Trabajar en la Administración Pública tiene evidentes ventajas, desde contar con un puesto de por vida –en el caso de los funcionarios– hasta disfrutar de condiciones laborales ventajosas en comparación con las del sector privado, tales como sueldos más elevados (un 40% más de media), un horario laboral más reducido, una menor carga de trabajo o más días de asueto. El sector público ha sido el último en iniciar el necesario ajuste que vienen protagonizando familias y empresas desde el estallido de la crisis, y, de hecho, aún está muy lejos de alcanzar su tamaño óptimo. No en vano, los recortes salariales no llegaron hasta 2010, mientras que el adelgazamiento de trabajadores tan sólo empezó a producirse a finales de 2011. Y, pese a ello, la burbuja pública que sufre España todavía no ha explotado: el déficit superó los 100.000 millones de euros en 2012 por cuarto año consecutivo, la deuda ya roza el 90% del PIB –algo no visto desde 1910–, el gasto estatal equivale casi a la mitad de la economía nacional y el número de empleados públicos aún supera los 2,8 millones.
Es decir, todavía queda mucha grasa que eliminar, y ésta no se encuentra sólo, ni mucho menos, en los gastos políticos superfluos que denuncia la demagogia imperante de lo políticamente correcto –coches oficiales, dietas y demás chocolate del loro–, sino en el núcleo duro del mal llamado Estado del Bienestar. Hay que reducir de forma drástica el tamaño de la estructura estatal, y eso conlleva, ineludiblemente, prescindir de empleo público y rebajar condiciones laborales. Estos ajustes son la raíz de las protestas que desde hace meses protagonizan determinados colectivos en las calles. En este sentido, destaca especialmente la Comunidad de Madrid, con sus mareas blancas, manifestaciones educativas y huelgas de transporte. Médicos, profesores y conductores cargan contra el Gobierno regional de Ignacio González al grito de "La sanidad no se vende, se defiende" o "Por una educación pública y de calidad", cuando, en realidad, su único objetivo es mantener con uñas y dientes los privilegios obtenidos durante los engañosos años de bonanza económica.
No se engañen, el reguero de huelgas que sacude la región no busca, en ningún caso, garantizar la calidad de los servicios y la atención a la ciudadanía. De hecho, las protestas sanitarias ya han provocado la cancelación de más de 7.000 intervenciones quirúrgicas, así como de 60.000 consultas médicas, con todos los inconvenientes y perjuicios que ello conlleva. Lo único que buscan es proteger sus intereses particulares, y emplean torticeramente como excusa la defensa de lo público y del interés general. Le están utilizando, estimado lector; así de simple.
El sueldo de los médicos hospitalarios en España oscila entre los 2.600 y los 5.000 euros al mes en términos constantes (paridad de poder adquisitivo). El salario promedio se sitúa en algo más de 3.200 euros, en la media de la UE, por encima de lo que se paga en Italia, Portugal y Grecia (no más de 2.800 euros) y no muy por debajo de lo que se cobra en Francia o en Irlanda (cerca de 4.000 euros), según admiten los propios sindicatos del sector con datos de 2011. Es decir, los médicos españoles no están mal pagados en comparación con sus colegas europeos. Además, casi un tercio (unos 30.000 profesionales) trabaja también en la sanidad privada, donde, naturalmente, perciben otro sueldo. La posibilidad de compatibilizar ambos empleos es una excepción de la que no disfrutan todos los funcionarios. Ésta es, precisamente, una de las razones por las que rechazan privatizar el servicio, ya que no podrían trabajar para dos empresas distintas a la vez. Además, curiosamente, el absentismo entre los médicos de los centros públicos triplicó la tasa del sector privado en 2012, con una media de casi 22 días de baja.
El problema no radica en el sueldo de estos profesionales –los buenos médicos y cirujanos de la pública cobrarían mucho más en la privada–, sino en la baja calidad del servicio. La sanidad pública española se sitúa en el puesto 22, de un total de 32, en el Health Consumer Index, por detrás de Portugal, Chipre o Hungría y a años luz de Holanda, cuyos servicios están completamente privatizados. La prueba irrefutable de las graves deficiencias que presenta la sanidad pública es que el 82% de los funcionarios (médicos inclusive), los únicos que pueden elegir libremente, opta por la sanidad privada a través de aseguradoras. ¡Valiente hipocresía!
Algo similar sucede en la educación. Los profesores de la pública se manifiestan para apartar a las desvalidas familias de las malvadas garras de las empresas privadas, interesadas tan sólo en ganar dinero con la educación de sus hijos… O eso dicen. En realidad, es este colectivo el que propugna un egoísmo aberrante y contraproducente, al condenar a futuras generaciones a una educación pública mediocre con tal de mantener intacto su ventajoso statu quo. Para empezar, España es uno de los países que destina más gasto público per cápita a la enseñanza y el que presenta una menor ratio de alumnos por profesor de toda la OCDE. Lo relevante es que el 80% del dinero se va, única y exclusivamente, en gastos de personal, y el resultado es bien conocido por todos: España se sitúa a la cola de los informes PISA en calidad educativa.
¿Será, entonces, que están mal pagados y, por tanto, carecen de incentivos? No. Los docentes españoles tenían en 2008 una retribución superior en todos los niveles educativos a la media de la OCDE: los de ESO, un 12% más; los de Primaria, un 10% más; los de Bachillerato, un 7% más. La comparativa es aún más llamativa con la educación privada a nivel nacional. En 2008, según un estudio de UGT, cada hora de clase impartida por profesores de colegios concertados costó un 30% menos que en los colegios públicos. Incluyendo sexenios, y tomando como ejemplo la Comunidad de Madrid, los sueldos de los profesores públicos oscilaron entre los 28.000 y 37.000 euros al año, entre 1.500 y 8.500 euros más que un docente de la concertada, a pesar de contar con un horario más reducido. Y ello sin necesidad, en muchos casos, de demostrar un mínimo nivel de conocimientos para impartir clase.
Para terminar, otro par de ejemplos sangrantes. Los madrileños llevan tiempo sufriendo huelgas en el transporte público por parte de un colectivo cuyos privilegios son evidentes. Los trabajadores de Metro gozan de elevadas remuneraciones, amplios permisos, generosos anticipos y préstamos, seguros y hasta cargos hereditarios, y aun así reclaman nuevas mejoras laborales a costa del contribuyente. Por su parte, los 5.735 conductores de autobús de Madrid ganan una media de 46.000 euros al año, sumado el coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales.
¿De verdad piensa que esta casta defiende el manido interés general? No se engañe ni se deje engañar.
