparto. Pero si se considera que es positivo, ¿por qué limitarse a una pequeña parte de lo que dedicamos a las pensiones y no capitalizar todo el sistema? La experiencia chilena es abrumadoramente exitosa.
Si finalmente cumple sus amenazas de llevar a la Bolsa el fondo de reserva, tendremos un grave problema, porque el poder que tendría el Gobierno sobre el mercado sería muy amplio. Con 50.000 millones se puede comprar Endesa a 48 euros por título. Por supuesto, la gestión del fondo se adjudicará en concurso público, cabe pensar, a algún gestor profesional, que en principio sólo se guiaría por el buen manejo de los fondos allegados de la Seguridad Social. Pero la sospecha no le abandonará nunca.
